Subway® ha anun­ciado la ampliación de su cartera de fran­quiciados principales con el Grupo Vierci, actual franqui­ciado principal de la marca en Paraguay y Uruguay, para acelerar su crecimiento en España y Portugal. Este hito marca la primera franquicia maestra intercontinental de Subway con operaciones en dos regiones y refuerza el compromiso de la marca con el crecimiento internacional junto a socios regionales de confianza.

En virtud de los nuevos acuer­dos, Grupo Vierci adquirirá los derechos exclusivos para operar y desarrollar restau­rantes Subway en el mercado ibérico, con el objetivo de abrir alrededor de 400 restauran­tes en España y 50 en Portu­gal durante los próxi­mos diez años, lo que supondrá más de 500 res­taurantes en la región y una expansión significativa de la presen­cia de la marca, que se multipli­cará por más de seis.

La ampliación de la relación se basa en los buenos resulta­dos del grupo en Sudamérica, donde inició su colaboración con Subway en Uruguay en 2023 y en Paraguay en 2024. En ambos mercados, el grupo ha mantenido constante­mente unos altos estándares de calidad y servicio, sentando las bases para su entrada en Europa.

Con más de 58 años de expe­riencia empresarial y más de 300 restaurantes operando en América, Grupo Vierci aporta un modelo de gestión probado y un profundo cono­cimiento de la industria de comida rápida, consolidando la presencia de Subway en uno de los mercados más compe­titivos del mundo.

“Estamos muy contentos de seguir cre­ciendo con el Grupo Vierci en España y Portugal”, afirmó Tracy Gehlan, presidenta de Subway para Europa, Oriente Medio y África.

“Con una sólida trayectoria como fran­quiciado principal de Subway en Paraguay y Uruguay, el Grupo Vierci conoce a la per­fección el negocio de Subway y se encuentra en una posición ideal para impulsar el creci­miento y atraer aún más clien­tes en la región”, agregó.

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“Estamos muy orgullosos de consolidar nuestra rela­ción con Subway y llevar nuestra experiencia al mer­cado europeo”, afirmó Elías Yanho, director de la División de Comida Rápida del Grupo Vierci. “Nuestro éxito en Para­guay y Uruguay será la base sobre la que gestionaremos y ampliaremos la presencia de la marca en España y Portugal, llevando la calidad, el sabor y la experiencia de Subway a nue­vos consumidores”, añadió.

Grupo Vierci seguirá imple­mentando el diseño Fresh Forward 2.0 y avanzando en la transformación digital de la marca tanto en los estableci­mientos nuevos como en los ya existentes, centrándose en la eficiencia operativa y la expe­riencia del cliente.

Como parte de su compro­miso con el mercado ibérico, el Grupo Vierci tiene previsto generar más de 200 puestos de trabajo locales en España y Portugal para 2026, con un crecimiento continuo de la fuerza laboral previsto durante la próxima década. El grupo también ofrecerá a los profesio­nales paraguayos la oportuni­dad de unirse a los equipos del Grupo Vierci en España y Por­tugal, facilitando el intercam­bio de conocimientos y la cola­boración entre mercados. Este acuerdo refuerza el liderazgo regional del Grupo Vierci en el sector de la comida rápida y su capacidad para llevar la inno­vación y el talento paraguayo al escenario internacional.

En los últimos 4 años, Subway ha firmado más de 25 acuerdos de máster franquicias a nivel mundial, que abarcan un com­promiso de apertura de más de 10.000 futuros restauran­tes. La empresa sigue persi­guiendo una ambiciosa expan­sión internacional y colabora con operadores sólidos, como Grupo Vierci, para impulsar el crecimiento y garantizar una experiencia consistente y de alta calidad para los clientes en todos los mercados.

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Como líder mundial en sánd­wiches, Subway sirve cada día sándwiches recién hechos a un precio excelente a millones de clientes en todo el mundo en casi 37.000 restaurantes.

Los restaurantes Subway son pro­piedad y están gestionados por una red de miles de franquicia­dos dedicados que se esfuerzan por ofrecer siempre una expe­riencia de alta calidad y como­didad a los clientes, además de contribuir positivamente a sus comunidades locales. Subway® es una marca registrada a nivel mundial de Subway IP LLC o una de sus filiales. © 2025 Subway.

Grupo Vierci es un conglome­rado empresarial con más de 58 años de crecimiento sostenido y capital 100 % paraguayo. Opera en diversas líneas de negocio, entre las que se incluyen el financiero, supermercados, manufactura, distribución de alimentos y bebidas, perfume­ría, moda, electrónica, medios de comunicación, juegos de azar, bienes raíces y agricultura.

Actualmente opera en Bra­sil, Uruguay, Panamá, Boli­via, Chile, Perú, Estados Uni­dos, España y Portugal, con su centro operativo en Para­guay y un equipo de más de 18.600 empleados directos, de los cuales más de 5.000 forman parte de su división de comida rápida. Para obte­ner más información sobre Grupo Vierci, visite su sitio web oficial o siga su cuenta de LinkedIn.

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El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abo­gado Claudio Lovera, indicó que el banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo, contaba con información suficiente de las operaciones sospecho­sas del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, tanto cuando fue vinculado con un esquema de sobornos a mediados de 2012, así como cuando cumplía arresto domiciliario en Asun­ción y Estados Unidos pedía su extradición desde junio de 2015 en el caso FIFA-Gate.

“El banco Atlas tenía infor­mación suficiente para dejar de operar con Nicolás Leoz. Al realizar las operaciones de fideicomiso claramente está desarrollando una operativa de lavado de activos”, sostuvo Lovera en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal, res­pecto a los dos contratos fir­mados el 11 de febrero de 2016, según la carpeta fiscal.

La Conmebol apunta a recu­perar al menos unos USD 15 millones que el fallecido Leoz desvió del ente depor­tivo al banco Atlas, cuyo titu­lar Miguel Ángel Zaldívar fue imputado, el pasado 30 de octubre, con otras ocho per­sonas por lavado de dinero, en seguimiento a dos denuncias penales presentadas en junio de 2017 y febrero de 2021.

“No hubo conductas bancarias normales. En el acta se observa que el Ministerio Público tuvo el tino de recurrir a archivos históricos de otras entidades para poder reconstruir y poder pronunciarse sobre el caso”, comentó Lovera.

Mediante una auditoría interna forense realizada en la Conme­bol fue recopilada informacio­nes sobre los manejos financie­ros y administrativos entre el 2000 y el 2015. En el peritaje contable, concluido en 2017, fueron detectadas al menos cuatro modalidades de hechos sospechosos de causar daños patrimoniales a la institución.

Una de ellas fue la transferen­cia directa de cerca de USD 28 millones de cuentas de la Con­mebol a cuentas personales de Nicolás Leoz en el Banco do Brasil.

En junio del 2017 fue presentada una denun­cia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible a dicho momento.

En el 2020, la Dirección Jurí­dica de la Conmebol accedió a nuevos datos (no disponibles al momento de la referida audi­toría) acerca de fuertes depó­sitos realizados por Leoz en el banco Atlas entre enero y abril de 2013, año en que el dirigente deportivo renunció a sus car­gos en la Conmebol y la Fede­ración Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Con la imputación a directivos del banco Atlas, el diario de la calle Yegros reutiliza el mismo marco narrativo: victimización, politización y la idea de un supuesto asedio al “periodismo independiente”.

La línea editorial del Grupo Zuccolillo apela de nuevo a su libreto recurrente y victimi­zante: cualquier acción ins­titucional en el ámbito sani­tario, financiero o judicial es instalada como una opera­ción política y una “perse­cución a la prensa”. Con la imputación por parte del Ministerio Público a direc­tivos del Banco Atlas por lavado de dinero en el caso Conmebol/Leoz, de nuevo la maquinaria amarilla se alinea al guion de una per­secución, obviando que la medida fiscal tiene funda­mentos sólidos.

No es la primera vez -ni será la última- que el grupo comunicacional que enca­beza su directora Natalia Zuccolillo, recurre a este recurso de supuesta perse­cución para victimizarse. Lo hace con más fuerza en esta ocasión puesto que uno de los acusados por lavado de dinero, en el caso de la denuncia de la Conmebol para recuperar el dinero desviado por Nicolás Leoz es nada más y nada menos que el esposo de la señora Zuccolillo, Miguel Ángel Zaldívar.

Apenas este año, el diario de la calle Yegros utilizó esta narrativa cuando varios hechos objetivos salpica­ron al holding empresarial: la disputa por derechos de autor del core bancario de la compañía itti o el cierre temporal de la cadena de mini mercados Biggie.

Cuando las autoridades nacionales suspendieron las actividades comerciales de Biggie -que pertenece en un 50 % al Grupo Zuccoli­llo- por cuestiones estric­tamente fitosanitarias, Abc Color lo planteó y convirtió el caso en un capítulo polí­tico, cuando en realidad la medida gubernamental se limitaba exclusivamente en defender al consumidor ante la posibilidad de adqui­rir productos vencidos o en mal estado.

Todo es persecución en el mundo del Grupo Zuccoli­llo. Esta máxima también se ha expresado en otros casos donde claramente la posición del diario que fun­dase Aldo Zuccolillo busca pasar al ataque responsa­bilizando al poder político de sus jugarretas. Se dio de igual forma con el caso itti que acusa al Banco Atlas de incumplir un contrato de licencia y, presuntamente, plagiar su software banca­rio principal (“IT Gestión Financiera”). En este capí­tulo, la compañía tecnoló­gica reclama una millonaria indemnización en una dis­puta contractual que podría derivar en el ámbito penal, ya que la presunta copia del software podría estar vincu­lada a la fusión de Atlas con Banco Familiar.

El mismo plan de victimiza­ción ocurrió con el uso irre­gular de energía de la ANDE para una criptominera que funcionaba en el Shopping Mariscal López y que per­tenece al Grupo Zuccolillo. La empresa Esur SA (Ener­gías del Sur) utilizaba como pantalla al citado shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la empresa estatal. En setiembre de 2023, debido a la pérdida ocasionada que rondaba los USD 300.000, la Ande realizó el reclamo para el abono correspondiente.

La instalación de que estos casos suponen un acoso del poder político no solo se limita a la opinión pública local, sino que el Grupo Zuc­colillo -utilizando sus nexos en el exterior- pretende tam­bién manipular a organis­mos internacionales. Eso se ha visto recientemente cuando un relatorio que había sido preparado por el diario Abc Color (solo des­cribió los casos que afecta­ron al citado medio) fue presentado como un com­pendio de la persecución a la libertad de prensa en el Paraguay nada menos que ante la Sociedad Interame­ricana de Prensa (SIP), que concluyó hace unas semanas su asamblea anual.

Así como en los casos ante­riores, que son apenas lo que se menciona en los últimos años, ni siquiera se reme­moran los pormenores que llevaron al entonces presi­dente Nicanor Duarte Fru­tos a perpetuar la frase que “Abc ijapú”, también en el sonado caso de la denuncia de la Confederación Suda­mericana de Fútbol (Conme­bol) contra su expresidente, Nicolás Leoz, ahora el grupo Zuccolillo se muestra como víctima.

El Ministerio Público pre­sentó la semana pasada imputación por varios hechos punibles como lavado de dinero contra nueve personas vinculadas a este caso, entre ellos al esposo de Natalia Zuccoli­llo, Miguel Ángel Zaldívar. Se basa en la reconstrucción de operaciones financieras que no fueron sometidas a los controles exigidos por ley que debía realizar el Banco Atlas y que no lo realizó.

Según la Fiscalía, las tran­sacciones analizadas corres­ponden a fondos sustraídos del patrimonio de la Conme­bol por su entonces presi­dente, Nicolás Leoz, y depo­sitados en el Banco Atlas. Entre 2013 y 2016, Leoz habría introducido más de USD 5 millones en efectivo y firmó contratos de fidei­comisos por USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones, sin que el banco haya veri­ficado a cabalidad el origen lícito de los recursos, pese a que Leoz ya tenía un perfil “en rojo” y ya pesaba sobre él una extradición desde los Estados Unidos.

Es así que casos como los descritos aquí la incohe­rencia queda expuesta si se mira el contexto histórico: cuando un gobierno aliado a ellos persiguió abiertamente a adversarios políticos, con el uso instrumental de ins­tituciones del Estado, en Abc Color no solo se ignoró el hecho de utilizar a insti­tuciones como la Seprelad como garrote político, sino que lo defendió.

El problema no es la defensa de la libertad de prensa -que es absolutamente legítima y necesaria y que el gobierno de Santiago Peña defiende a rajatablas- sino la manipu­lación discursiva en función del propio interés corpora­tivo. En el mundo Zuccoli­llo, la persecución solo existe cuando afecta a los suyos; cuando la ejercen sus alia­dos, la narrativa se trans­forma en silencio.

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) abrió un sumario de investigación a Retail S.A, perteneciente al Grupo Vierci, por presuntos incumplimientos a las condiciones establecidas en 2021, cuando la autoridad aprobó la compra de tres locales de la cadena Nuevo Súper, en la ciudad de Caacupé.

La operación había sido autorizada bajo un régimen especial de vigilancia debido a que Retail fue reconocida en ese entonces como una empresa con posición dominante en el mercado supermercadista. Este estatus implica que, aunque la empresa pueda operar libremente, debe hacerlo dentro de un marco que garantice la libre competencia y evite prácticas abusivas hacia proveedores o empresas más pequeñas.

Según explicó a Universo 970 AM/Nación Media, Ricardo Gavilán, director de Investigación de la Conacom, la firma debía cumplir una serie de condicionamientos que buscaban mantener la equidad del mercado y evitar conductas anticompetitivas.

Entre las medidas impuestas figuraban: abstenerse de habilitar nuevos supermercados en Caacupé por un periodo de cinco años, formalizar todos los contratos con sus proveedores por escrito, asegurar que estos sean igualitarios y no discriminatorios, e incorporar cláusulas que garanticen que los proveedores no sean obligados a vender a Retail a precios inferiores a los ofrecidos a la competencia.

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Además, la empresa debía privarse de exigir información comercial acordada con competidores y establecer criterios claros y transparentes en materia de descuentos, bonificaciones y asignación de espacios en góndolas.

No obstante, un estudio de mercado realizado recientemente por la Conacom reveló indicios de que varios de estos compromisos no estarían siendo respetados. Ante esta situación, la Dirección de Investigación solicitó la apertura de un sumario administrativo para verificar si efectivamente existieron incumplimientos.

“Lo que se identificó en el análisis es que Retail habría implementado unilateralmente nuevas condiciones comerciales con sus proveedores, distintas a las acordadas originalmente, lo cual está expresamente prohibido por los condicionamientos de la Conacom”, explicó Gavilán. También señaló que se encontraron indicios de que la empresa podría estar solicitando facturas dirigidas a competidores con el fin de corroborar precios, una práctica que vulnera el principio de competencia leal y podría derivar en un abuso de posición dominante.

Otra de las observaciones apunta a la forma en que la S.A. administra los espacios de exhibición en góndolas. Según las denuncias recogidas por la autoridad, Retail habría aplicado un sistema de calificación de proveedores y descuentos que no siempre resulta transparente, y que podría condicionar el acceso de ciertas marcas o productos al consumidor final. Este tipo de comportamiento, advierte la Conacom, afecta directamente la variedad de la oferta en el mercado y, en consecuencia, los precios que paga el consumidor.

Gavilán recordó que el incumplimiento de los condicionamientos impuestos en una operación de concentración económica constituye una infracción a la Ley N° 4956/13 de Defensa de la Competencia, lo que podría derivar en sanciones económicas, e incluso, en medidas correctivas adicionales.

“Cuando una empresa ostenta posición dominante, la ley le impone un marco de comportamiento más estricto. No se trata de interferir en la libertad empresarial, sino de garantizar que el poder de mercado no se traduzca en prácticas que perjudiquen la competencia”, afirmó.

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