La divulgación de un intento de censura previa a los panelistas del programa “El Repasador” de canal Trece, que Elvira Franco González, jueza de Paz de Villa Morra, hiciera llegar a Eduardo “Pipó” Dios y Nelson Valenzuela, en una clara intención de coartar la libertad de expresión y de prensa, continúa generando polémicas.

La acusación de violencia de género fue realizada por Marly Eliana Figueredo en contra de los dos panelistas del programa mencionado. Tanto los acusados como su abogado defensor, Óscar Tuma, aclararon a los medios y también durante parte de su programa que ellos no ata­can a la mujer sino a la impu­tada por lavado de activos.

Una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Change.org fue lan­zada y compartida en redes sociales y grupos de What­sapp el día de ayer, bajo el lema “Basta de violencia de género televisada”. Una de las personas que compar­tió la petición fue el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor.

Consultado al respecto, Juan Ernesto Villamayor men­cionó estar de acuerdo con la no violencia en contra de la mujer y eso lo motivó a com­partir la petición. “Estoy de acuerdo con la petición, pero no la estoy promocionando”, dijo a LN.

Una conversación filtrada de un grupo de Whatsapp, en donde participaba el mismo ministro, recorrió las redes sociales y en ella se podía leer cómo una de las integrantes del grupo reclamaba a Villa­mayor por compartir la peti­ción en ese lugar en común.

“Con todo respeto, si es por lo de Marly, NO PUEDO, no estoy de acuerdo en querer usar esto para acallar a la prensa. Una cosa es apoyar al Presidente y a la Primera Dama, pero otra muy diferente es apoyar a esta señora y a su marido”, expresó la usuaria, tras lo cual el ministro Villamayor, luego de un breve mensaje, se retiró del grupo.

El conductor del programa, Julián Crocco, publicó en sus redes sociales un men­saje dirigido a Juan Ernesto Villamayor, criticándolo por hacer campaña para censurar al programa “El Repasador” y , siempre según lo escrito por Crocco, “... defender y apañar el robo de comida escolar en un grupo de Whatsapp Añe­tete, pero... ni ahí lo logra!”.

La polémica ya estaba insta­lada, tras el intento de censura previa por parte de la jueza de Paz de Villa Morra a petición de Marly Figueredo, esposa del senador Rodolfo Fried­mann, ambos imputados por diversos delitos, vinculados al sonado caso del “almuerzo escolar”.

Ahora la petición de firmas, que por cierto no tiene nin­guna validez legal y mucho menos efectos vinculantes a cualquier causa jurídica, reco­rre y es promocionada por quienes se vieron afectados en algún momento por denun­cias de hechos de corrupción u otro tipo de delitos, como la dirigente liberal Olga Paredes, quien ganó notoriedad al ser filmada alterando la escena del crimen donde cayó muerto Rodrigo Quintana, la madru­gada del 1 abril del 2017.

Change, una plataforma de peticiones, nació en el 2007 como una “red social sin ánimo de lucro” centrada en el activismo y existen publi­caciones donde se asegura que la plataforma lucraba con los datos de las personas quienes firmaban cualquier petición. Con respecto a estas denun­cias, un portavoz de la com­pañía dijo que los ingresos eran de “decenas de millones de dólares”, aunque la plata­forma aseguraba que todos se reinvertían en su “misión”.