- Víctor Pavón (*)
Las cajas fiscales son una amenaza convertida en una bomba. La mecha se ha encendido. De no reformarse las mismas, la bomba estallará antes de finalizar el gobierno actual o apenas iniciado el próximo, una herencia que señalará con fuego a los gobernantes.
La reforma de la Caja Fiscal es, por ello, un tema de interés nacional. El motivo es explicable. Las cajas fiscales están llevando al país a graves problemas que en otros lugares acarrearon quebrantos fiscales, económicos y sociales.
Por día son un millón de dólares para cubrir el déficit. Se perderán la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria, junto con un modelo tributario admirado internacionalmente.
No hay forma de evitar la quiebra irremediable del sistema sin los cambios propuestos por el Ejecutivo, cuyo proyecto, por cierto, es un primer avance que todavía no apagará aquella mecha prendida. Seguir manteniendo las cajas fiscales tal como hoy funcionan conlleva inexorablemente al aumento de tributos, pérdida de la competitividad, más deudas y presencia estatal en los mercados, falta de predecibilidad, aumento del riesgo país y mayores costos de financiamiento de impacto sobre el grado de inversión: ¡Una tormenta perfecta!
Las “geniales ideas” de los que se oponen a la reforma son como tirar nafta al fuego. A estos sectores no les preocupa el daño patrimonial sobre el 80 por ciento de la población del país que no cuentan con jubilación.
Sin embargo, hay algo escondido. El tema de fondo: el sistema jubilatorio estatal que hoy se tiene es un fraude, donde no solo están las cajas fiscales, sino que también el Instituto de Previsión Social (IPS), la de los parlamentarios y municipalidades sin excepción. ¡Una gigantesca burbuja!
El fraude se perpetra por medio del sistema de reparto de carácter monopólico. Las jubilaciones dependen de los aportes de asegurados con jubilaciones tempranas y bajos aportes que matemáticamente no cierran. Segundo, el sistema de reparto también depende de cada vez nuevos asegurados y de los impuestos.
Y tercero, los aportes van a una caja común que no permite distinciones entre los que prefieren otras cajas, plazos y montos diferenciados según su propia decisión, como debería ser, dado que el dinero de los aportantes es de propiedad de cada quien.
El sistema jubilatorio estatal de reparto y monopólico imposibilita contar con uno de los pilares del desarrollo económico como lo es el crecimiento del ahorro, es un engaño fraudulento que perjudica a jubilados y aportantes y, desde hace un buen tiempo, a toda la nación.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.