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“Tuicha la machismo ñane retãme”, resume Teodolina Villalba.

“La mujer es considerada como de segunda catego­ría, como cosa, entonces sus derechos se ven lesionados, se le paga menos, se le acosa, muchos son los problemas de las mujeres”, agrega la secre­taria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), describiendo el padecer de las mujeres en el país. La vio­lencia doméstica aumentó durante la cuarentena hasta superar las 80 denuncias por día solo en marzo del 2020, según los registros de la línea 137 SOS del Ministerio de la Mujer. El año pasado hubo 36 feminicidios que deja­ron 51 niños huérfanos y en lo que va del 2021 ya suman 6 los asesinatos de mujeres. En el 2019, siempre según datos del Observatorio de la Mujer, un 15% de las 37 ase­sinadas había denunciado a su agresor.

Villalba comenta que ante la ausencia de políticas de estado, en la organiza­ción campesina decidieron tomar el asunto entre manos y generar “brigadas de muje­res” que hacen el acompaña­miento a aquella que hubiera sufrido violencia familiar. Rodearla personalmente, hablar con su comunidad, acompañarla a seguir los trá­mites en la Policía, la Fisca­lía, en la Justicia, así, según la dirigente, se están viendo resultados auspiciosos. “Se va educando”, nos cuenta. El machismo es una matriz que parece inamovible no solo en Paraguay, sino también en el mundo.

Para la abogada feminista Mirta “Michi” Moragas, “la violencia sexual no se basa en el deseo sexual, se basa en el poder. La castración química –ni ninguna otra medida punitiva– no va a solucionar el hecho de que la sociedad está construida sobre la idea de que hay quien tiene poder y puede abusar de quien no lo tiene. La ‘castración química’ para eso se llama educación”, expuso. E insiste, “la salida de fondo es educativa, tene­mos que deshacer la base cul­tural que justifica, legitima la violencia, y ahí tenemos un problema gigantesco porque desde la resolución de Enri­que Riera sobre la educación sexual, se creó un efecto mor­daza sobre el tema de género entre maestras y profesoras”.

La también investigadora recuerda que si bien aquella medida no dio de baja ningún material educativo, de hecho en las aulas del país “no pue­den hablar de género por lo que tampoco hablan de vio­lencia y no se puede explicar la violencia sin la desigualdad de género”.

La socióloga Montserrat Vera contextualiza: “Lo que entiendo que sucede aquí y a nivel mundial es la natu­ralización de la violencia, la espectacularización en los medios, que lo que hace es promover la violencia por­que se presenta al agresor como alguien potente. Se lo presenta como un monstruo, pero un monstruo poderoso y eso en general está ligado a la masculinidad, el poder la agresividad, todo en el marco del sistema patriarcal que promueve ese tipo de valo­res como propios de la mas­culinidad”.

Expone entonces que “el feminicidio es la punta del iceberg y el témpano com­pleto son todas las formas de violencia que fueron y son naturalizadas en el país: (Alfredo) Stroessner violaba niñas y este no era un tema a condenar para esa parte de la sociedad paraguaya que todavía reivindica al dicta­dor; suceden abusos cotidia­namente, pero se acusa a la mamá, a todos, menos al abu­sador”.

Vera recuerda que se da tam­bién “el mecanismo de pre­sentarlo como una persona enferma y cuando se hace esto, lo que hacemos es ‘pato­logizar’ la violencia, cuando en realidad una ínfima parte de los que cometen actos de violencia tienen patologías psiquiátricas, no son psicópa­tas, sino personas que actúan en el marco de los valores que promueve la sociedad: la jerarquización de los géneros, la naturalización de la violen­cia, con poner a las mujeres y a las diversidades en un lugar inferior”, sitúa.

La pregunta es cómo preve­nir el feminicidio ante la rea­lidad de que no se toman las denuncias, o que las mismas son desalentadas por la Poli­cía o la Fiscalía, que las pro­tecciones que deberían ser inmediatas tardan en hacerse efectivas. Raquel Iglesias, directora general del Obser­vatorio de la Mujer, anunció recientemente un plan piloto “de respuesta rápida ante vio­lencias”, tras una reunión que mantuvieron los ministros de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, y del Interior, Arnaldo Giuzzio, “en razón de los últimos indignantes casos” .”Está en construcción”, cuenta sobre el plan, señalando que la experiencia de la consolidación de datos en el Observatorio ayudó a hacer un seguimiento de for­talezas y debilidades. De la reunión también participa­ron el viceministro de Segu­ridad Interna, Pablo Ríos, y la directora general del Sistema 911, Liliana Díaz.

“Aquí lo que se tiene que entender es que estamos ante un crimen”, dice Igle­sias recordando la vigencia de la Ley Nº 5.777/16 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”. Esta incorpora el feminicidio en el inciso a) del artículo 6 como una forma de violencia y lo tipi­fica en el artículo 50 con una pena privativa de libertad de 10 a 30 años.

“Hay que señalar que las vio­lencias aquí previstas antes eran ‘naturales’ en el Para­guay; hasta hoy mucha gente cree que es problema de siem­pre, de las parejas… Se piensa siempre que esto va a pasar, no se le da el nivel de crimen, por eso es que muchas veces vienen a retirar la mujeres la denuncias ya sea llamando o yendo al juzgado o Fiscalía, y eso desalienta a las insti­tuciones”, comenta. Por ello, para el Plan de Respuesta Rápida se están elaborando unos “criterios de riesgo en los que se prioriza la protec­ción a las mujeres que ya tie­nen denuncias hechas contra el agresor o lograron orden de exclusión; también a las que son amenazadas de muerte en reiteradas oportunidades y aquellas que denuncian que los agresores portan armas de cualquier calibre, ya sean blancas o de fuego, o abusan de sustancia lícitas o ilícitas”.

El procedimiento incorpo­raría preguntas precisas a la mujer que llama al 137, al 911, o se comunica a cualquiera de los servicios de protec­ción para ayudar a establecer estas prioridades de protec­ción a los agentes públicos. “Si se cumplen estos requisi­tos, ayudará mucho a evitar que sean víctimas de femi­nicidio, porque a las ame­nazas hay que tomarlas en serio”, apuntó Iglesias para anticipar que en la semana que comienza se van a difun­dir. Silvia López Saffi, secre­taria ejecutiva de género de la Corte Suprema de Justi­cia (CSJ), dice que la idea del Plan es “salvar vidas”.

Para ello se buscará soste­ner un sistema que se probó como piloto con los juzga­dos de Paz de Asunción y el departamento Central, donde se concentran los mayores índices de violen­cia contra la mujer. Por eso, el Poder Judicial habilitó una Oficina de Atención a Víctimas donde reciben las llamadas de las comisarías intervinientes. Allí se eva­lúa el riesgo de las denun­ciantes y se da inmediata intervención a los jueces de Paz y sus actuarios para que interpongan las medidas restrictivas o las que fueren necesarias a la mayor cele­ridad posible. En el tiempo, la idea es expandirlo hacia todo el país porque “muchos lugares tienen índices altos y no se registran los casos de violencia contra la mujer. “El subregistro es otro pro­blema”, admitió López Saffi.

Una respuesta más efectiva “se lograría mediante la dota­ción de infraestructura y per­sonal suficiente”, comentó, señalando las lógicas nece­sidades presupuestarias para que las medidas tengan éxito. Iglesias recuerda que “hay un incremento de la violen­cia intrafamiliar los fines de semana. Pusimos en relieve que en los últimos casos de feminicidio y tentativas, los agresores tenían orden de alejamiento. Además, se está viendo que las llamadas por violencia van en aumento, es el número uno en llamadas de emergencia”.

Teodolina apunta: “Lo con­creto es que con las denun­cias el agresor se va preso dos o tres días y después ya vuelve a las suyas, no se hace el seguimiento; enton­ces, como organización nos pusimos en campaña para hablar en familia, en las bri­gadas de mujeres, en hacer consciencia en el derecho de las mujeres, en el diálogo casa por casa, en los asenta­mientos, en las asambleas”, indicó. Moragas insiste en que se requieren acciones inmediatas y que el pro­blema “no tiene una solución punitivista, sino cultural, se cambia con educación”. Vera apunta a que se debe erradi­car el hecho “de poner a la mujer en un lugar inferior y dar la idea de que son como propiedad de sus parejas, una posición histórica en la que aparece como un producto más, como un bien de cambio o de negociación que se vende en la publicidad, etcétera”.

Propone también “hablar de educación sexual porque la desinformación permite que se genere más violen­cia, cuando una persona no puede nombrar lo que está viviendo, la violencia que siente, permite que siga suce­diendo de manera impune”. Allí aparecen los medios de comunicación que no tienen la mejor ni la más científica de las coberturas para esta pandemia social.

“Es una urgencia que los medios comuniquen de una manera responsable porque ahora mismo lo que hacen es contribuir a la promoción de la violencia. Un elemento es darle espacio o entrevistar a los agresores dándoles la posibilidad de justificarse, mostrar imágenes que ali­mentan morbo y revictimi­zan a las personas haciendo revivir los traumas, todo esto está muy mal”.

Después está lo cultural: “No se puede tratar a la violencia como si fuera un problema individual de pareja, de celos, o ‘crimen pasional’, es falso. Tenemos que dejar de cues­tionar a las víctimas, dejar de decir por qué no denunció antes, sabiendo que la gente no confía en que denunciar signifique protección, sino que significa más exposición, una prolongación del trauma, si las instituciones funciona­ran, eso sería otra historia”, reclamó.

“La violencia de género es una pandemia en la som­bra, tan devastadora como la del coronavirus”, expuso Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora de ONU Mujeres. Fue en oportunidad del Día Internacional de Elimina­ción de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre del año pasado, donde planteó la utópica meta de eliminar la violencia de género para el 2030. Dubravka Šimo­novic, relatora especial de la ONU sobre la violencia, también dijo lo suyo: “Mien­tras el mundo lucha contra el impacto devastador de la pandemia del covid-19 y su efecto negativo en las muje­res, una pandemia de femini­cidios y violencia de género acaba con la vida de muje­res y niñas en todas partes”, advirtió en un comunicado, en el que instó a tomar medi­das urgentes, entre las que se incluyen el establecimiento de mecanismos observado­res nacionales en todos los países para evitar esos crí­menes. Es que durante la pandemia, 1 de cada 3 muje­res ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero senti­mental, y el número de llama­das a las líneas telefónicas de asistencia llegó a quintupli­carse en algunos países. “La restricción de movimiento, el aislamiento social y la inse­guridad económica elevan la vulnerabilidad de las muje­res a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo”, expuso el organismo. Este tema será parte de la agenda del Foro Generación Igual­dad, que tendrá lugar en Ciu­dad de México entre el 29 y el 31 de marzo y se clausurará en París en junio del 2021. “Este evento congregará a personas líderes, visiona­rias y activistas de todo el mundo, de manera segura en una plataforma virtual, a fin de impulsar un cambio trans­formador y duradero para las generaciones venideras”, se informó.

Más de 13 millones de mujeres vieron desaparecer sus empleos a causa de la pandemia en América Latina y el Caribe, informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los mer­cados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a millones de mujeres y anulando avances anteriores. Hemos retrocedido más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos empleos y pisar en el acelerador de la igualdad de género”, dijo su director para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro.

Las 13,1 millones de mujeres que han visto desaparecer sus puestos de trabajo a causa de la abrupta baja en la participación laboral y el aumento del desempleo este último año, se suman a cerca de 12 millones que ya estaban afectadas por la desocu­pación desde antes de la pandemia. En total, alrededor de 25 millones de mujeres están desempleadas o se encuentran fuera de la fuerza de trabajo en este momento.

En 1976, la activista feminista Diana Russell utilizó la palabra feminicidio en el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres que se hacía en Bruselas. Lo definió como “el asesinato de mujeres perpetrado por varones motivado por odio, despre­cio, placer o un sentido de propiedad de la mujer”. El concepto fue parte de una lucha más general que instaló el movimiento feminista de los años 70, buscando desnaturalizar problemas que eran considerados personales o individuales y entender­los como sociales. La palabra terminó de consolidarse en 1992, cuando Diana Russell publicó el libro “Femicidio: la política de los asesinatos de mujeres”.

Para consultas, se puede acudir al Ministerio de la Mujer sito en Presidente Franco c/ Ayolas, edificio Ayfra, planta baja, o llamar al (021) 45 20 60. También pueden escribir a las cuentas en Facebook y Twitter: @minmujerpy. También cuentan con la línea telefónica 137, con cobertura nacional las 24 horas del día, es de acceso gratuito desde teléfono público, línea baja y todas las líneas de telefonía celular, y funciona de manera coordinada entre el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y otras instancias que se ocupan del abordaje a mujeres en situación de violencia, y el número de Whatsapp (0981) 112-127 para que las mujeres puedan anotar y enviar mensajes en el caso que necesiten y se encuentren ante un caso de violencia. Sugerimos guardar este número de emergencia en clave, de manera que el agresor no sospeche, por ejemplo “pizza o farmacia”.

Intensos movimientos continúan este sábado en Mburuvicha Róga tras el anuncio de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pidió a los integrantes de su Gabinete poner a disposición sus cargos. Uno de los primeros en dejar la cartera del Estado sería el cuestionado ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta.

El convencional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Jorge Miranda, adelantó que algunos de los nombres que fueron mencionados durante la reunión en Mburubicha Rógan son los de Eduardo Petta y del presidente de Petróleos Paraguay (Petropar), Denis Lichi.

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“Petta y Lichi son los nombres que se hablan más que están saliendo ya de sus carteras”, dijo el convencional colorado a la salida de Mburuvicha Róga. Hasta el momento aún no fue confirmado oficialmente, pero, de acuerdo a las declaraciones de Miranda, estos serían los primeros cambios que anunciaba más temprano Juan Manuel Brunetti, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), como vocero del Gobierno.

Eduardo Petta es uno de los ministros más cuestionados de este gobierno, no solo por su gestión durante la pandemia, sino desde el inicio de su administración fue fuertemente criticado por los gremios docentes, estudiantes e incluso padres de los estudiantes. A pesar de todos los cuestionamientos, críticas y pedidos de su salida, Mario Abdo, hasta hoy mantuvo firme a su ministro.

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Por su parte, Denis Lichi, también enfrentó una tormenta en el cargo tras protagonizar varios escándalos, entre ellos, una negociación de la petrolera para el pago de casi US$ 7 millones a la empresa argentina Texos Oil. Antes de sortear esta situación ya se hizo otro escándalo, la negociación con la petrolera venezolana PDVSA, que casi lo llevó a una interpelación en la Cámara de Senadores.

Por el momento, no se mencionan otros nombres, sin embargo, el convencional de la ANR refirió que uno de los que debería rever su permanencia en el cargo es el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor.

“Viendo todo lo que está pasando, Juan Ernesto tiene que tener una lectura clara de esta situación y el mismo hacer un mea culpa, y ver la situación si va seguir o no. pero eso ya dependería de él y del presidente”, sentenció Miranda.

El diputado Raúl Latorre, uno de los principales referentes del movimiento Honor Colorado, sostuvo que la situación del Gobierno de Mario Abdo Benítez ya no da para más, y desde la agrupación política piden al mandatario, acciones concretas y no solo declaraciones.

Latorre refirió que ya es insostenible la crisis en el Gobierno. “Esta situación ya es insostenible, y estamos esperando una reacción fuerte del presidente de la República, porque esto así como está es absolutamente insostenible”, refirió el parlamentario.

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Instó igualmente al presidente a tomar estas decisiones radicales para intentar por lo menos sostener a su gobierno. “En este momento, que el presidente salga a dar un mensaje, simplemente, no es suficiente. Él tiene que tomar acciones radicales si pretende intentar sostener este gobierno”, concluyó.

El parlamentario agregó que es momento en que el presidente realice cambios radicales y no solo cambios superficiales, tal como se dio con la renuncia del ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, sin embargo, quedan otros ministros y referentes cuestionados.

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“Nosotros creemos que debe plantear un cambio radical, tanto en su gabinete como en la conducción de esta nación. Renunció Mazzoleni, ante toda esta situación, sin embargo, siguen formando parte de su gabinete personas que son reconocidas internacionalmente por los escándalos de corrupción que se generaron. No va más esta situación”, sentenció.

Por otra parte desmarcó al movimiento Honor Colorado del gobierno y el oficialismo, atendiendo a que ningún integrante de esta agrupación forma parte de las instituciones públicas. “En primer lugar, aclarar que el movimiento HC no tiene participación en este gobierno, ningún ministro, ningún presidente de ente, ni ninguna autoridad fue puesta por el movimiento Honor Colorado”, puntualizó.