- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
Dejanos tu comentario
Ordenan la captura de Miguel Cuevas para cumplir su condena
La jueza María Lidia Wyder dispuso la orden de captura del exdiputado Miguel Cuevas para el cumplimiento de la condena de 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria.
Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que condenó al exlegislador el 15 de setiembre de 2023, luego de casi tres años del proceso judicial.
Te puede interesar: Junta de Calificaciones amplía lista de destinos para el servicio administrativo
A través de la decisión quedó firme el comiso especial y comiso sustitutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles por valor de G. 1.934.000.000. Cuevas también se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
El exdiputado y dirigente político en Paraguarí fue condenado por no poder justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública ocupando un curul en la Cámara de Diputados.
Leé también: Caso Ueno: Los únicos que declararon son Peña y Rey
Dejanos tu comentario
Condenan a uno de los que se enfrentó a tiros con policías tras intento de robo en el Este
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace un año se registró un intento de robo que derivó en enfrentamiento a tiros entre agentes policiales y asaltantes, que derivó en la detención de Enzo Dalessandro Caldini Muñoz, alias Pato, herido en esa ocasión y ahora condenado a 9 años de prisión. Fue hallado culpable de participar en un asalto armado a un local comercial y disparar contra efectivos policiales durante la huida.
El fallo fue dictado por los hechos punibles de robo agravado y homicidio doloso, ambos en grado de tentativa. El fiscal Osvaldo Zaracho Romero fue el agente acusador en el juicio oral y público que culminó ayer martes 17 de noviembre, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
Tras la presentación de las pruebas y los alegatos finales, el fiscal solicitó 18 años de pena privativa de libertad para el acusado. Sin embargo, el tribunal de Sentencia, presidido por Evangelina Villalba e integrado por Lourdes Morínigo y Flavia Lorena Recalde, dictó 9 años de prisión.
Durante el desarrollo del juicio, algunos de los elementos materiales expuestos como evidencias fueron herramientas recolectadas para forzar el ingreso al local comercial, así como un revólver calibre 38, cuya pericia confirmó que había sido percutido.
Puede interesarle: Asisten a abuela que vive en un automóvil desde hace 8 meses
El hecho juzgado ocurrió el 19 de octubre del 2025 alrededor de las 03:00, cuando un grupo de hombres armados llegó en dos motocicletas y una camioneta plateada hasta el local CJ Móvil, situado sobre la avenida Monseñor Rodríguez y Boquerón, en el microcentro de Ciudad del Este.
Los delincuentes comenzaron a cortar los candados de la persiana con una herramienta, mientras tres de ellos amenazaron con armas de fuego al guardia de seguridad privada, Adán Jesús Sosa, para obligarlo a rendirse. No obstante, el personal consiguió escapar y corrió a hasta un puesto policial ubicado frente a la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC), a unos 50 metros, donde pidió ayuda.
Los policías acudieron al sitio seguido de otras patrulleras cercanas y los asaltantes dispararon contra ellos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes. Estos huyeron del sitio en medio de disparos.
Durante esa corrida, Caldini Muñoz habría abordado una motocicleta como acompañante profiriendo disparos contra los agentes, pero en el acceso al barrio San Rafael, zona microcentro comercial, cayó al pavimento con una herida de arma de fuego en el muslo, siendo detenido y auxiliado hasta el Hospital Regional.
En la huida, Dalessandro Muñoz había arrojado el arma utilizada contra los policías. Los otros involucrados en el asalto pudieron escapar. Posteriormente, Muñoz fue sometido a proceso penal y, un año después del hecho, condenado a 9 años de prisión.
Puede interesarle: Incautan 15 kilogramos de ketamina oculta en colchones inflables
Dejanos tu comentario
Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
Dejanos tu comentario
Condenan a 30 años de prisión a “ministro” Umbanda por abuso sexual infantil y trata de personas
- Ciudad del Este. Agencia regional
Adrián Anselmo Aveiro Silguero (32), quien se hacía pasar como un “ministro” del culto Umbanda fue condenado a 30 años de prisión, más cinco años por medidas de seguridad, tras ser hallado culpable de coacción sexual y violación, trata de personas, trata de personas con circunstancias agravantes, abuso sexual en niños y violación del deber del cuidado.
La fiscal Vivian Coronel defendió la acusación en el juicio oral y público que concluyó hoy en el Complejo Judicial de Ciudad del Este, luego de varias audiencias. El Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo el juzgamiento estuvo integrado por los magistrados Herminio Montiel (presidente), Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.
Durante el debate, la Fiscalía sustentó que entre 2018 y 2025, el acusado habría utilizado su supuesta autoridad como ministro de culto umbandista, bajo el nombre de “Pai Asmud”, para captar a personas en situación de vulnerabilidad, someterlas a servidumbre y cometer abusos sexuales contra niños, adolescentes y adultos.
Los hechos juzgados hoy ocurrieron en tres lugares distintos: Hernandarias, Ciudad del Este y Minga Guazú y la Fiscalía identificó a ocho víctimas y la comisión de más de un hecho punible en contra de algunas de ellas.
Los casos registrados
La Fiscalía sustentó que Aveiro Silguero abusó sexualmente de dos niñas, de 12 y 13 años, además de un niño de 9 años. Asimismo, según lo expuesto en juicio, el acusado realizó actos sexuales con un adolescente de 12 años, ejerció coacción sexual y violación de un joven y cometió coacción sexual contra otro adolescente de 12 años.
También fue acreditada la trata de personas agravada con fines de servidumbre en perjuicio de cinco víctimas, entre ellas una niña y un estudiante extranjero, quienes eran obligados a trabajar sin remuneración, tenían prohibido salir y recibían castigos físicos.
El hoy condenado también amenazaba de muerte a las víctimas y a sus familiares. A esto se sumó la violación del deber del cuidado de una niña de dos años, a quien había inscripto como su hija y la exponía a rituales nocturnos en los que se consumían bebidas alcohólicas y tabaco, además de registrarse actos de violencia.
La fiscal Vivian Coronel manifestó que se aplicaba el mismo método de actuación en todos los casos donde el “Ministro” les ofrecía vivienda, alimentación y protección espiritual, pero luego las aislaba, explotaba y sometía mediante el miedo.
Los relatos fueron corroborados mediante declaraciones testificales, entrevistas realizadas en Cámara Gesell y pericias médico-forenses, psicológicas y psiquiátricas. Estas evaluaciones determinaron que el acusado era plenamente imputable y presentaba un perfil de alto riesgo.
La fiscala presentó también un informe del Viceministerio de Culto que confirmó que el grupo religioso no estaba inscripto.
Reacciones de las víctimas
“Valió la pena tantos años de espera, estoy aliviada porque la persona que nos hizo tanto daño está con condena y va a cumplir; ya no abusará de niños, ya no maltratará a adolescentes, ya no hará daño” dijo a La Nación/Nación Media, una de las víctimas del supuesto líder religioso.
La misma fue captada a los 12 años y permaneció hasta los 15 en poder del culto Umbanda, en cuyo tiempo sufrió las agresiones del “ministro” Aveiro.
Otro de los afectados y denunciante inicial del caso, refirió que se hizo justicia porque sufrieron mucho en poder del hoy condenado. Reconoció que estuvo callado mucho tiempo por miedo, pero ahora instó a niños y adolescentes a no confiar en cualquier casa de santo para no caer en manos de personas malas como le tocó a él y a otros.
El joven contó que llegó a escapar del lugar y lo volvieron a captar hasta que pudo huir nuevamente y ya no pudieron encontrarlo. “Se hizo justicia”, sostuvo el joven, quien adquirió una enfermedad a causa del sometimiento del que fue objeto.