La Dirección Nacio­nal de Contratacio­nes Públicas (DNCP) hizo lugar a la protesta con­tra una adjudicación, pero la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) ya ejecutó el millonario contrato. El contrato por G. 420 millones entre la titular de la Senatur, Sofía Montiel de Afara, y la empresa Inflight Catering, de Nora Viviana Fuentes, para el montaje de stand en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (Fitpar) se firmó el 2 de octubre del 2019.

Varias firmas se presentaron en el llamado, entre ellas Nem­pre Producciones, que ofertó el servicio a G. 289 millones, unos 100 millones menos que la oferta adjudicada.

Sofía Montiel, titular de Senatur.

Nempre Producciones fue descalificada con un argu­mento poco claro del Comité de Evaluación de la Senatur, que consideró “riesgoso” el precio ofertado por encon­trarse muy por debajo del referencial que era G. 760 millones.

El 11 de octubre, la Dirección de Contrataciones dio aper­tura a la protesta promovida por Nempre y recomendó a la Senatur suspender la conti­nuidad del llamado objetado. Pero ese mismo día iniciaba la feria.

Un dato llamativo es que el stand en la Fitpar –que se llevó a cabo durante tres días– costó más que el de la Expo de Mariano Roque Alonso, que se desarrolló por 15 días.

Justamente, la firma Nem­pre había sido adjudicada por la Senatur para el mon­taje de su stand en la Expo de Mariano Roque Alonso por un monto de G. 390 millones.

Las especificaciones técni­cas de los pliegos de bases y condiciones (para montaje de stand en la Expo y en la Fitpar) coinciden en un 90%.

“La Expo Mariano dura 15 días e incluía muchos servi­cios más, comparada con la Fitpar que dura solo 3 días. Cuestión que hace que los costos de alquiler de equi­pos, pantallas, mobiliarios y otros sea de mucho menor costo”, dice parte del escrito de la protesta de Nempre.

¿Cómo se justifica que el stand en la Fitpar, de menor envergadura y dura­ción, costó a la Senatur más caro que el de la Expo de Mariano Roque Alonso?, es una pregunta que quedó en el tintero.

El 11 de noviembre, por resolución Nº 4.644, la DNCP hace lugar a la protesta con­tra la adjudicación de Sena­tur y ordena retrotraer el proceso a la etapa de evalua­ción de ofertas. Pero esto ya no era posible.

El 4 de diciembre, vía nota firmada por el juez ins­tructor de Contrataciones Públicas, Daniel Olmedo, se intima a la Senatur a que comunique el resultado de la nueva evaluación de las ofertas.

“Se recuerda a la convocante que la resolución dictada por la Dirección Nacional no cons­tituye una recomendación, la misma reviste carácter obligatorio, por lo que el estado de impugnado con suspensión no podrá ser modificado”, dice parte de la nota.

En un memorándum interno de la Senatur, el Comité de Evaluación informa al direc­tor de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Justo Valdez, que no podrá dar cum­plimiento al pedido de ree­valuación del llamado. “(…) la tarea del citado comité ha concluido con la emisión del informe de evaluación, utili­zado para la elaboración de la resolución de adjudicación. Igualmente, se informa que el servicio (montaje de stand) fue cumplido en su totalidad (…)”, expresa parte del documento.

­­EJECUTARON CONTRATO BAJO SU RESPONSABILIDAD

María Eugenia Otazo.

La directora jurídica de la Direc­ción de Contrataciones, María Eugenia Otazo, apuntó que en este escenario lo que la DNCP hace es no modificar el estado de impugnación del llamado como para que quede el ante­cedente de que la ejecución del contrato fue bajo la responsabi­lidad de la convocante, en este caso de la Senatur.

Otazo añadió que la Senatur se expone además a reclamos en instancias judiciales si es que la firma que protestó contra la adjudicación se siente agraviada.

“No siguieron la recomendación que se les dio dentro de la discrecionalidad también que ellos tienen. Pero, en este caso, la protesta salió desfavorable a ellos, que es justamente el motivo por el cual nosotros recomendamos esta suspensión”, manifestó la abogada.

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