• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

Cuando la arbitrariedad de OFAC golpeó a unos de los mayores aportantes al fisco, los defensores de los “chorizos vencidos” lo aplaudieron. Esta medida estuvo a punto de liquidar 10 mil empleos directos y 150 mil indirectos.

Tabacalera del Este SA (Tabesa) había perdido casi el 90 % de su capacidad para generar aportes fiscales al Estado paraguayo. Todo por un contubernio entre el gobierno de Mario Abdo y el entonces embajador de EE. UU. Marc Ostfield, quienes fraguaron informes oficiales para montar uno de los esquemas más grandes de persecución política y destrucción de fuentes de trabajo en Paraguay.

Tabesa pagaba por mes entre 3 y 4 millones de dólares de impuestos. Esta industria fue el mayor aportante privado al fisco, alcanzando pagos anuales de más de USD 30 millones; sin embargo, redujo drásticamente su actividad comercial y debió sacrificar 850 empleos para seguir operativa. A esto se suman otros cientos de puestos laborales sacrificados y postergados, por ejemplo, la absurda sanción a un frigorífico que ni siquiera había comenzado a operar.

Hoy, los mismos actores, políticos y medios de comunicación que avalaron, aplaudieron y festejaron este atroz y escandaloso abuso de poder, están escandalizados por una medida justa, necesaria y que protege al consumidor como la suspensión temporal de una cadena de minimarket (Biggie) hartamente conocida por su desprolijidad en la manipulación de alimentos vendidos.

La aparición de los defensores de los “chorizos vencidos”, por darle una denominación ya que fueron varios otros productos hallados con vencimientos puestos a la venta al público, es la ratificación de la hipocresía de las mismas personas conocidas por su posición antigobierno, operadores de la informalidad, y mercenarios de la moral.

El hecho objetivo del caso Biggie es que nos vendían productos vencidos (grave de toda gravedad), corroborado, y sustentado en cientos de denuncias de consumidores con multas, reincidencias y las prácticas siguieron. Los dueños reconocieron los hechos, pidieron disculpas, pero nunca explicaron por qué reetiquetaban los productos vencidos, eso es dolo y hasta hoy la sacaron barata.

La fuerte sanción de las instituciones del Estado (Dinavisa-Sedeco) por las prácticas peligrosas para el consumidor y sus reincidencias cometidas por la cadena, fue aprovechada por uno de sus principales socios comerciales (Grupo Zuccolillo), que tiene medios de comunicación, para trasladar lo acontecido al ámbito político, pretendiendo instalar el cuento de la persecución. Por supuesto, aparecieron los oportunistas de la torpe oposición, los mismos de siempre, buscando erosionar toda iniciativa del Gobierno.

A esto se suman los gremios (defensa corporativa) al sostener la misma narrativa, para evitar hablar de la gravedad de los productos vencidos, y se preguntaban ¿por qué no controlan la venta clandestina en las calles?

Es sabido que, si uno compra en la calle a 40 grados, lo hace sabiendo de dónde viene y en qué condiciones. Sin embargo, si se compra de una cadena reconocida como Biggie lo hace creyendo que no lo van a joder porque son empresas “formales y serias”.

Los gremios que deberían alentar los controles se pasaron buscando excusas para justificar sus malas prácticas y son los mismos que se asombran por la corrupción pública. Es decir, son unos hipócritas.

Y como corolario, nuestra prensa corrupta y mediocre formulando este escenario, a modo de ejemplo: periodista 1: “Yo no tengo problemas de tomar yogur vencido”. Periodista 2: “Director de Dinavisa, ¿esta suspensión a Biggie tiene algo que ver con el abucheo del sábado al presidente?”. Nos falta mucho, pero lo bueno es que ya sabemos quién es quién. Puedo estar equivocado, pero, es lo que pienso.