Se sigue dando en nuestro país un nivel de gastos rígidos elevados que afectan a la estructura global del Presupuesto General de la Nación (PGN) siendo recomendable que nuestras autoridades económicas arbitren las medidas necesarias orientadas a su racionalización, orientados a un mayor fortalecimiento de la gestión del Gobierno que le permita ser más eficiente cualitativa y cuantitativamente.

Todos los países de la región estuvieron expuestos a los golpes económicos y sociales ocasionados por la última pandemia sanitaria que duró más de 2 años, traduciéndose en la necesidad de un análisis en mayor profundidad de los indicadores, incluido Paraguay, que puedan conducirnos a un mayor fortalecimiento de nuestra macro y microeconomía.

La deficiente calidad del gasto público, si bien con algunos atisbos de mejoras, continúa afectando en forma directa a nuestro equilibrio fiscal.

Se hace necesario que los ministerios, secretarías ejecutivas y entes descentralizados a través de su departamento de capital humano se centren profesionalmente en un trabajo de depuración y racionalización, de la superpoblación de funcionarios (superando los 350.000), en su mayoría carentes de meritocracia, capacidad e idoneidad.

Según estudios realizados por analistas económicos, Paraguay estaría perdiendo alrededor del 4 por ciento de su producto interno bruto (PIB) a causa de los gastos superfluos, lo que en términos monetarios ronda los 1.600 millones de dólares, equivalente en moneda local a más de 11 billones de guaraníes, por lo que una reingeniería y redireccionamiento de los recursos monetarios al fortalecimiento de la salud pública, calidad educativa, investigación y desarrollo y todo lo que atañe a tecnología de la información y comunicación se precisa cada vez más para que la ciudadanía visualice el buen uso de los recursos.

Seguimos gastando más de lo que nuestros ingresos nos permiten, atribuibles a varios factores como: deficiencias estructurales en las contrataciones públicas, las transferencias de recursos que precisan de un mejor direccionamiento y las políticas de capital humano que deberán ser mejoradas substancialmente, pues el prebendarismo y clientelismo se mantienen en el podio de la escala de valores, quedando relegado a un segundo plano la capacidad y meritocracia.

Los empréstitos de organismos internacionales y emisiones de bonos de renta fija por parte del Tesoro no deberán destinarse a la cobertura de gastos rígidos o corrientes, ya que el objetivo primario debe ir orientado a la cobertura de inversiones en infraestructura, que al cabo de un tiempo puedan empezar a dar retornos positivos que generen fuentes de repago.

Es función del Gobierno corregir estas deficiencias, arbitrando las medidas primarias, realizando los cambios que sean pertinentes en la estructura organizacional del Estado y en el sistema de asignación de los recursos públicos.

La Ley del Servicio Civil deberá permitir corregir los errores cometidos durante varios años, concentrando esfuerzos en la contratación de servidores públicos en los tres poderes del Estado, en función a concursos públicos que reúnan los requisitos mencionados precedentemente, que permitan a la administración estatal dar de una vez por todas la confiabilidad que se precisa con personas preparadas, que aporten valor agregado, dejando de lado la mala costumbre de que por no ser afín al partido de gobierno, ya quedan excluidos, pero permaneciendo en contrapartida la mediocridad de muchos.

La reestructuración del Estado a nivel global dentro de los tres poderes se tornan muy necesarias, puesto que en plena era de la tecnología, a través de procesos digitales, donde la División de Organización y Métodos (O&M) de cada institución deberá cumplir un rol importante para llegar a los objetivos cualitativos y cuantitativos que nos propongamos, dejando solo a los funcionarios que se merecen por capacidad e idoneidad, eliminando las prebendas y el amiguismo que a nada positivo conducen.