- Por Jorge Torres Romero
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Ese interés que llegaron a demostrar algunos referentes políticos de la oposición y los medios de comunicación (Grupo Zuccolillo-Grupo Vierci) por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Marcelo Pecci se diluyó repentinamente. ¿Qué pasó? Simple, la investigación oficial del asesinato en Colombia excluyó a un actor político de la ecuación (HC) y el caso dejó de importar a los carroñeros.
Hace dos semanas mostraron un inusitado interés por el tema, convocaron al fiscal general del Estado al Congreso, entrevistaron a los abogados a fin de instalar en agenda el supuesto desinterés de la Fiscalía paraguaya con el fin de encubrir a alguien. El tiro les salió por la culata.
Accedieron en detalle a los pormenores de la investigación, el llamativo capricho de la abogada de la viuda del fiscal de evitar la revisión del celular de Pecci, las veces que los fiscales paraguayos estuvieron en Colombia, entre otras cosas.
Los Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez y los perifoneros de la prensa que avaló la corrupción de Mario Abdo Benítez llegaron incluso a pedir juicio político para el fiscal general. Todos estos terminan siendo cómplices y funcionales a los asesinos de Pecci, con su campaña de buscar enlodar a actores políticos en esta historia, mientras que de los narcos, los verdaderos autores intelectuales del asesinato, nadie se acuerda.
Este relato tuvo un giro, la prestigiosa revista colombiana Semana accedió a elementos de la investigación oficial y confirma que detrás de la muerte del fiscal estuvieron los narcotraficantes Jarvis Pavão, Miguel Insfrán y Jaime Franco Mendoza. Excluyen a otros autores y automáticamente el caso dejó de interesar a la carroña político-mediática.
La cosa va más allá. El narcotráfico tuvo la bendición de Mario Abdo para que use y abuse del Paraguay, con la mirada cómplice de los hoy opositores y la prensa que fungió de abdista. La única institución que no pudieron controlar en el gobierno anterior fue la Fiscalía. Intentaron 4 juicios políticos contra Sandra Quiñónez. Y el único fiscal de peso, que públicamente dio su apoyo a Quiñónez a través de sus redes sociales fue Marcelo Pecci. Una exsenadora, Desirée Masi, esposa de Rafael Filizzola, lo había tratado de “fiscalucho” cuyos posteos “eran elaborados desde Tabesa o la calle España”.
Permítanme dudar. ¿No están todos metidos en la misma rosca? A toda costa querían manejar la Fiscalía que perseguía a los narcos, Pecci a la cabeza. Mataron a Pecci y siguieron protegiendo a los autores intelectuales cabalgando sobre la tesis de involucrar a otros en la causa. La incursión de una exministra de Abdo en la causa también genera enormes dudas, pero, todo indica que vamos rumbo al esclarecimiento real de la causa, a pesar de los narcos y cómplices políticos y mediáticos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Fuerza Aérea aclara que aviones militares pueden ser alquilados a “empresas privadas o civiles”
El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), Julio Fullaondo Céspedes, rechazó las publicaciones tendenciosas realizadas por el diario Abc Color, del Grupo Zuccolillo, donde indican que la institución haya privilegiado al hijo del exmandatario y presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en el alquiler de la aeronave Casa (C-212) para prácticas de paracaidismo.
En una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el general de División Aeronáutica explicó que el alquiler de la aeronave es un servicio habitual que ofrece la FAP siempre y cuando se cumplan con los requisitos y el correspondiente pago por las horas de vuelo.
“La Fuerza Aérea tiene disponible las aeronaves para alquiler conforme a lo que nos permite la Ley 1.525 y la Ley de Presupuesto General de la Nación. Se les puede alquilar a empresas privadas o civiles conforme a un catálogo de precios aprobados por resolución. El costo del alquiler es por hora de vuelo, se firma un contrato previo y el pago que se recibe, ingresa a Fuente 30 de presupuesto de la Fuerza Aérea”, indicó.
Fullaondo Céspedes mencionó que todas las instituciones del Estado tienen la posibilidad de generar ingresos propios para su plan de gastos, y en ese sentido, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) utiliza sus aviones para el efecto.
“Alquilamos a las escuelas de paracaidismo deportivo y hace como tres semanas se rentó a otra escuela. Alquilamos para su empleo, previa firma de contrato y el pago por las horas de vuelo. Es una práctica habitual para alquiler aviones militares para el uso civil o empresa privada”, remarcó.
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Por otra parte, salió al paso de otro cuestionamiento realizado por el medio periodístico bajo el título “Avión Casa de Fuerza Aérea, al servicio del hijo de Cartes”, referente a que esta aeronave podría haber sido destinada por el Gobierno en la lucha contra incendios forestales que se registran en la zona del Chaco.
En ese sentido, aclaró que todos los medios de las FAP están a disposición de las instituciones del Estado que están combatiendo los siniestros. “Tenemos acá aeronaves que están disponibles. Se está enviando una aeronave y un helicóptero en la zona del incendio. El empleo de uno de nuestros medios no afectó al apoyo que podríamos darle a la gente que está trabajando en la lucha contra los incendios”, puntualizó.
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Red de influencia: nexos de figuras de la era Abdo y el Grupo Zuccolillo
Los vínculos de funcionarios del anterior gobierno con el Grupo Zuccolillo siguen tan vigentes como hace unos años. Los mismos fueron palpables en la boda de otro “connotado” personaje de la era Abdo, Joselo Rodríguez, el mismo “del acta bilateral”. En su casamiento se juntaron el exsuperintendente de Bancos y el director de Atlas, lo que revela mucha “camaradería”.
- LA CAJA NEGRA
La relación de complicidad y protección entre el Grupo Zuccolillo y la administración de Mario Abdo Benítez fue tan estrecha que hasta la actualidad sus principales figuras siguen manteniendo cercanos vínculos. Escandalosos casos que involucran al banco Atlas pasaron completamente desapercibidos por las autoridades de ese periodo, algunas de ellas incluso pasaron a formar parte del negocio de los Zuccolillo.
Uno de los vínculos más ilustrativos de estas convenientes relaciones se evidenció de vuelta en el reciente casamiento de Joselo Rodríguez, el joven abogado involucrado en las negociaciones que guardaban relación con el acta de contratación de potencia de Itaipú, que en su momento generó un tremendo revuelo por considerarse un pacto entreguista del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Joselo es hijo de María Epifanía González, quien llegó a ocupar el cargo de ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) durante la administración anterior, y tuvo que renunciar en julio de 2019 a raíz de la polémica acta bilateral en la que estuvo involucrado su hijo.
Viendo superado ese escándalo, en la flamante boda de Joselo se observó la cercanía entre unos altos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y representantes del Grupo Zuccolillo. En este evento, se vio a Juan Carlos Martin, director del banco Atlas, junto a Hernán Colmán Rojas, exsuperintendente de Bancos durante el gobierno de Abdo Benítez. La imagen captada del evento privado pone en relieve las estrechas conexiones personales y profesionales que vinculan a la banca matriz con el grupo empresarial propietario del banco Atlas y del diario Abc Color.
Los cuestionamientos cobran aún más fuerza a raíz de que el banco Atlas, una de las principales entidades del Grupo Zuccolillo, viene siendo objeto de escrutinio e investigaciones fiscales por su presunta implicación en diversos casos relacionados con el lavado de dinero.
Asimismo, genera mucha suspicacia que ahora el exsuperintendente se muestre cercano a un directivo del banco Atlas, en una boda del hijo de otra exautoridad del gobierno anterior, siendo que fue el responsable de negar información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero en el banco Altas. Hay que recordar que en julio de 2021 la Unidad Especializada de Lavado de Dinero del Ministerio Público se vio en la necesidad de allanar las oficinas de la Superintendencia de Bancos, después de que Hernán Colmán se negara a proporcionar información sobre las cuentas vinculadas al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, quien había utilizado el banco para blindar grandes sumas de dinero en circunstancias sumamente sospechosas.
NOMBRAMIENTO EN ATLAS
Pero la controversia no se limita solo a la gestión pública. Después de escándalo del acta bilateral de Itaipú, la exministra María Epifanía González fue nombrada –en abril de 2021– en un alto cargo en el banco Atlas, lo que levantó alertas debido a su desempeño previo en un rol crucial para la lucha contra el lavado de dinero, especialmente en un banco señalado por no aplicar las medidas de debida diligencia en casos tan delicados como el de Leoz.
En ese caso, el banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones. La constitución de estos contratos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conmebol (el 7 de enero de 2016), donde Leoz estuvo como presidente durante más de dos décadas. Así también, los acuerdos se celebraron luego de 8 meses y 10 días desde que un juez paraguayo haya solicitado la prisión domiciliaria de Nicolás Leoz.
Además, otro caso de lavado de dinero que involucra al banco de los Zuccolillo está relacionado con Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, uno de los narcotraficantes más importantes de la región. En 2015, Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a un prestanombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros. El acuerdo se efectuó bajo circunstancias que violaron los protocolos de debida diligencia, lo que demuestra la laxitud en la vigilancia y control sobre operaciones sospechosas en esta entidad bancaria, que pasaron desapercibidas por los organismos de control.
Un reglamento de la Seprelad, referente a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos, entró en vigencia el primer día hábil de febrero de 2014. Sus disposiciones debían aplicarse al caso de Atlas, porque el llamativo préstamo hipotecario fue otorgado en noviembre de 2015. Entre los mandatos de la resolución figura la política de debida diligencia a ser aplicada para el cliente, como la obligatoriedad de la identificación y actualización de las documentaciones. Sin embargo, estas medidas no se cumplieron.
Las relaciones muy cercanas entre figuras clave del BCP del gobierno de Abdo y el Grupo Zuccolillo hacen sospechar de la presunta existencia de intereses de por medio en las decisiones y prácticas que se habrían tomado durante la administración anterior en detrimento de la transparencia y la legalidad.
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Pavo Real: Esquema de lavado es calcado al caso Atlas-Cabeza Branca
Un gigantesco esquema de lavado de activos vinculado a varios jefes del narcotráfico realizó millonarios movimientos de dinero utilizando el sistema bancario, particularmente a Zeta Bank. De acuerdo con los investigadores, movían fondos simulando préstamos que decían utilizar para la ganadería. Un esquema calcado se utilizaba en el caso Cabeza Branca, pero a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.
Préstamos simulados, operaciones de ganadería para lavar dinero proveniente del narcotráfico, bancos de plaza dentro del circuito. El esquema revelado en el acta de imputación del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto durante un procedimiento policial en su residencia en Pedro Juan Caballero, parece la copia del esquema utilizado por el capo narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.
LA ESTANCIA PARA LAVAR
El acta de imputación revela que el fallecido diputado y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, formarían parte de un esquema dedicado al lavado de activos y a la entrega de asistencia financiera a organizaciones criminales lideradas por los narcotraficantes Jarvis Chimenes Pavão, Luiz Carlos da Rocha y Diego Isaac Benítez.
En particular, el caso relata los movimientos realizados en torno a la estancia Negla Poty, que estaría vinculada al esquema criminal de Pavão.
La imputación alcanzó también al presidente de Zeta Bank, Luis María Zubizarreta Zaputovich, y a uno de sus accionistas, John Gerald Mathías Gaona. Ambos empresarios están bajo escrutinio por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que involucra la venta de un lujoso inmueble en el distrito de Bella Vista, Amambay.
Según la acusación, Zubizarreta y Mathías habrían facilitado la transferencia de la estancia Negla Poty, una propiedad de 670 hectáreas, a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del congresista Eulalio Gomes. La operación, realizada el 21 de mayo de 2020, fue valorada en USD 1.725.750. No obstante, la transacción está envuelta en irregularidades que han despertado sospechas sobre su legalidad y sobre la naturaleza de los fondos involucrados.
Lo que agrava la situación es que, al momento de la venta, Finexpar no era legalmente titular del bien. De hecho, la firma adquirió formalmente la propiedad recién el 7 de julio de 2020, mediante una transferencia realizada por Cepagro SAECA, una empresa representada por Carlos Oleñik Memmel, quien está imputado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero vinculado al caso Pavo Real. Esta transferencia fue realizada como dación de pago por operaciones morosas, lo que levanta aún más sospechas sobre el trasfondo de la transacción.
Las autoridades creen que la transacción fue parte de un plan cuidadosamente diseñado por miembros de una estructura criminal vinculada a Jarvis Chimenes Pavão. Según la investigación, Oleñik Memmel, con el respaldo de los representantes de Finexpar, habría facilitado el cumplimiento de compromisos financieros asumidos con líderes de grupos criminales. Esta cooperación, señalan los investigadores, fue crucial para dar apariencia de legitimidad a una serie de operaciones ilícitas, incluyendo la venta de la estancia.
Los documentos y comunicaciones revisados durante la investigación sugieren que la venta de la estancia Negla Poty estuvo manipulada desde el principio para favorecer a la familia Gomes, siguiendo instrucciones directas de Luan Pavão Nascimento, otro imputado en la causa. Las conversaciones entre Nascimento, Adrián Rolando Brizuela Olmedo (también imputado), y Carlos Oleñik revelan que la transacción fue orquestada para transferir la propiedad en las fechas y a la persona indicadas por el grupo criminal.
UN CASO CALCADO
Probablemente el amable lector sentirá que la historia es repetida, aunque con actores diferentes y no le faltarían motivos para ello. Y es que parece un calco del caso del banco Atlas y el narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasileño (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombre de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desacatando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
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“Si investigan a Atlas, vamos a publicarle a sus empresas”
Si esta instancia parlamentaria indaga al banco Atlas, salpicado por varios escandalosos hechos, desde su aparato mediático apuntará toda la artillería a los intereses económicos del Grupo Cartes.
En comunicación con Abc Cardinal, el senador oficialista Derlis Maidana se refirió a la aprobación de ayer en la Cámara Alta de una comisión bicameral de investigación de hechos de lavado de dinero, la cual es calificada como “comisión garrote” por la oposición y Abc Color.
Durante la entrevista, el periodista de Abc (Grupo Zuccolillo), Enrique Vargas Peña, le señaló al político que el oficialismo abrió una caja de Pandora, ya que, con la creación de la comisión se apuntará mediáticamente desde Abc hacia Horacio Cartes. “Vamos a hacer una comisión de lavado, no hay ningún problema, pero vamos a hablar de Tabesa, no de lo que ustedes quieren”, advirtió el comunicador.
El legislador respondió que la comisión podrá pedir al Ministerio Público o al Banco Central del Paraguay informes sobre “todas las causas de lavado” y pidió a la ciudadanía dejar “que el tiempo transcurra”. “El que nada debe, nada teme”, subrayó el colorado.
Así también, Maidana defendió que puede ser beneficioso para el país que se investiguen las causas que existen actualmente.
A esto, Vargas Peña le contestó: “Yo no tengo miedo a las investigaciones y mucho menos del ejercicio del poder desde el Congreso. Lo que creo (…) es que hubo una gran metida de pata, a lo mejor quienes impulsaron esto (la comisión) terminan ganando, pero lo que digo es que, desde el punto de vista mediático, de información, fue una metida de pata porque ustedes estaban en una posición ventajosa con respecto a EE. UU., pero ahora van a entrar a una posición desventajosa con esta comisión. Ustedes mismos están sepultando su propio éxito. Es una bobada”.
El legislador aclaró que justo coincidió la creación esta semana, con la ratificación de la sanción impuesta por Estados Unidos contra Tabesa. Además solicitó no apresurarse a dar conclusiones sobre lo que hará esta comisión antes siquiera de comenzar a funcionar.
El periodista del grupo Zuccolillo remarcó que esta situación “nos obliga a nosotros a hacer la mirada donde hay que hacer”. “En el caso Cabeza Branca, lo que (el periodista de investigación) Jorge Torres dice es que se le otorgó un crédito de 6 millones de dólares a un prestanombre (del narco) sin hacer el acto de la debida diligencia.
La pregunta es si ocurrió realmente, porque la situación está en la Fiscalía. O si los fideicomisos de (Nicolás) Leoz se movieron o no cuando había una orden norteamericana de no innovar. ¿Para el banco Atlas valen las órdenes de EE. UU. y no para Horacio? Es lo que pregunto a Pedro Ovelar (abogado de HC)”, agregó.
“Al pedo abrieron esta caja de Pandora, porque obviamente nosotros ahora vamos a mirar la crítica que hace Jorge y vamos a ponernos también a mirar las ventas que hace Tabesa. Hicieron esto al pedo, es un error”, indicó Vargas Peña.
En respuesta, el político refirió que todos los investigados tendrán la oportunidad de presentar sus documentos para hacer sus descargos.
LOS CASOS QUE INVOLUCRAN A ATLAS
Cabeza Branca, FIFAGate-Nicolás Leoz y negociado en el IPS son tres grandes y sonados casos en los cuales aparece el nombre del banco Atlas. La entidad bancaria se encuentra en la mira por sus dudosas operaciones comerciales y en especial por su negativa a proporcionar información a la Justicia.
En uno de los casos, el banco Atlas había sido requerido por la Justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales hechas con Nicolás Leoz, implicado en el escándalo del FIFAGate por los sobornos para las transmisiones de los partidos de fútbol. Sin embargo, alegando “secreto bancario”, la entidad de los Zuccolillo no entregó información a los Estados Unidos.
En el caso de Leoz, la Fiscalía paraguaya tiene en su poder documentos claves que revelan cómo el dirigente deportivo habría utilizado el banco Atlas para lavar dinero proveniente del fútbol. Según esta documentación, Leoz entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la Justicia norteamericana, un poco más de USD 6 millones en una operación de fideicomiso.
Respecto a otra causa, la Fiscalía de nuestro país también investiga al banco Atlas por sus nexos con el poderoso jefe narco Luis Carlos da Rocha alias, Cabeza Branca, quien inyectó muchísimo capital en diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con la investigación fiscal, Atlas evitó realizar las debidas diligencias antes de otorgar en el año 2015 un préstamo de USD 6,5 millones a Gilberto Suárez, quien es el tractorista de Cabeza Branca y que está imputado por lavado de dinero. Durante su descargo, la propia entidad bancaria reconoció que hizo esta operación con la persona que aparece en la carpeta fiscal como el prestanombres del narco brasileño.
Mientras que el tercer caso hace referencia al aval de Atlas para que el IPS desvíe dinero de fideicomiso que estaba destinado para la construcción de cuatro hospitales (de los cuales solo dos culminaron). En ese sentido, ahora se sabe que, con el visto bueno del banco del Grupo Zuccolillo, en la administración de Vicente Battaglia se pagaron obras que no se realizaron por un valor de G. 1.760 millones.