Por Ricardo Rivas

Corresponsal en Argentina

El presidente Alberto Fernández, ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los tenedores de bonos argentinos en default desde setiembre del 2019 –lo que no pocos analistas de los mercados financieros aún ponen en duda– comenzó a esbozar cuál podría ser el programa económico después de la emergencia sanitaria. Fernández sostuvo que, para “poner en orden todo lo que se ha desordenado”, habrá que “encerrar las economías”, para “dejar de depender del resto del mundo” y “enfocarse en el consumo interno”. El mandatario asegura que trabaja en el día después de la pandemia.

Sin embargo, algunas emergencias, como las protestas sociales con banderazos y cacerolazos –sin llamadas previas, inesperadas para las autoridades que con ciberpatrullaje procuran conocer el “humor social”, como lo informó semanas atrás la ministra de Seguridad, Sabina Frederic– crece. La espontaneidad de la ciudadanía –impensada para los que se encuentran urgidos de impunidad para no ser encarcelados o dejar las prisiones en las que se encuentran por presuntos hechos de corrupción estructural– se pone en evidencia para decir claramente “no” y exigir de la justicia, que debiera probar a cada instante ser independiente, transparencia en sus decisiones para que se haga evidente el principio republicano de igualdad ante la ley. No es una exigencia para dejar pasar. Tiene, además, enorme simbolismo, porque se produjo en el día de la independencia cuando valores tales como igualdad, libertad y fraternidad se corporizan en el espíritu ciudadano.

Covid-19, hasta pocas horas atrás, provocó 1.749 muertes y, 90.963 infectados, de los cuales 38.984 se recuperaron. El 38,6% de la sociedad “no aprueba” extender por más tiempo el aislamiento social que rige desde el 20 de marzo. Según el consultor Jorge Giacobbe, el presidente Fernández, “de aquellos 30 puntos adicionales de crecimiento que alcanzó a partir de gestionar la emergencia sanitaria, sólo conserva aún 5 y la tendencia es a la baja”. Coincide con colegas como Federico Aurelio (Aresco), Mariel Fornoni (Management & Fit) o Ricardo Rouvier (R. Rouvier y Asociados). Este último reporta que “la prolongación de la cuarentena hasta el 17 de julio continuó erosionando la imagen del presidente y del gobierno. Se mantiene la tendencia descendente”. También decrecen los indicadores de “optimismo económico” y “optimismo político” que mensura Fornoni. “En la primera semana de julio” el económico “llegó a los 28.3 puntos luego de una caída de 1.1”. El político “se mantuvo en 39.8 con una variación no significativa de 0.6 puntos. El subíndice de ‘expectativas económicas’ se ubica en 29.7 y el de ‘confianza sobre la economía actual’ es de 27.0, con una variación negativa ambos de -1.1 y -1.2, respectivamente. La política, en los subíndices ‘expectativa’ y ‘clima’ cayeron levemente, en los dos casos, hasta ubicarse en 35.1 punto, el primero, -0,7, respecto de la semana anterior; y, en 44.6 el segundo, -0.4”.

La economía cayó 26,4%. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reporta que, desde enero, hay 16.889 empresas de servicios menos; que se cayeron 4.810 productores de bienes; que 1.548 establecimientos industriales cerraron; que ya no existen 4.254 comercios; que en el sector de la construcción 2.131 empresas se derrumbaron. Sumados los datos mencionados explican la desaparición de 21.699 empresas. En enero había 542.206 firmas; febrero, 541.357; marzo, 539.053; abril, 526.434; y, mayo, el último período mensurado, 520.207. En ese mes, había 7.595.704 empleados formales. Aquellas caídas destruyeron 284.821 puestos de trabajo. Con indicadores preocupantes el mandatario intensifica el uso de la palabra. El presidente Fernández asegura saber “cuál es el horizonte” argentino cuando SARS-COV-2 –que “está en su momento más intenso”– llegue a su fin. Será entonces cuando pondrá “en orden todo lo que se ha desordenado”. Sostiene saber “por qué la pandemia fue capaz de desmoronar imperios económicos”. Ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) dijo que “llegó la hora de poner al capitalismo en su verdadera dimensión”, porque “se degradó” dado que “muchos de esos imperios olvidaron lo mejor del capitalismo y se aferraron a lo peor, que es la lógica financiera”. Afirmó que, “uno ve una vuelta atrás con el libre comercio que la globalización proponía” y exhortó a alcanzar “un mejor capitalismo”. Destacó que “todos los gobiernos se están encerrando en sus economías”, para “dejar de depender del resto del mundo y enfocarse en el consumo interno”. Sin embargo, aparece como sustancial, para la recuperación económica, resolver la deuda pública en situación de default. Grupo Ad Hoc y Grupo Exchange, en los que convergen algunos de los tenedores de títulos del Tesoro argentino no aceptan la última propuesta del ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Quieren “cambios” pero la destacan como “un paso en la dirección correcta” para una “reestructuración consensuada”. Por su parte, los grupos Monarch, Pimco, T. Rowe, Ashmore, Fidelity y BlackRock –con el mayor volumen de bonos defaulteados– rechazan la oferta. Afirman que “no” pueden respaldarla por insuficiente y puntualizan que “no” fueron consultados. “No aceptamos la última propuesta de la Argentina”, informan en un comunicado. Mientras, este país ni las empresas privadas que lo necesiten pueden fondearse en los mercados voluntarios. Con 9 defaults en la historia –3 de ellos en los últimos 20 años– Argentina no es confiable para el mundo de las finanzas ni para millones de sus habitantes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), argentinas y argentinos se resguardan en dólares a la hora de ahorrar: 222.807 millones los atesoran en bancos, aquí o en el exterior; en cajas de seguridad o, sencillamente, debajo del colchón.

La gestión externa argentina no exhibe –al igual que en el campo de la economía– líneas de trabajo definidas más allá de las acciones y expresiones del canciller Felipe Solá o del propio jefe de Estado. Alberto F., no solo no habla con sus homólogos –como lo admitió semanas atrás– sino que ocasionalmente los destrata. En el transcurso de un diálogo en ZOOM con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de responsabilizar a Estados Unidos de la desaparición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de destruir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac), aseguró que “extraña” los tiempos de Evo (Morales Ayma, en Bolivia); de Michelle (Bachelet, en Chile); de Lugo (Fernando, en Paraguay); de Correa (Rafael, en Ecuador); de Chávez (Hugo, en Venezuela); de Tabaré (Vázquez) y Mujica (“Pepe”, en Uruguay). Solo destaca al gobernante de México, Manuel López Obrador, de buena relación y confianza también para la Casa Blanca, aún en tiempos de Donald “El Pato Rengo” Trump. “El corazón tiene razones que la razón no entiende”, sostiene Blaise Pascal. Durante la cumbre virtual del Mercosur, en la que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, entregó la presidencia del bloque a Luis Lacalle Pou, jefe de Estado de Uruguay, antes de que la mandataria de Bolivia –Estado asociado– Jeanine Áñez hiciera uso de la palabra, Alberto Fernández dejó la reunión sin explicaciones. Voceros gubernamentales explicaron que “el presidente abandonó el plenario por considerar que el de Bolivia es un gobierno de facto”.

Sergio Fares –académico y consultor para inversores extranjeros– confirma que “el primer trimestre del 2020 la economía argentina mostró un desempeño negativo en sus principales variables”. Agrega que “la variación interanual del PBI fue -5,3%, y las proyecciones señalan que para fin de año ese indicador, per cápita, será similar al del 2010. El desempleo crece, la inflación, pese a que tiende a la baja, no cede y crece el déficit fiscal en ese período”. Añade que “el riesgo de default, a la vez que el avance de una economía más dirigista, con una coalición de gobierno heterogénea, impulsaron el deterioro de los indicadores que desde el 2018 caían”. En tiempo de pandemia, “como sucede con casi todos los gobiernos de los países afectados, la política fiscal expansiva es la característica principal”. El analista detalla que “en la Argentina, con fuertes desequilibrios, sin recursos propios, sin financiamiento interno y sin poder recurrir al externo, se recurre a la emisión monetaria para cubrir el incremento del déficit fiscal y la marcada caída de los ingresos”. Advierte que “en tiempos recesivos, con violento descenso en el nivel de actividad, los efectos inflacionarios de la emisión monetaria no representan un problema presente pero sí lo será a futuro”. Apunta que “con las restricciones impuestas y el temor social no solo aumentó la demanda de pesos, sino que se redujo la velocidad de la circulación monetaria, pero –advierte– esto en el corto plazo se revertirá y habrá dificultades”. Al fin de la emergencia sanitaria, Fares señala que “se llegará con retraso en las tarifas de los servicios públicos que, el algunos casos, no se ajustan desde hace 18 meses; con el precio de los combustibles congelados, con atrasos en los precios máximos de algunos productos de consumo, con un tipo de cambio oficial no competitivo, con un déficit fiscal primario altísimo, con desocupación en alza, con deterioro en el nivel de reservas, con la tasa de inversión sobre PBI en los menores niveles de la historia y, por sobre todo, con un altísimo nivel de desconfianza en el sector privado” cree que “el gobierno podría ir hacia una economía centralizada. El panorama podría agravarse si no hay acuerdo con los acreedores de la deuda pública y si no recuperan la confianza el sector privado y todos los agentes económicos”.

Juan Pablo Lohlé, peronista, ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Reino de España durante las presidencias de Carlos Menem, y en Brasil en las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, señala “como problema” que en la Argentina “hay una pirámide de poder con características muy particulares, porque el Presidente fue designado por la Vicepresidenta. Esto, crea algún grado de disfuncionalidad. Alberto depende de Cristina, en términos de poder real. A la inversa –explica–, el mandatario, poseedor del poder administrativo, lo ejerce a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta política dual, en algunos casos, puede ser complementaria, pero, en otros, definitivamente no. Mucho más cuando el Poder Judicial está ausente y el Poder Legislativo en “cuarentena”. El diplomático, cofundador del Grupo Calafate, un think tank peronista junto –entre otros– con Alberto F. sostiene que “esa situación interna se replica en la política internacional y tensiona las relaciones exteriores”. Ejemplifica: “Estamos junto a China en la rivalidad que tiene con los Estados Unidos mientras que necesitamos de la Casa Blanca para negociar la deuda pública, para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los bonistas. Sobre Venezuela, el Presidente entiende que hay una democracia y no una dictadura. Estamos con Cuba. A Europa le pedimos inversiones y cuestionamos sus políticas. Con Rusia abrimos una segunda puerta de competencia con Estados Unidos y con el Reino Unido, proponiéndole ser aliados en el Atlántico Sur y en la Antártida. Con Brasil, la mayor aspiración de la Cancillería es que vuelva el Partido de los Trabajadores (PT) al poder para continuar con el Mercosur”. Lohlé considera que “la tensión internacional generada por las acciones del gobierno argentino es parte de la confusión que se verifica en la política doméstica que se proyecta hacia el mundo”.