• Por Aníbal Saucedo Rodas
  • Periodista, docente y político

Ni cien juicios políticos a una fiscala general del Estado podrán redimir a este gobierno de sus pecados. El estigma de la corrupción le lacera la frente. Con esa marca lo habrán de recordar las generaciones por venir. Ni la avaricia ni la codicia tienen parámetros de contención. Las engrosadas –o extirpadas– conciencias de quienes se mueven dentro del círculo áulico del poder, y sus conexiones externas, no tuvieron compasión del dolor de miles de familias, pues en plena pandemia planearon innumerables estrategias para aprovecharse de los recursos que debieran ser destinados para enfrentar al covid-19.

A inicios de la crisis sanitaria y dentro de la ley que declaraba estado de emergencia, la administración de Mario Abdo Benítez recibió 1.600 millones de dólares en los primeros meses del 2020. Un año después, en los centros asistenciales públicos, los parientes de los que estaban internados en terapia intensiva lloraban literalmente –no es una figura metafórica– por la falta de dos medicamentos fundamentales: atracurio y midazolam. En uno de los recorridos del jefe de Estado por los hospitales, un desesperado hombre lo encaró, con voz temblorosa de angustia, por la falta de insumos, recibiendo la indignante respuesta, en guaraní: “Moópio che aikuaáta. No soy médico”. Así se grafica la expresión más ignominiosa de la insensibilidad humana, por utilizar un término eufemístico. Esas son las historias que estamos obligados a contar para que nunca y nadie las olvide.

Por lo general, algunos buceadores de nuestro pasado suelen etiquetarnos como un pueblo de memoria corta. O de olvido fácil. A esa consuetudinaria descripción debemos añadir la impresionante cantidad de datos con que la tecnología nos bombardea cotidianamente. No es raro, entonces, que los casos de corrupción descarada por la compra de tapabocas, agua tónica, camas articuladas y el intento de estafa con los insumos chinos defectuosos quedaran sepultados por nuevas denuncias que continuaban sin inmutar al gobierno de Abdo Benítez. Mientras, subrayamos una vez más, los pacientes contagiados con el covid-19 fallecían en los pasillos por falta de oxígeno ante la mirada impotente y desgarradora de sus familiares. Esta es la historia a escribir. Pero vamos a esperar que concluya este período presidencial para que sea completa y documentalmente detallada. Todas las alfombras tendrán que ser sacudidas por que no quede un solo ácaro sin examinar. El mandatario o mandataria que se haga cargo del Gobierno el 15 de agosto del 2023 deberá abrir a la fiscalización pública todas las compuertas hoy blindadas por artilugios jurídicos como “secreto de Estado”.

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La paradoja: No se combate la corrupción al interior del Gobierno (antes bien se la tolera y se la encubre), pero se promueve el juicio político a la fiscala general del Estado “por mal desempeño de sus funciones”. Hombres y mujeres comprobadamente corruptos únicamente renunciaron a sus cargos –ni siquiera fueron destituidos– por presión de la calle convertida en tribunal. Otros ni siquiera son molestados. Siguen atornillados en sus impúdicos tronos. El momento fijado para llevar adelante este proceso parlamentario evidencia la intencionalidad de sus promotores. Y es la intencionalidad la que define la moralidad o no de un acto. Eligieron el caluroso tiempo de las internas del Partido Nacional Republicano. Podemos pertenecer a diferentes organizaciones políticas, tomar posiciones dentro de los movimientos, pero nadie en uso de razón podrá desmentir que este proceso está profundamente alterado por los conflictos internos del Partido Colorado. Por tanto, desaparecen los espacios para el debate y las fundamentaciones lógicas y jurídicas para reducir la resolución a una cuestión de números.

Como nunca, el maniqueísmo se hizo carne en esa vieja práctica política de los unos y los otros: los que están con nosotros tienen el patrimonio de la honestidad y los que están en contra deben ser condenados al fuego eterno del infierno. Naturalmente, las credenciales de irreprochables se concedieron ellos mismos. En este tránsito de “camaradas de ruta” se manijean mutuamente. Entonces, aparecen los sentenciados como “liberales-cartistas”, cuando que, en la vereda de enfrente, tratando de mimetizarse, están los “liberales-velazquistas”. No hace falta exprimir el cerebro para llegar a esta inferencia. Basta con aplicar el mismo recorrido lógico de quienes reparten epítetos injuriosos para sus adversarios tratando de disimular sus propias abyecciones. Sin ignorar, naturalmente, los partidos satélites de este gobierno, como el Democrático Progresista, propiedad de los esposos Desirée Masi y Rafael Filizzola.

Los actos humanos responden a tres cuestiones básicas: el motivo (el porqué), la finalidad (el para qué) y los medios (el cómo). Todos estos presupuestos, en el caso del juicio político a Sandra Quiñónez, están infestados de internismo colorado. Sus impulsores parecen escorpiones atrapados que tratan de inyectar su veneno al primero que alcanza. Aunque sea al propio partido –el Colorado– al que dicen pertenecer por sangre y tradición. Prometo traducir en libro(s) los desmanes de este desgobierno. Buen provecho.

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