• POR ALEX NOGUERA
• Periodista
• alex.noguera@nacionmedia.com

En ningún otro gobierno de la transi­ción democrática como en este salta­ron tantas denuncias de corrupción. Lo que en principio resultó ser una tímida y avergonzada voz que murmuraba sospe­chas de un negociado con las compras de insumos para enfrentar la pandemia, con el correr del tiempo se convirtió en un ensor­decedor huracán de reclamos.

Cuentan que en la época del “Tiranosau­rio”, este repartía tierras a sus amigos. Y todo su entorno se enriquecía a cambio de zalamerías y las riquezas las guardaban en búnkeres.

Cuentan que cuando se produjo el golpe del 89 hasta la bóveda del BCP fue saqueada y las propiedades de unos pasaron obligato­riamente a las manos de otras personas.

Cuentan que cuando los objetos por saquear quedaron fuera del alcance de los voraces poderosos de turno, entonces se enfoca­ron en las empresas del Estado y así fue­ron desapareciendo LAP, la Flota Mercante del Estado, el Ferrocarril Carlos A. López, entre otras, sin olvidar el quiebre de bancos y los miles de ahorristas que quedaron en la calle luego de años de paciente sacrificio.

Cuentan muchas cosas, sobre todo cómo los ladrones se especializaron con los años. Hoy los de menor rango dentro del poder son los que se “ensucian” con valores tan­gibles, puesto que los que están “arriba” tienen puesta su vista en el horizonte.

Cuentan que son tan expertos que sus arcas están tan llenas que revientan de dinero. Para eso antes endeudaron el país por déca­das, canalizaron dólares a través de trian­gulaciones y a espaldas del pueblo negocia­ron acuerdos internacionales para que el país “amigo” de siempre se lleve la mayor tajada, como lo hace desde hace casi 50 años.

Cuentan que ahora que Alí Babá y sus 40 amigotes están por saltar del barco tra­tando de hacerse con todo lo que puedan. Es natural, nunca se sacian. Pero ahora tienen una nueva idea...

Lo que no es un cuento es que existe un pro­yecto de ley que prevé la venta de inmuebles del Instituto de Previsión Social (IPS), y que incluso ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Algunos entendidos, como el ex gerente de la previsional Pedro Halley, advierten que esta iniciativa tiene que ser rechazada porque es ilegal e inconstitucional. Incluso asegura que se trata “de un nuevo intento de asalto a mano armada al sistema de pen­siones y jubilaciones de la previsional”.

Cuando las explicaciones del presidente del Consejo de Administración del IPS, Vicente Bataglia, todavía no convencen y los aportantes exigen respuestas serias sobre los contratos de limpieza, sobre los gastos en estacionamientos para ellos, sobre el faltante de medicamentos básicos y oncológicos, sobre el maltrato constante que reciben los pacientes y familiares, sobre las consultas que deben ser agen­dadas con meses de anticipación, sobre el encubrimiento de mala praxis... en el IPS “proyectan vender” los inmuebles que per­tenecen a los aportantes.

Tanto va el cántaro a la fuente, que después de soportar las situaciones más descabella­das que se pretenden normalizar, un grupo de personas decidió dar batalla y formó la aso de asegurados del IPS, que planean sea de alcance nacional ya que la previsional cuenta con 1.200.000 asegurados.

Desde abril, a través de las redes socia­les y reuniones lograron superar los 700 miembros. Es momento de que los intere­sados defiendan sus intereses porque los administradores de turno son impuestos a conveniencia desde arriba, no para el bien del instituto y de sus verdaderos dueños.

En el cuento de ellos, la cigarra se con­vierte en millonaria y la hormiga muere desamparada.

Ni el consejo ni los sindicatos operan por los asegurados, sino por sus intereses parti­culares. La historia cuenta que cuanto más se acerca el fin de un gobierno, más vora­ces son los que están de salida. Es hora de plantarse frente a los Bataglia y los suyos.