• POR TIFFANY HSU

Sturm Ruger, uno de los fabricantes de armas más importantes de Estados Unidos, instó durante semanas a los accionistas para que rechazaran la propuesta que realizó un grupo de monjas católicas romanas en la que solicitaban a la empresa mayor transparencia respecto de sus planes de desarrollo de productos más seguros y monitoreo de los que ya están en circulación.

No obstante, el 9 de mayo, cuando se contaron los votos durante la reunión anual que mantiene la empresa, la mayoría de los inversionistas apoyó a las monjas católicas.

Ruger, fabricante de una gran variedad de armas, incluido un tipo de rifle utilizado a menudo en tiroteos masivos, ahora deberá presentar un informe el próximo febrero sobre cómo monitorea los actos de violencia asociados con sus armas de fuego, el tipo de investigación que lleva a cabo sobre la supuesta tecnología inteligente de las armas y sus evaluaciones sobre los riesgos que representan los crímenes relacionados con las armas para la reputación y las finanzas de la empresa.

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VICTORIA PARA LOS ACTIVISTAS

El voto fue un reproche hacia los directivos de la empresa y una victoria para los activistas a favor del control de armas que habían presentado la resolución. Sin embargo, el director ejecutivo, Christopher J. Killoy, restó importancia al impacto de la aprobación de la medida.

"Esta propuesta solicita que Sturm Ruger prepare un informe", comentó el director ejecutivo Killoy a los accionistas después de que se anunció la votación. "Eso es todo: un informe. No nos puede obligar a cambiar nuestro negocio, el cual está protegido por las leyes y la Constitución", subrayó Christopher J. Killoy a los accionistas.

Ruger no apoyó la propuesta, presentada por 11 miembros del Interfaith Center on Corporate Responsibility, una organización que defiende a los accionistas y que incluye redes para el cuidado de la salud y varios grupos de monjas. En una declaración pública, la empresa señaló que "la intención de hacer un uso criminal de las armas de fuego está fuera de nuestro control".

No obstante, la consultoría Institutional Shareholder Services respaldó la propuesta y la describió como una forma de presión para que "el consejo administrativo brinde evidencias concretas de que está evaluando correctamente los riesgos a la viabilidad de la empresa a largo plazo".

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