- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
En nuestro país tenemos operando a varias empresas calificadoras de riesgos con personal técnico especializado que se ocupan de llevar adelante dicha tarea a compañías de nuestro sistema financiero (bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito y de producción), compañías de seguros y municipalidades, además de empresas corporativas que operan en diversos segmentos de negocios dentro de nuestro mercado de capitales.
Los bancos, financieras y compañías de seguros tienen la obligatoriedad de realizar la calificación de riesgos en forma anual, en tanto que las cooperativas de ahorro y crédito y las de producción, las de tipo A, solo aquellas que poseen activos por un monto global no inferior a G. 300 mil millones, no tienen obligación de someterse a calificación de riesgos.
Todas las empresas emisoras deben estar inscriptas en los registros de la Superintendencia de Valores (SIV) como ente regulador, para poder emitir Títulos-Valores (bonos) de renta fija y variable en guaraníes y en dólares de corto, mediano y largo plazo.
La calificación de riesgos, se basa en la vinculación de datos cuantitativos con información cualitativa, que permita determinar la capacidad de repago de la empresa calificada, además de la posibilidad potencial de no pago de las deudas vigentes (capital e intereses devengados) incluyendo la capacidad que posee la compañía de poder honrar en tiempo y forma con sus inversionistas los bonos emitidos, destinados a la cobertura de capital de trabajo, inversiones en bienes de capital y/o reperfilamiento de su pasivo global.
No es el resultado de una auditoría realizada a las empresas, dado que la información contable que sirve de base para el análisis cuali/cuantitativo deriva de información de carácter público proporcionado por las mismas de forma voluntaria, contando con auditoría externa.
Las calificadoras de riesgos realizan una evaluación a profundidad de los diversos aspectos, que conducen a establecer la solvencia global de las mismas, sirviendo de base para la calificación de los títulos-valores de oferta pública, además de considerarse caso por caso las particularidades de cada prospecto de emisión.
La calificación de solvencia que se lo aplica a cada una de ellas, es el resultado de la evaluación global de la evolución histórica y proyectada de la gestión económica-financiera-patrimonial en el caso de las empresas emisoras, además de la capacidad potencial de repago de sus obligaciones y del resultado de la tendencia histórica y del último ejercicio en el caso de las que conforman nuestro sistema financiero, cooperativo y de compañías de seguros, además de las empresas de tamaño corporativo que operan en nuestro país.
Los diversos aspectos cualitativos abordados dentro del análisis permiten “ver más allá de las cifras”, además de las fortalezas, debilidades/áreas críticas de riesgos que deben ser tenidas en cuenta en función a las características específicas de cada una contrastando con las cifras macroeconómicas versus la performance de los principales competidores que operan dentro del mercado.
El análisis en profundidad de las características de la industria donde desarrolla sus actividades la empresa es primario, teniendo en cuenta los diversos componentes que nos permiten tener un parámetro de medición de las condiciones actuales en que se desenvuelven, potenciales de crecimiento, expansión y diversificación de los productos comercializados.
El análisis de las características de la empresa es de relevante importancia, pues determinan las posibilidades que poseen para poder seguir desarrollando sus actividades dentro de nuestro mercado normalmente cumpliendo con sus planes estratégicos trazados, orientados tanto a nivel doméstico como a mercados de colocación en el exterior.
Completando el círculo de análisis y evaluación se incluyen los aspectos cualitativos, que hacen a la calidad de su plana gerencial, como también de los que componen su paquete accionario, pues el éxito de las mismas está sustentado primariamente que se puedan dar un razonable punto de inflexión entre lo cualitativo y lo cuantitativo para determinar la calificación de solvencia y tendencia.