Desde la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod) manifestaron su preocupación por la firma anticipada de contratos con cláusulas obligatorias del Reglamento 1115 de la Unión Europea (UE), ya que para ellos resulta “peligroso” porque afecta a productores e “inviable” en el contexto actual.

Explican que de imponer de manera unilateral estas condiciones en los contratos de compra-venta de soja para la zafra 2025-2026, lo harán sin consenso y sin condiciones reales de cumplir.

Piden el 100 % de segregación de los granos, es decir, que no haya ninguna mezcla. Tampoco aceptan el sistema de balance de masa, que es lo que hoy podemos ofrecer con nuestra infraestructura. Por tanto, será imposible cumplirlo con los silos, los depósitos y la logística de nuestro país, refiere un informe de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

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Alfred Fast, presidente de Fecoprod, relató que están viendo que circulan contratos para productores individuales y cooperativas donde se incorpora el Reglamento N° 1115 como condición obligatoria, “cuando el compromiso entre gremios siempre fue que su adhesión sería voluntaria”.

Para Fast, los productores deberían suscribir contratos tradicionales y, en caso de optar por vender a la UE, firmar un anexo específico que contemple las exigencias de ese mercado. “Recién una vez completadas las verificaciones, se podría asumir un compromiso de firmar”, enfatizó.

Por su parte, Ishiro Fukui, productor de la Cooperativa Yguazú, coincidió en que no se puede firmar contrato cuando no se cuenta con la voluntad ni con las condiciones para cumplir con las exigencias, teniendo en cuenta la infraestructura en los silos.

“Estamos asustados, porque desde hace mucho tiempo venimos discutiendo sobre el tema, pero ya apareció unilateralmente en el contrato de compraventa de granos. Los que somos del campo y conocemos nuestra infraestructura, sabemos que no hay capacidad en los silos para segregar la producción. El reglamento en sí, así como está ,es imposible de cumplir ”, aseguró.

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Las organizaciones del sector agrícola reiteran su llamado a actuar con cautela y responsabilidad, priorizando contratos claros y viables, y respetando los acuerdos sectoriales que garantizan la adhesión voluntaria.

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) inicia una investigación tras la subida repentina de los precios de combustibles en algunos emblemas privados. Este fenómeno de ajuste de precio al alza se verificó desde ayer en el mercado local, donde las estaciones de servicio del sector privado remarcaron sus pizarras, argumentando la situación del petróleo a nivel internacional.

En tanto, en la estatal Petróleos Paraguayos SA (Petropar) siguen manteniendo sus actuales precios en todas sus estaciones oficiales del país, garantizando incluso, desde hace algunos meses, la estabilidad. Esto fue aplaudido principalmente por las autoridades económicas del país.

Ricardo Gavilán, director de Investigaciones de Conacom, afirmó a la 1080 AM el inicio de esta investigación, además de que ya tienen identificadas a las empresas que tuvieron este comportamiento llamativo. En ese sentido, remarcó que si se halla una irregularidad, la sanción podría ser una multa de hasta el 20 % de la facturación, dependiendo de las ganancias que obtuvieron durante este reajuste.

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El director aclaró que el Estado no puede intervenir en los precios, principalmente desde la Conacom, ya que la entidad no es un ente regulador de precios, pero, desde el punto de vista de la Ley de la Defensa de la Competencia, lo que es reprochable es un “acuerdo administrativo entre las empresas”, analizando desde la libre competencia, que sí se debe proteger.

“En este sentido, nosotros ya estamos investigando el comportamiento de los precios. Yo también soy un consumidor y me salta la misma indignación cuando vemos una alza generalizada en las estaciones, sin ninguna causa aparente o lógica económica que justifique eso. Más aún porque todos están subiendo, en el mismo porcentaje y en los mismos tipos de combustibles”, manifestó.

Remarcó que la Conacom quiere corroborar si existe o no ese acuerdo.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer miércoles sanciones contra varios líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, incluido su fundador Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, sospechoso del asesinato de una influencer mexicana durante una transmisión en vivo.

El CJNG es un cartel mexicano que “utiliza el asesinato como táctica para intimidar a los rivales, e incluso enviar mensajes a otros carteles a través de los asesinatos selectivos de mujeres", afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado. Además del tráfico de droga, el CJNG está implicado en el robo de combustible, el tráfico de migrantes y la corrupción.

El reciente descubrimiento de un campamento de reclutamiento del CJNG, el rancho Izaguirre en Jalisco (centro oeste), “subraya los métodos brutales del cartel”, añade. “El reinado del terror del CJNG en México y su tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos ha destruido innumerables vidas inocentes”, denunció el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en el texto.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sanciona al líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, bajo cuya dirección el cartel “ha asesinado a rivales, a la policía mexicana, jueces y otros funcionarios gubernamentales”, acusa Washington.

También apunta a su yerno Julio Alberto Castillo Rodríguez, considerado su posible sucesor. Su “influencia” en el puerto de Manzanillo (oeste) ha facilitado la adquisición de sustancias utilizadas para la fabricación de drogas, señala el comunicado. Otro de los sancionados es Gonzalo Mendoza Gaytan.

El rancho Izaguirre descubierto en marzo pasado estaba supuestamente dirigido por Mendoza, “quien ordenaba a sus lugartenientes entrenar a los nuevos reclutas del CJNG y matar a aquellos que desobedecían las instrucciones”, afirma el Tesoro.

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Audias Flores Silva, otro sancionado, es un comandante regional del CJNG que controla zonas en los estados mexicanos de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán. El último es Ricardo Ruiz Velasco, “cercano a ‘El Mencho’ y afiliado a una unidad de fuerzas especiales del CJNG”, un cartel declarado organización “terrorista” global por Washington.

También ha estado a cargo de la comunicación y propaganda del cartel. “Ruiz ha estado implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década, incluyendo un ataque mortal a policías mexicanos y los asesinatos de un funcionario del estado de Jalisco y una modelo venezolana”, afirma el comunicado.

Recientemente Ruiz fue identificado como el principal sospechoso “del feminicidio de su supuesta pareja”, la influencer mexicana Valeria Márquez, quien fue asesinada mientras transmitía en vivo. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) sigue poniendo en tela de juicio las multas que quiere imponer la Unión Europea (UE) en caso de no cumplir con las exigencias establecidas en el marco del Reglamento 1115.

Para el gremio, las medidas que quieren imponer son irracionales y solo buscan bajar el precio de la soja paraguaya, de altísima calidad. Cuestionan la categoría de riesgo estándar que le asignó la UE a Paraguay, que implica mayores controles y auditorías sobre las exportaciones, a diferencia de países como China, EE. UU. e India, que tienen altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.

En su boletín semanal, el gremio realizó un análisis sobre qué es lo que podría impulsar al mercado europeo avanzar con este reglamento, y poner trabas a nuestro país, al igual que a Argentina, Brasil y Rusia.

Hugo Jiménez de Recalde recordó que hasta inicios de 1800, las cédulas reales eran documentos oficiales del Antiguo Régimen europeo, donde la corona comunicaba a las autoridades locales la voluntad real sobre diversos asuntos políticos, organizativos y administrativos. Estas disposiciones no se discutían, se imponían.

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Ante los abusos de poder de la Corona y la expoliación de las colonias americanas, el proceso de emancipación de España y la constitución de repúblicas independientes dieron lugar a un cambio radical en el mapa del Nuevo Mundo. La primera nación latinoamericana en independizarse —en este caso de Francia— fue Haití, en 1804. Le siguieron Paraguay (1811), Argentina (1816), Chile (1818), Perú (1821), Ecuador (1822), Brasil (1822), Bolivia (1825) y otras.

“Hace unos días, como reeditando aquellas decisiones imperiales, la UE-27 publicó la lista de países proveedores de bienes agropecuarios y forestales, junto con sus respectivas clasificaciones de riesgo”, expresó.

Luego, mencionó que en la categoría de bajo riesgo fueron incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay, entre otros. Argentina, Brasil y Paraguay fueron colocados en la categoría de riesgo estándar o medio, mientras que Rusia fue clasificada como país de riesgo alto.

Afirmó que esta clasificación se basa en criterios como la tasa de deforestación o degradación forestal, la expansión de tierras agrícolas y la tendencia de producción de materias primas y productos relevantes. En consecuencia, el Imperio Europeo, bajo el pretexto de “cuestiones ambientales”, disfraza su espíritu proteccionista y lo transforma en un argumento ambiental.

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Luego, expuso que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una fuente respetada y confiable en el mundo entero, presenta una amplia colección de trabajos sobre áreas de producción, población, emisiones de CO₂ y gases de efecto invernadero. Allí se pueden explorar las emisiones de numerosos países y regiones, de dónde provienen, cómo evolucionarán en el tiempo y qué factores las impulsan.

Finalmente, precisó que para poner algún criterio objetivo en la comparación de emisiones, deben considerarse múltiples métricas: emisiones anuales por país, emisiones por persona, contribuciones históricas y si se ajustan o no a los bienes y servicios comercializados.

“Ante la necesidad de producción de alimentos para una población cada vez más numerosa, y el papel de las naciones para enfrentar este desafío consagrado en el ODS 2, conocido como “Hambre Cero”. Este objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Busca, en definitiva, asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos durante todo el año, especialmente los más vulnerables”, aseveró.