- Víctor Pavón (*)
¿De qué solidaridad o de “justicia social” puede hablarse cuando se niega a la gente disfrutar en el futuro por sus largos años de dedicación laboral? ¿Qué solidaridad o justicia social es pagar a los nuevos jubilados mediante impuestos o subsidios con el dinero de otros? ¿De qué solidaridad o de justicia social se puede aducir si las personas no tienen derecho a elegir dónde aportar su dinero según su mejor parecer?
Este es el tema de fondo con referencia al Instituto de Previsión Social (IPS), entidad privada cuyos propietarios son los trabajadores y los empleadores, pero cuando el Estado se metió en su administración y gestión el resultado solo podía ser el mismo cuando los burócratas y políticos se inmiscuyen en los asuntos de la gente: una tragedia que incluso es una estafa.
La caja común a la que hoy se destinan los haberes jubilatorios hará que aquellos que ahora están aportando no lleguen a beneficiarse por sus esfuerzos. En efecto, llegará una etapa en no más de 10 años en que la cantidad de dinero que extraen los jubilados será superior a la cantidad de dinero que aporten los trabajadores por una sencilla razón: por cada año que transcurre existe más gente jubilada con relación a la cantidad de aportantes que ingresa al sistema.
Resulta, por lo demás, un contrasentido económico y jurídico que los empleadores no puedan también acogerse a los beneficios de la previsional, ya sea de la atención médica o la misma jubilación.
Se dice que la formalización que supone el aumento en la cantidad de aportantes corregiría este problema y no es así. El inminente colapso de este modelo no podrá ser impedido mediante la formalización puesto que si bien podrían aumentar los ingresos los nuevos cotizantes, ello no implica el cambio de fondo en el actual sistema de reparto.
Es loable la iniciativa de la formalidad, pero no es menos cierto que el problema real es otro y más grave. El problema más acuciante es el modelo de reparto que, de modificarse, definitivamente puede convertirse en un poderoso incentivo para lograr la tan necesaria formalidad.
La tragedia que, por cierto, ya se tiene, ocurre cuando se suma el impuesto al trabajo causado por los aportes obligatorios al IPS. Este “aporte” que sabemos no es precisamente voluntario, es una confiscación y atropello a la propiedad privada como la libertad de elección, consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Para corregir este problema de fondo se requiere de una reforma para cambiar el modelo de reparto por el de capitalización individual así como dividir la prestación de salud de la jubilación. De seguir prorrogándose esta reforma, más temprano que tarde, ni el IPS ni el propio Estado central contarán con los recursos suficientes para pagar las jubilaciones y pensiones requeridas.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.