- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad individual y social y mayor suma de estabilidad política”, Simón Bolívar. Hay que agregarle que será difícil acercarse a este cuadro ideal sin una estructura adecuada del Estado. Lo primero son las ideas; lo segundo, las herramientas y materiales con las cuales se construyen, solidifican y amplían.
Lo que en la terminología del derecho constitucional reciben el nombre de poderes del Estado, son en realidad estructuras que traducen en actos precisos, útiles al bien general, los designios justos y equitativos del poder que reside en el pueblo. Las tres patas del Estado cumplen funciones específicas y complementarias con facultades limitadas y con la intervención de ciudadanos idóneos, cuya selección la efectúa, según el cargo, de manera directa e indirectamente, la voluntad popular expresada en elecciones libres, transparentes y legítimas.
La soberanía nacional y popular no constituiría un hecho real, latente y viviente, sin la vigencia irrestricta del doble derecho fundamental de elegir y ser elegido. La democracia es consustancial con la función electiva. El pueblo paraguayo es inmemorialmente democrático porque desde que hay memoria de su existencia ha intervenido con su voto en la designación de sus autoridades. Los pueblos guaraníes, allí donde hayan puesto los pies, se organizaban en democracias de primer grado.
La Real Cédula del Emperador Carlos V, dada en Valladolid en setiembre de 1537, sentó las bases de la representación del Estado y del derecho electoral paraguayo. “… habiendo jurado de elegir persona cual convenga a nuestro servicio y bien de dicha tierra, elijan por nuestro nombre por gobernador y capitán general de aquella provincia la persona que según Dios y sus conciencias pareciere más conveniente y el que así eligiesen todos en conformidad, o la mayor parte de ellos, use y tenga el dicho cargo, al cual por la presente damos poder cumplido para que lo ejecute cuanto merced y voluntad fuere…”, la claridad de las palabras y frases encadenadas del español antiguo. Maravillosa definición de un concepto simple que algunos prefieren complejizar, como el de la voluntad popular.
La política, esa mala palabra que empiece con p y termina con a, nos llama a defender nuestra democracia ante las corporaciones que prefieren sistemas que restringen la libertad. Una democracia viva, activa, ardiente, celosa de sus ciudadanos y por el presente. Así como el Estado y la correspondiente, necesaria y oportuna estructura.
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APP: nueva ley permitirá captar más inversiones y contribuirá a mejorar el gasto público
Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)
Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.
La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.
Esta nueva ley, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.
También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.
Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.
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Inversiones
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.
“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.
El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.
“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.
Otorgar condiciones
La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.
“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.
Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.
Seguridad jurídica
“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.
Ruta PY02
Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.
Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.
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Decreto reglamenta el Consejo de Afrodescendientes
Paraguay avanza con compromisos internacionales a través de la promulgación del Decreto Reglamentario n.° 2915, el 26 de noviembre de 2024, que crea el Consejo Nacional de Afrodescendientes (Conafro) y reglamenta la Ley n.° 6940/22, orientada a prevenir y sancionar actos de racismo hacia la población afrodescendiente.
La Ley n.° 6940/22, promulgada en 2022, tiene como objetivo prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación, con especial énfasis en la protección de los derechos de las personas afrodescendientes. Esta normativa es resultado del esfuerzo conjunto entre las comunidades afrodescendientes, organismos y organizaciones internacionales, y diversas instituciones públicas, bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Cultura.
La reglamentación de la ley incluye importantes avances, como la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos para la inclusión plena de las personas afrodescendientes, un Registro Nacional de Personas Afrodescendientes gestionado por el Instituto Nacional de Estadística, y la incorporación de la historia afrodescendiente en los programas educativos del país. Además, se establece la implementación de sanciones contra actos discriminatorios, promoviendo un entorno de igualdad y respeto. Estos avances legislativos son un paso significativo para disminuir la desigualdad social y racial en el país.
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La impunidad habilita a dar “cátedras” a los corruptos del anterior gobierno
Nuestra línea editorial siempre se mantuvo en la actitud rectilínea de contribuir a la construcción de una democracia sustantiva, aquella que no se reduce a los formalismos legales y anuncios grandilocuentes, y que, al contrario, apuesta a un Estado que interviene en forma decidida y sistemática en las zonas económicamente más vulnerables de nuestro país y, en consecuencia, socialmente marginadas de los beneficios del progreso, la educación y el conocimiento. Y en ese pernicioso círculo, estos grupos padecen de la falta de empleo o son explotados en los subempleos por no considerarse mano de obra calificada. Y encadenan a su cintura a sus hijos que repiten la misma historia de tragedia de sus padres.
El actual Poder Ejecutivo, con todos los errores que se le pueda apuntar, se está atreviendo a lanzar plataformas de gobierno inéditas para nuestro medio, pero no con una intención efectista, de corto plazo, como ocurrió en varias administraciones del pasado, sino que están diseñadas para consolidarse en el futuro, pensando en las generaciones por venir. El presidente de la República que asuma el 15 de agosto de 2028 necesariamente tendrá que continuar por esa ruta de demostrada eficacia para arrancar a las clases populares de la pobreza y la extrema pobreza. Salvo que, conscientemente, el nuevo inquilino del Palacio de López decida someterse al escarnio público por egoísmos o malquerencias personales o partidarias.
La arrogancia del que cree que solo él puede hacer bien las cosas y que todo lo anterior debe ser desechado es el camino comprobado de nuestros repetidos fracasos. Un mismo pueblo paga las consecuencias de esta soberbia que pretende cubrir la más supina ignorancia de lo que hay que hacer en función del Estado.
En ese afán nuestro de sostener una política enderezada exclusivamente al bien común, con todos los indicadores necesarios para que ello ocurra, debemos subrayar, una vez más, que el crecimiento económico inclusivo y un sostenido desarrollo humano reclaman un cimiento esencial, insustituible, de evasión imposible: desterrar la impunidad. Decimos impunidad porque descuajar por completo la corrupción es una tarea difícil, puesto que se enseñoreó por décadas de las instituciones públicas y traspasó todos los niveles de nuestra sociedad. La lucha frontal para combatirla tendrá notorio impacto en su disminución, pero es prácticamente imposible su desaparición absoluta. No somos negativistas, sino observadores crudos de la realidad que nos agobia.
Por eso es imprescindible castigar sin contemplaciones a quienes se aprovecharon de los recursos del Estado para provecho propio, familiar y de círculos de amigos. Terminar con la impunidad será el antídoto más efectivo para disminuir drásticamente los índices de corrupción.
Es indignante que los rostros visibles de uno de los gobiernos más nefastos de nuestra historia sigan pontificando sobre democracia, honestidad, tolerancia y pluralismo, cuando que fueron los más miserables perseguidores de sus propios correligionarios, por el solo hecho de pertenecer a un movimiento político diferente al de ellos. La lista es pública y, por cierto, larga. La administración de Mario Abdo Benítez robó durante la pandemia provocada por el covid-19, con su saldo trágico de 20.000 fallecidos. Miles de esas muertes pudieron ser evitadas, pero prefirieron priorizar la angurria, la codicia y el desenfrenado deseo de acumular fortunas a costa del sufrimiento de nuestro pueblo.
Ese crimen de lesa humanidad no puede ser perdonado, mucho menos olvidado. Estos corruptos deben enfrentar a la Justicia sobre la base de investigaciones y auditorías que hace rato los responsables de cada ministerio, entes descentralizados y binacionales tendrían que haber elevado a consideración del presidente Santiago Peña.
La impunidad de la que hoy gozan los señaladamente corruptos del gobierno de Mario Abdo Benítez –incluyendo al exmandatario– le animan de salir nuevamente a la palestra como jueces del actual jefe de Estado. Con un descaro que no tiene parangón levantan el índice acusador en contra de sus enemigos políticos, cuando que tienen la conducta más sucia que pecho de cocodrilo, como diría uno de sus propios aliados, aunque refiriéndose a los demás.
Tienen la personalidad cubierta con la mugre del latrocinio, el bleque de la codicia, el fango de la impudicia y la podredumbre de la hipocresía en su más alto rango. Usaron el poder hasta para la satisfacción de sus más bajos instintos y sus más disipadas pasiones. Claro, todo a costa del Estado. Tan bajo han caído que tocaron las puertas de la última escala de la lujuria y el saqueo al Tesoro Público. Poner fin a la impunidad será el primer paso para recuperar la confianza en la democracia y en los gobernantes de turno. Será justicia.
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Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.