El representante del Ministerio Público, Osmar Legal, no descarta presentar un pedido ante la Corte Suprema de Justicia contra el accionar de los abogados del senador Rodolfo Friedmann ante las reiteradas chicanas que presentan en el caso de supuesto negociado de merienda escolar. Esto, a efecto de que la máxima instancia judicial verifique el actuar de la defensa ante la serie de artimañas judiciales a solo efecto de dilatar el proceso judicial ligado a las licitaciones amañadas de la empresa Eventos y Servicios SA (Essa) para la merienda escolar, en el departamento de Guairá.
“Es muy difícil trabajar con tantas recusaciones sin méritos”, comentó a La Nación el fiscal Legal, quien imputó a Friedmann y su entorno, por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. Hasta la fecha fue recusado en cuatro oportunidades, una vez por parte del legislador y las otras por el secretario privado, Eduardo Domínguez.
Por estas situaciones que complican el avance del caso desde hace cuatro meses dijo estar “sopesando la posibilidad, si es la vía para seguir investigando lo haré”, afirmó. “Cada vez que se da una recusación, los expedientes, las evidencias del caso pasan en manos de otro fiscal, lo que ralentiza el trabajo fiscal”, acotó.
La Fiscalía General impugnó todas las recusaciones presentadas, por no tener solvencia, según señaló el fiscal en contacto con radio Uno. Agregó que además se presentó una denuncia en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
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Filtración Seprelad: leales de Abdo Benítez siguen chicaneando para evitar que causa avance
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, imputado por siete delitos en el marco de la causa que investiga la filtración de información de la Seprelad, en la que también está imputado el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, recusó al presidente de la Sala Penal de la Corte y titular de la máxima instancia judicial, Luis María Benítez Riera.
Amarilla argumenta que Benítez Riera supuestamente mantiene vínculos con el empresario José Ortiz, socio comercial y exasesor ad honorem del expresidente, Horacio Cartes, sujeto de las filtraciones.
Igualmente, Amarilla realizó una denuncia sobre una supuesta alteración en el sistema informático Judisolf, utilizado por la sala penal de la Corte, por lo que no pudo visualizar la contestación del Ministerio Público al respecto de la acumulación o no de las denuncias contra el diputado Mauricio Espínola sobre filtración de información. Del mismo modo, el defensor de Arregui recusó a la secretaria de la Sala Penal de la Corte, Karina Penoni.
La nueva recusación contra el ministro Benítez Riera busca seguir dilatando el presente caso y evitar que se destrabe y siga su curso. Ahora, la Corte deberá integrarse para estudiar la nueva recusación y sancionar al abogado Amarilla por las sucesivas chicanas que presenta.
Imputación
El expresidente Mario Abdo Benítez y otros 7 leales de su gobierno, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene, y Mauricio Espínola, fueron imputados por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Justicia Electoral analiza habilitar nuevo local de votación para comunidades indígenas en el Chaco
La Justicia Electoral se encuentra evaluando el pedido de 13 comunidades indígenas de Puerto Pinasco para la habilitación de un nuevo local de votación. Con ese propósito, el pasado lunes, funcionarios del organismo electoral visitaron la comunidad de Nueva Mestre del Departamento de Presidente Hayes para escuchar a los pobladores.
Los líderes de la comunidad Nexposen Lucho García, José Aveiro, Osmar Suares y Virginio Suares, describieron la verdadera travesía que deben realizar para llegar a los actuales locales de votación en la fecha que se llevan adelante las elecciones, ya sea internas o generales. Estos locales de votación se encuentran distantes de las comunidades, a unos 80 y hasta 130 kilómetros.
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Los representantes de la Justicia Electoral recabaron datos a efectos de elaborar un dictamen a ser presentado ante el Juzgado Electoral correspondiente, ya que es competencia del mismo según lo establece la Ley 635/95 en su artículo 18 inciso d) designar los locales de votación y a los integrantes de las mesas electorales de sus respectivas jurisdicciones.
En representación de la institución electoral estuvieron el Abog. Francisco Olmedo, director de Recursos Electorales; Norma Ibarra, coordinadora general de Asuntos Indígenas; Hugo Cazal, coordinador general de Recursos Electorales; Lucilo Duarte, coordinador de Despacho de la Dirección de Recursos Electorales.
Además de Damián Riquelme, coordinador Departamental, y María Asunción Ortellado, jefa del Registro Electoral de Puerto Pinasco. Así también, estuvieron presentes los concejales de la Municipalidad de Puerto Pinasco, Antonio Avalos, presidente de la Junta Municipal; Alicia Cantero y Jorge Vargas.
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Corte rechazó chicana de la firma Montego Trading
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay y Eugenio Jiménez rechazó una chicana más presentada por la firma Montego Trading por lo que el tribunal de apelación en lo civil y comercial podrá estudiar la confirmación del levantamiento de la medida cautelar dictada en primera instancia.
El representante legal de Montego Trading presentó una reposición contra una resolución de la propia sala civil de la Corte al solo efecto de dilatar el presente juicio.
En primera instancia un juzgado en lo Civil y Comercial resolvió levantar la medida cautelar que tenía a su favor la firma Montego Trading, el cual, debido a dicha decisión judicial, seguía operando a pesar de que ya no estaba habilitado para hacerlo.
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Juicio oral en puerta
Los directivos de las firmas Montego Trading SA y Crown City Online Paraguay SA, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Erik Fernando Martín Vázquez, acusados por violación a la Ley Nº 1016/97 y su modificatoria Ley Nº 4716/12 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de juegos de azar” deben enfrentar un juicio oral y público.
En su momento, la jueza penal de Garantía Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público el presente caso y a su vez dicha resolución judicial fue confirmada por el tribunal de apelación. De acuerdo a los datos, en el mes de junio se debe realizar la audiencia oral para los acusados.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.