El presidente Javier Milei dispone desde la semana anterior de la Ley Bases y las reformas fiscales que demandaba desde el 10 de diciembre pasado, cuando inició su mandato. El Parlamento, luego de casi 30 semanas, le concedió –con reformas– las herramientas que el mandatario solicitó para gobernar y, como un topo, “destruir el Estado” desde adentro. “La casta”, como desde tiempos de campaña electoral llama peyorativamente a parlamentarios y gobernadores, le dio vía libre para gestionar.

El jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos –quien algunos días atrás no dudó en explicar públicamente que el presidente “no entiende la política”– en nombre del jefe de Estado negoció con “la casta” para alcanzar el objetivo reformista. En un sistema democrático, sin negociaciones para balancear las necesidades de todos, la política no existe. Buena decisión de Franco.

Tal vez por ello –después de semejante aprendizaje– tanto el señor Milei como sus principales colaboradores, desde el momento mismo de la aprobación parlamentaria mencionada, aseguran que con la aplicación de las reformas se inicia una segunda fase para avanzar hacia la construcción de un “país rico y libre” que en algunas décadas será como “Francia o Alemania” hoy. La esperanza presidencial crece exponencialmente y no duda en expresarlo en el lugar que se encuentre.

“Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica”, dijo en República Checa en el momento en que fue galardonado con el Premio del Instituto Liberal en el Palacio Žofín de Praga. “Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”, agregó. Los aplausos que recibió, sin embargo, no fueron suficientes para disimular su propia incertidumbre acerca de los resultados que alcanzará con la aplicación de las políticas que desde un puñado de días atrás puede aplicar. ¿Le saldrá bien? ¿Ganará el Nobel? Habrá que esperar para saberlo.

Porque –pese a la aprobación parlamentaria y la confesión en público de los más íntimos sueños de gloria y reconocimiento– los problemas de la Argentina, tanto lo heredados desde muchas décadas como los propios y más recientes de la nueva administración, se mantienen. No se extinguieron ni desaparecieron.

Los datos económicos que se conocen día tras día lo marcan con fría precisión. El desempleo se acerca al 8 %. El sector de la construcción se derrumba hasta tocar el 20 %. Unos 140 mil puestos de trabajo fueron destruidos. Gerardo Martínez, líder de la UOCRA (Unión Obreros de la Construcción), reconocido como un hábil negociador por sucesivos gobiernos, lo informó claramente en el transcurso de una reunión que se desarrolló en la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en Suiza. El líder sindical apunta a la discontinuidad de la obra pública que aplica el ministro de Economía Luis Caputo como el motivo del desempleo sectorial. El producto bruto interno, en el primer trimestre 2024, se contrajo 5,1 %.

Tal vez por ello, entre otros indicadores, la confianza en el gobierno que miden algunas universidades públicas y privadas al igual que varias consultoras, mayoritariamente se amesetan o muestran que tienden a la baja desde las últimas tres semanas. La caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– desde poco más del 25 % en diciembre 2023 hasta cerca del 4 % en mayo pasado, alentador, por cierto, no es suficiente. Preocupa.

Mucho más cuando tanto desde el gobierno como desde el sector privado se deja trascender que en este mes que corre y hasta fines de agosto los precios crecerán. Preocupado, el ministro Caputo, decidió nuevamente que el alza en el valor de los servicios públicos –gas, luz y combustibles– se postergue sine die para no incrementar la inflación.

A la incertidumbre social mencionada se añade también la que se verifica en los mercados en los últimos 20 días. Algunos datos puntuales agregan proyecciones negativas. El Banco Central (BCRA) cerrará el balance del recientemente finalizado mes de junio en rojo. Vendió más dólares de los que pudo atesorar. Así y todo el valor del dólar para comercializar en el mercado informal, ilegal, blue, paralelo o como se prefiera llamarlo, creció hasta alcanzar una paridad de $1.370.- por unidad. La brecha con el valor oficial del tipo de cambio fijada en $951.- por dólar se amplía.

Insistentemente se habla de la necesidad de devaluar para “resolver el atraso cambiario” que afecta a las exportaciones. El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene la misma perspectiva. El presidente Milei se molesta con esos trascendidos. Acusa al director del Departamento del hemisferio occidental del Fondo, Rodrigo Valdés –exministro de Economía de la expresidenta de Chile Michel Bachelet (2006-2010/2010-2014)– de ser un “zurdito”. Incontinencia verbal. La recesión se profundiza. El cepo cambiario se mantiene, pero tanto el señor Milei como el ministro Caputo sostienen que “no es el tiempo para levantarlo”.

El frente externo –en tanto incertidumbres– no aparece como muy diferente de lo que se verifica en las cuestiones domésticas para la administración del señor Milei. Poco más de 4 meses faltan para el 5 de noviembre cuando se realicen en los Estados Unidos las elecciones presidenciales que una vez más pondrá frente a frente a Joe Biden –actual mandatario– con Donald Trump exmandatario (2017-2021) que procura regresar al salón oval. Varios de los allegados al mandatario local imaginan que si el republicano Trump triunfara ayudaría para que este país consiguiera fondos frescos para aliviar su economía. ¿Será posible? También habrá que esperar.