• POR OSVALDO ACOSTA

Disminuir los niveles de pobreza en cualquier país del mundo lleva un determinado proceso, bajo decisivas y fir­mes prácticas de políticas a partir de intervenciones de los protagonistas del Estado. Es decir, el Estado –con todos sus ministerios y demás enti­dades públicas– debe gene­rar las condiciones jurídicas, políticas y macroeconómicas para la radicación de capita­les de potenciales inversionis­tas locales e internacionales. Estas inversiones harán posi­ble la creación de puestos de trabajo para reducir esos nive­les de pobreza.

No se puede tapar el sol con un dedo es una frase poética y oportuna. Paraguay no es una isla y todo lo que ocurre en el mundo globalizado de alguna manera afecta al país. Las proyecciones estiman que el crecimiento de la economía mundial se desacelera a una tasa de 2,8 % para este 2023, debido a la incertidumbre del sistema financiero y la persis­tente inflación, como efecto del coletazo que se dio con la crisis de la pandemia de dos años (2020 y 2021). El Para­guay, por su parte, registrará un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) en torno al 4,5 % para 2023, principal­mente debido a la recuperación de la agricultura y las mejores perspectivas en la generación de la energía.

Según un informe del Ins­tituto Nacional de Estadís­tica (INE), un poco más de 1.800.000 de paraguayos viven en la pobreza, mien­tras que la pobreza extrema incluso aumentó frente a años anteriores. Los resulta­dos de la pobreza monetaria (personas que tienen ingresos per cápita inferiores al costo de una canasta básica de ali­mentos) del año 2022 demues­tran que este problema social se situó en 24,7 %, durante todo el año pasado. De ese número, 912.000 personas son del área urbana, mientras que 905.000 residen en el área rural. Por ello, dos de los temas más pre­ocupantes en la actualidad son la falta de empleos y el abultado déficit fiscal (diferencia nega­tiva entre los ingresos y gas­tos del sector público). Estos aspectos deben ser encarados como asuntos prioritarios por el gobierno que asumirá en agosto próximo.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

El equipo de transición for­mado a instancias de las autori­dades electas para la Presiden­cia de la República debe tomar intervención en las decisiones apuradas del gobierno que ya está en situación de retirada. Las repentinas convocatorias a licitación, contratos y nom­bramientos masivos que se desarrollan con urgencia por el gobierno actual solo son mues­tras de que algunos quieren “introducir la mano en la lata”.

Los datos son alarmantes: por el lado del desempleo tenemos que a finales de marzo hubo 384.013 personas que pasa­ron a engrosar la lista de des­empleados y subocupados, según la Encuesta Perma­nente de Hogares Continua (EPHC), del Instituto Nacio­nal de Estadística (INE). Deta­llando tenemos que 242.982 son desempleados y 141.031 son subempleados. Por el lado de la situación deficitaria en el sector público, se señala que al mes de abril de este año el resultado fiscal anualizado asciende a -3,5 % del PIB, equi­valente a unos 1.200 millones de dólares.

Este porcentaje del 3,5 % duplica totalmente la meta 2023 que se propuso el gobierno saliente que es del 2,3 % del PIB, violando com­pletamente la ley de responsa­bilidad fiscal que habla solo del 1,5 % para cada periodo fiscal (USD 500 millones). Por ello la importancia del manejo trans­parente de estos dos temas y que debe estar acompañado de sabiduría e inteligencia a fin de restablecer el buen funcio­namiento del aparato estatal, fundamentalmente reducir los niveles de corrupción para que el dinero alcance a todos: salud, educación y seguridad.

Déjanos tus comentarios en Voiz