Un país pequeño como el nuestro, donde no superamos los 6,1 millones de habitantes, no hace sentido alguno que dentro de la administración pública sigamos teniendo una superpoblación de funcionarios, superior a 400.000 (entre permanentes y contratados), llevándose mes a mes casi el 80 por ciento de lo recaudado por el fisco para cobertura de pago de sueldos y otros beneficios, inaceptable, pues tiene mucho componente de prebendarismo y clientelismo político.

El siglo XXI se caracteriza por una cada vez mayor tecnología y digitalización de los procesos en todos los ámbitos, y si no nos reinventamos, adoptando una actitud innovativa, creativa y pragmática, seguiremos con el mismo Estado paquidérmico, vetusto y desfasado.

Se hace necesario eliminar los gastos superfluos que desangran año a año a nuestro PGN, apuntando con mayor fuerza a la fusión de ministerios y secretarías ejecutivas que podrían dar margen para una reingeniería y realocación de recursos a propósitos mucho más prioritarios, como los viene haciendo Javier Milei en la Argentina, habiendo reducido cantidad de ministerios casi a la mitad, desvinculando a aproximadamente 100.000 funcionarios que no aportaban valor agregado alguno, pero que “devoraban” importantes montos mensuales en salarios, llevando al país a un déficit fiscal muy por encima de los niveles normales.

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En nuestro país las cifras de servidores públicos han salido del promedio, habiéndose disparado a pocos meses del cambio de esta administración con la incorporación a diversos entes de unos 60.000 nuevos funcionarios (casi en un 100 por ciento sin ningún tipo de concurso de oposición).

Tenemos ministerios y secretarías ejecutivas con tareas y funciones superpuestas, excesiva burocracia administrativa, enlenteciendo los tiempos de ciclo, denotando una descoordinación y despilfarro en erogaciones por pago de salarios que no tiene razón de ser, habiendo otras necesidades prioritarias como educación, salud y seguridad, que siguen en lista de espera.

Llegó la hora de dar el lugar que les corresponde a nuestros técnicos con formación académica y una perspectiva diferente vs. los que solo actúan desde la óptica política sin aportar nada.

Todas las entidades del Poder Ejecutivo dentro de su estructura cuentan con unidades de organización y métodos (O&M), bajo cuya responsabilidad recaen los trabajos de visualización de funciones, procesos, procedimientos y responsabilidades, debiendo eliminarse “lo que sea grasa”, realocando al capital humano que muestre eficiencia y eficacia y que aporte valor agregado, para que de una vez por todas se los pueda brindar a la ciudadanía el servicio de calidad que se los merecen, ya que hasta ahora no pasaron de ser meras expresiones de deseo.

El avance tecnológico observado permite que todos los entes puedan estar interconectados online, agilizando el flujo de procesos que apunten a una mayor disminución de los tiempos de espera de los contribuyentes.

Da pena, tristeza y rabia seguir viendo a muchísimos funcionarios que se han “quedado en el tiempo”, cuando que la computadora la tenemos vigente hace más de 30 años, pero que al verlo siguen huyendo despavoridos.

Se caracterizan por una rigidez de pensamientos, temiéndole al cambio, haciendo que antes que una solución sigan siendo un gran problema.

El Estado debe tener como objetivo servir con eficiencia a la ciudadanía, pues si pretendemos actuar con profesionalismo, no cabe otra.

Se actualizan o definitivamente deberán dar un paso al costado, puesto que no podemos seguir sosteniendo a gente mediocre, sin ansias de superación, quien antes que aportar beneficios siguen “calentando sus sillas”, con la única “mención de honor” de ser allegados a políticos o seccionaleros.

Muchos de los que se los merecen por actitud y aptitud siguen lamentablemente esperando que se les reconozcan sus méritos, pues el objetivo y fin primario de la reestructuración y modernización del Estado debe ser buscar la eficiencia y no las simples prebendas.

Etiquetas: #capital humano

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