“Todos y todas contra todos y todas” dijo, por separado, a este corresponsal un grupo de dirigentes oficialistas y de las oposiciones con los que consultó acerca del desguace del gabinete nacional que, desde el momento en que el presidente Alberto Fernández lo constituyera, el 10 de diciembre del 2019, con 21 ministros y ministras, hasta la actualidad, solo permanecen en sus cargos 7 de aquellos y aquellas. Las dos terceras partes del que fue su elenco ministerial quedaron en el camino a partir del momento -lejano pero no olvidado- en que la vicepresidenta Cristina Fernández apuntó contra los “funcionarios que no funcionan”.
El viernes pasado renunció la ministra de Mujer y Género, Elizabeth Gómez Alcorta y, en los días que vienen -más temprano que tarde- también perderán rango ministerial los titulares de Trabajo, Claudio Moroni y, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Muy probablemente estos dos últimos mencionados se irán sin ruido, casi en puntillas, que no es lo que sucedió con Gómez Alcorta, quien dimitió y dio a conocer una carta de tres carillas de extensión dirigida al presidente en la que critica duramente a la administración de la que formó parte por lo que ella entiende que son violaciones de los derechos humanos que, a su juicio, se habrán producido en la patagónica Villa Mascardi, donde una fuerza federal conjunta -policías federales, gendarmes y prefectos- desalojaron a grupos de la etnia mapuche que, desde muchos meses, por la fuerza ocupaban tierras y propiedades, públicas y privadas en aquella región.
La operación, que contó con autorización de la justicia federal y fue ordenada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, concluyó con la detención de varias mujeres -una de ellas con 40 semanas de embarazo- que, junto sus hijos e hijas pequeñas, fueron alojadas en la cárcel de Ezeiza, en los alrededores de Buenos Aires, unos 1.600 km al noroeste de la zona donde tienen residencia.
Los lideres mapuches, entre ellos Jones Huala, prófugo de la justicia de Chile y con orden de captura internacional, lograron mantenerse fuera del alcance de las autoridades. La crítica de la dimitente ex ministra Gómez Alcorta tiene alto impacto político porque, como abogada, justamente, ha patrocinado a Huala al igual que a la líder social Milagro Sala, quien, desde el 16 de enero del 2016 está encarcelada por la presunta comisión de varios delitos. “Este es el límite” expresó la otrora ministra a Alberto F. en su texto, ampliamente difundido.
Moroni, el titular de la cartera laboral, al parecer en horas dejará el cargo desgastado por la enorme conflictividad obrera de la que también fue víctima, en particular, durante el conflicto de cinco meses de duración que protagonizó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) paralizó por varios días a ese sector y la producción automotriz.
Las tensiones habrán de crecer. Mientras que el sindicato La Bancaria que lidera el diputado oficialista Sergio Palazzo consiguió un acuerdo de aumento salarial del 94%, el líder del Sindicato de Camioneros Pablo Moyano va por un incremento del 104%, según dejó trascender y advirtió, a quien quisiera escucharlo, que “el aumento de los bancarios no será nada al lado de lo que pedimos nosotros”. Numerosas consultoras especializadas en economía y finanzas proyectan la inflación anualizada para cuando concluya 2022 por encima del 90%.
Zabaleta, el que sigue en la lista de los que, al parecer, partirán, lo hará en el punto más alto de conflictos con las organizaciones sociales que, cada día, rodean el edificio del ministerio que ocupa, a muy pocas cuadras del emblemático Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para reclamar más presupuesto para contener los efectos de la pobreza (36,6%), la indigencia (8,8%) y el desempleo que afectan a los sectores más vulnerables de esta sociedad.
Si bien coordinados voceros gubernamentales exhiben como un logro que, respecto de mediciones anteriores la pobreza ha descendido en poco más de 1,5%, lo que estadísticamente es verificable, el incremento de la indigencia explica que el primero de los indicadores mencionados ha descendido porque un número considerable de pobres dejaron de serlo porque pasaron a ser indigentes. No salieron de la pobreza, se hundieron más.
En lo que concierne a la creación de puestos de trabajo, las demandas crecen porque poco más del 40% de las posiciones laborales se generan en la ilegalidad -trabajo en negro- y, por consiguiente, esos trabajadores y trabajadoras carecen de servicios de salud y aportes jubilatorios lo que las y los pone en seria precarización actual y futura. Seguramente, en este lunes, se conocerán los relevos ministeriales que, desde algún lugar, dejarán a Alberto F. en mayor soledad, sin aliados ni aliadas, ya que poco y nada queda del que fuera su dream team. Dramático.
Y, mucho más, porque, coincidentes portavoces oficiales admiten o reportan, aunque con la más estricta reserva de sus identidades que “no volvió a hablar con Cristina F. desde cuando la vicepresidenta fue blanco de una tentativa de presunto atentado fallido contra su vida”. La segunda al mando, quien dos semanas atrás públicamente exhortó al ministro de Economía, Sergio Massa a ser más efectivo en las políticas que aplica contra la inflación no sin antes reconocer que está “trabajando duro”, días atrás almorzó con el alto funcionario que, en horas más, viajará nuevamente a los Estados Unidos, donde no son pocos ni pocas los que consideran que en la Argentina la gestión del presidente Fernández “está agotada” y, una vez más deberá explicar los laberintos por donde transita la política aquí, que poco lo ayuda.
El colega periodista Ricardo Kirschbaum, en Clarín, sostiene que, justamente, “Massa es el primer perjudicado en esas piruetas ideológicas” y advierte que “en Washington (donde estará desde mañana) además de lidiar con las presiones internas y con las incoherencias políticas externas, deberá enfrentar a un enemigo mucho más poderoso, que es la realidad argentina diaria” a la que categoriza como un “verdadero desafío”. Mucho más cuando -si nada cambia- faltan 10 meses para las elecciones primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO) y exactamente un año para la presidencial que aparece en los múltiples horizontes encuestados como muy difícil para el oficialismo. Justamente por esa razón y especialmente desde el kirchnerismo, una de las patas de la coalición de gobierno, el Frente de Todos (FdT), se impulsa suspender las PASO o eliminarlas para siempre. Alberto Fernández, públicamente se opone. Otro conflicto que, además, involucra a las oposiciones en general y, en particular, a la coalición parlamentaria Juntos que se propone retomar la gestión del Estado que perdió en el 2019.
Allí, también hay problemas a la vez que multiplicidad de candidatos y candidatas que, precisamente, si hubiera PASO podrían ordenarse hasta complicar mucho más al oficialismo. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Martín Lousteau, Miguel Pichetto, Diego Santilli se encantan y desencantan ilimitadamente porque aspiran a la presidencia o a gobernaciones.
Por si con este panorama no fuera suficiente, cada uno por su lado pero sin dejar de mirarse, quienes lideran ambos espacios mayoritarios de la polarizada política argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández, ex presidenta entre 2008 y 2015; y, el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), ambos con más de 60% de valoración social negativa juegan a las escondidas con la ciudadanía a la que le ocultan sus verdaderas intenciones respecto de ir nuevamente por el poder o no lo que afecta profundamente a quienes legítimamente procuran la sucesión.
La sociedad, mientras, tanto en el caso de Cristina como en el de Mauricio -los dos denunciados e investigados por una justicia lenta o, por lo menos, culposamente perezosa- aguarda sentencias para saber si son o no personas decentes para votarlas o no hacerlo. Todos y todas contra todos y todas. Con clara tendencia a la ironía, no son pocos ni pocas los ciudadanos y las ciudadanas que en este país señalan “¡qué bien le iba a la Argentina cuando estaba mal!”.