- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
La impunidad es el crimen sin castigo. Un crimen que carcome las estructuras de la democracia cuando es un acto de corrupción que permanece exento de una acción punitiva. Genera, además, un profundo daño a la ciudadanía y procrea el empobrecimiento y la exclusión social. Es un fenómeno que no puede ser soslayado a la hora de fijar un horizonte centrado en la prosperidad del pueblo. Principalmente de los que menos tienen y más sufren. Ninguna sociedad alcanzará su ideal de bienestar mientras este monstruo bicéfalo (corrupción e impunidad) siga paseando su viscosa y paquidérmica figura entre nosotros, con absoluto desprecio a las normativas legales y sus consecuencias jurídicas. Responde con una sonrisa sarcástica a la indignación de la gente y continúa acumulando grasa en su adiposo abdomen cargado de putrefactas fortunas. Mientras va creciendo la legión de los menesterosos, porque estamos hablando de la desviación de recursos que deberían ser destinados a combatir la miseria y la desigualdad. Y, en contrapartida, la gente deja de creer en los gobernantes.
Repugna ver que, quienes ayer vivían en humildes inquilinatos, hoy se pavonean ante la sociedad de una fortuna cuyo origen jamás podrán justificar. Con las conciencias encallecidas hasta se justifican a sí mismos sin el menor remordimiento. De este modo, el latrocinio se convierte en su modus vivendi. Y lo hacen con el descaro de los cínicos y la voracidad de los angurrientos.
La impunidad se corporiza cuando existen indicios para investigar –de manera rigurosa– la comisión de delitos, pero se opta por lo más sencillo: no hacer nada. Generalmente, solemos explicar, embriagados por la burbuja de los triunfos electorales los vencedores asumen el papel de perdonavidas para congraciarse con sus antiguos adversarios, buscando gobernar con tranquilidad; cuando, en realidad, lo que están fomentando es que sus enemigos se vuelvan más poderosos, acechando para asestar el golpe artero en el menor descuido. Con el tiempo, hasta se atreven a criticar y condenar severamente supuestos hechos de corrupción, los mismos hechos que en el pasado les tuvieron a ellos como protagonistas, cometiendo atrocidades administrativas desde el Estado y con plata del Estado, y que en su momento fueron denunciados documentalmente, como fue el caso del gobierno de Mario Abdo Benítez y su círculo más íntimo. Es decir, de aquellos que ocuparon cargos de relevancia durante su mandato (2018-2013).
Algunos medios de comunicación, después de sonoros disparos contra la corrupción en ese periodo de cinco años, guardaron las armas y se llamaron a un silencio aun más sonoro. Así, la corrupción se expandió exponencialmente en las mismas dimensiones que la impunidad. Los órganos contralores y la Justicia caminan a ritmo de tortuga. Si es que caminan.
Desconozco –hablo en presente– que los ministros del actual Gabinete hayan ordenado una minuciosa investigación sobre las andanzas de sus predecesores, a través de las auditorías internas con que cuentan sus respectivas instituciones. Deberían hacerlo, no con ánimo de revancha, sino con espíritu de justicia. Yo me hubiera quedado satisfecho con un buen inicio: dilucidar dónde fue a parar el préstamo 1.600 millones de dólares adquirido con el propósito de aminorar el impacto de la pandemia provocada por el covid-19 y que terminó en la trágica ecuación de 20.000 fallecidos. La memoria de nuestros muertos merece una explicación. No es un dato menor que, en ese entonces, ejercía las funciones de ministro de Hacienda, Benigno López, hermano de madre del presidente Abdo Benítez.
Santiago Peña todavía tiene la oportunidad –brillante, por cierto– de proceder a cortar radicalmente los historiales de corrupción. Su etimología nos remite al latín y significa “quebrar un sistema” o “ruptura del orden, derivada de una serie de acciones voluntarias ilegales que traen aparejado una fractura del Estado de derecho y una descomposición social; dichas acciones buscan la obtención de beneficios privados a nivel personal, donde usualmente se presenta un abuso de poder público” (Documento de la Universidad Nacional Autónoma de México).
Celebramos todos que otra calificadora extranjera haya concedido grado de inversión a nuestro país, pero nunca será suficiente si la impunidad continúa cercenando las esperanzas de un pueblo que aspira un porvenir de bienestar. Hay que rebanarle el pescuezo a la corrupción. Empezando por los peces grandes. El fusilamiento, diría Helio Vera, no termina con el crimen, pero atempera los espíritus. Buen provecho.