- Por Jorge Torres Romero
- Columnista
Hay campañas que no nacen de la preocupación por el interés público, sino de la incomodidad que produce perder privilegios.
Eso es lo que parece estar ocurriendo con el debate instalado alrededor de la colocación de los fondos jubilatorios del IPS en las entidades financieras. Desde determinados sectores mediáticos –cuyos grupos empresariales mantienen intereses en el sistema bancario– se impulsa una narrativa que busca sembrar dudas sobre el nuevo mecanismo de inversión de esos recursos. A ese discurso se suman algunos actores políticos, entre ellos Rafael Filizzola, cuya trayectoria pública ha estado marcada por una permanente estrategia de confrontación política y judicial. Un impresentable que nunca se sometió a la Justicia para rendir cuentas sobre sus fechorías.
Lo preocupante no es la crítica. Lo verdaderamente preocupante es instalar sospechas generalizadas sobre el sistema financiero y sobre determinadas entidades sin medir el enorme daño que ello puede ocasionar a la confianza pública.
Durante muchos años, la colocación de los recursos del IPS fue objeto de cuestionamientos precisamente porque las tasas de interés obtenidas eran considerablemente inferiores a las que hoy consigue la previsional. El resultado era evidente: los bancos obtenían excelentes negocios mientras los fondos jubilatorios resignaban rentabilidad.
Hoy el escenario cambió. Con el mecanismo de licitación implementado durante el gobierno de Santiago Peña, son las entidades financieras las que deben competir ofreciendo mejores condiciones para captar los depósitos del IPS. Es la competencia la que fija el precio y no acuerdos cerrados entre pocos actores. Ese cambio, según datos difundidos por las autoridades, ha permitido obtener más de 300 millones de dólares adicionales en rendimiento para los fondos jubilatorios respecto al esquema anterior.
Ese dinero no pertenece al Gobierno ni a los bancos. Pertenece a los asegurados y a los jubilados.
Cada dólar adicional obtenido significa mayor respaldo para garantizar el pago de las jubilaciones, fortalecer la liquidez del sistema previsional y preservar uno de los patrimonios más importantes del país.
Por eso resulta llamativo que quienes durante años se beneficiaron de un esquema ampliamente cuestionado hoy pretendan desacreditar un sistema que obliga a competir y pagar mejores tasas. Cuando desaparecen los privilegios, también desaparece la comodidad. Y es allí donde suelen aparecer las campañas de desprestigio.
Los asegurados del IPS no deberían convertirse en rehenes de disputas empresariales ni de operaciones políticas. Mucho menos cuando el objetivo parece ser recuperar condiciones favorables para determinados intereses particulares.
Defender la transparencia significa justamente defender mecanismos abiertos, competitivos y verificables, donde cada entidad financiera tenga las mismas oportunidades y donde gane quien ofrezca las mejores condiciones para el patrimonio de los jubilados.
La discusión no debería centrarse en qué banco recibe los depósitos, sino en cuánto gana el IPS con cada colocación y cómo esos recursos fortalecen la sostenibilidad del sistema previsional.
Porque el verdadero interés público no consiste en proteger antiguos privilegios. Consiste en proteger el dinero de cientos de miles de trabajadores paraguayos que aportaron durante toda una vida con la esperanza de recibir una jubilación segura y digna.
Esa debería ser la única prioridad y no las pichaduras empresariales o políticas de opositores oportunistas que solo buscan destruir para posicionarse y volver a enriquecerse con el dinero ajeno. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.