Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y otros son redes sociales que se han convertido en una fuerza social, política y cultural poderosa. Así como en todo el mundo, ocurre lo mismo en Paraguay. Las personas que están detrás saben que bien “guiadas” tiene un poder enorme como para alterar el desarrollo de los sucesos. Nadie puede dudar ya de que esas plataformas tienen gran incidencia en las organizaciones sociales, en los partidos políticos y aun en las elecciones de todo el mundo. También son utilizadas como armas de lucha para combatir la corrupción y a los corruptos, provocando cambios de gobiernos y renuncias importantes en todo el planeta.

La corrupción y la impunidad han de ser dos de los flagelos más perjudiciales para los pueblos y son últimamente motivos que mueven a la gente a autoconvocarse en las calles y plazas buscando de alguna manera hacer justicia. Esas redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, disponibles en los teléfonos móviles y que hoy cada ciudadano paraguayo tiene sin distinción, son el medio de expresión por excelencia de los jóvenes y por ende para la rápida organización de manifestaciones de protestas.

No hay que olvidar que la “Primavera árabe” se inició con convocatorias vía redes sociales, que se tradujo en una ola de manifestaciones en contra del entonces presidente en el 2011, Hosni Mubarak, quien renunció a su cargo tras 30 años en el poder. El pueblo acusó a Mubarak de enriquecimiento ilícito y al día siguiente de su dimisión fue detenido junto a sus dos hijos. Por otro lado, gracias a las redes sociales el mundo es testigo de los abusos de poder del presidente venezolano Nicolás Maduro. Sin esas plataformas, poco o nada de los bárbaros atropellos a los derechos humanos hubiéramos sabido. Por razones de espacio, me remito a solo dos ejemplos.

Lo que ocurrió esta semana en las plazas frente al Congreso Nacional es una muestra de que los paraguayos se han despertado y que están en alertas para hacer escuchar su indignación ante situaciones que consideran abusivas. Esta reacción, aun antes de ser concretada, provocó la renuncia de un diputado de la Nación, José María Ibáñez. El político, presionado, tuvo que irse en un intento por morigerar el caldeado ambiente político-social a pocos días del cambio de gobierno.

Está visto que las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Congreso Nacional tienen que tener especial cuidado en la gestión y el manejo de la cosa pública porque gobernarán más que nunca en una era en que los procesos administrativos son vigilados de cerca por quienes los votaron y –con más razón– por aquellos que no los votaron. Si los contralores naturales, que son hoy millones de ciudadanos, ven que los bienes del Estado no son custodiados como se debe, entonces es previsible que se produzcan protestas como las que vimos el lunes último.

En los últimos años, en todas las instituciones de los tres poderes del Estado se produjeron interesantes procesos de apertura y transparencia, con la puesta en marcha de herramientas digitales al servicio de la ciudadanía. Algunas entidades avanzaron más que otras, pero en general la mayoría hizo esfuerzos por mejorar sus servicios en la red de redes. La Ley de Transparencia Administrativa, promulgada en este gobierno, tuvo mucho que ver con este impulso de la transparencia y el acceso a la información pública. En donde existe todavía mucho campo por desarrollar, en cuanto a servicios e información, es en el ámbito de los cerca de 250 municipios y 17 gobernaciones del país. Se hacen también esfuerzos, pero requiere de mucha inversión todavía.

Creo que la ciudadanía seguirá presionando y exigiendo para que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pongan al alcance de un “click” más y mejores servicios públicos. Esto es irreversible, porque el “gobierno en línea” facilita y evita enormes costos y mucho tiempo al usuario. A la vez, esta alimentación en las “nubes” de datos de interés ciudadano es un factor fundamental para el control de la gestión pública. De hecho, existe una retroalimentación.

A ese background, que es inmenso y está a mano de cualquiera, se le suman miles de “ojos” –teléfonos inteligentes– cuyas filmaciones pueden ser compartidas al instante con cualquier persona del planeta. Imagínense el poder que significa esto para un ciudadano que sabe y puede cruzar la información disponible en internet. Así de poderosas son hoy las redes sociales con las nuevas tecnologías de la información y comunicación que hacen que cualquiera esté informado y comunicado al instante de todo.

Desde la perspectiva positiva, un político o funcionario público no debe ver a las redes con temor o como el holocausto, ya que pueden ser buenos aliados. La cuestión es entenderlas como importantes herramientas para interactuar con la gente. Todo se resume en que sus acciones vayan acompañadas con una visión de gestión para la gente, honestidad en la administración de la cosa pública, transparencia al momento de difundir los resultados y la aplicación de una administración de justicia en igualdad de condiciones (no rotundo a la impunidad). Si es así, no surgirán protestas que puedan preocupar ni la ciudadanía tampoco tendrá que ocuparse de organizar movilizaciones para hacer justicia por la fuerza.