El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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El presidente Santiago Peña encabezó el lanzamiento de Che Róga Porã 2.0, el programa impulsado por la Presidencia de la República y ejecutado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Destacó que esta renovada versión de Che Róga Porã brinda respuesta a muchos de los problemas detectados en los últimos nueves meses.

El jefe de Estado señaló que este programa de gobierno se consolida como una herramienta clave dentro de la política habitacional del país, orientada a reducir el déficit de vivienda y fortalecer el desarrollo social y económico.

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“La casa propia brinda dignidad, seguridad, nos permite enfrentar una enfermedad, una dificultad económica porque es tu principal activo, eso está demostrado. Somos conscientes que desde el Gobierno tenemos una enorme responsabilidad, debemos trabajar todos juntos, no hay espacio para las individualidades, todos debemos trabajar mancomunadamente para alcanzar los objetivos”, exteriorizó.

Peña resaltó que con este programa de viviendas se busca dejar de lado las excusas que muchas veces abundan en la políticas públicas.

“Desde el 15 de agosto, con mi compañero Pedro Alliana, vinimos a demostrar que sí se puede. Este es un proceso que requiere mucho compromiso y mucha dedicación y persistencia; de no bajar los brazos, sabiendo que el camino es muy difícil. Es escuchando a la gente a quién queremos ayudar, es que podemos dar esas respuestas”, acotó.

A su turno, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, resaltó que Che Róga Porã 2.0 inicia una nueva etapa con una propuesta ampliada y más inclusiva, que busca facilitar el acceso a la vivienda a un mayor número de familias paraguayas.

Indicó que a partir de este mes, el programa incorpora nuevas opciones de financiamiento, adaptadas a las necesidades identificadas durante sus primeros meses de implementación.

Mencionó que el programa contempla cuatro modalidades de financiamiento: construcción en terreno propio, compra de terreno y construcción, adquisición de vivienda terminada y ampliación, refacción o terminación de vivienda existente.

“Hace 9 meses que pusimos a disposición de los paraguayos un programa para financiar la adquisición de sus viviendas a una tasa de interés histórica de solo el 6,5 % y a un plazo de 30 años. Hoy seguimos apostando a que más personas se conviertan en propietarias y vean crecer a sus hijos bajo un techo propio”, expresó.

Entre las innovaciones de Che Róga Porã 2.0 se destaca la posibilidad de que las familias puedan elegir al profesional de su confianza para la construcción de su vivienda, sin perder la calidad de la obra. Asimismo, se mantiene la opción de acceder a empresas constructoras fiscalizadas.

Igualmente, permite a familias de hasta 5 salarios mínimos acceder a créditos de hasta G. 500 millones, a una tasa preferencial del 6,5% anual y plazos de hasta 30 años.

Una de las características destacadas del programa es que el pago de las cuotas se inicia una vez realizada la mudanza, lo que ofrece mayor previsibilidad y alivio financiero a los beneficiarios.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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• Por Juan Carlos Zárate Lázaro.
• Consultor financiero

Es común que tengamos dentro de nuestras empresas a perso­nas que continuamente se están quejando por cualquier minucia, convirtiéndolo casi en un hábito.

Como ejecutivo, está entre tus funciones tratar de entrenar a tu gente a que no se queje a menudo y que muestre la resiliencia necesa­ria ante diversas situaciones para poder revertirlo.

Es bueno acostumbrarse a preguntarles a los subordinados: ¿Qué te gustaría que hiciéramos al respecto? Una anécdota que había leído decía: que el mejor direc­tor con el que habían trabajado, llevaba estos temas aún más lejos y acostumbraba a pedirle a sus subordinados que les dijeran en, primer lugar, cuál creían que po­dría ser la solución y en base a ello que se los dejaran poder acertar de cuál se podría tratar el problema.

En muchas ocasiones este jefe logró evitar que permanente­mente fueran a su oficina con un problema, pues los forzaba a que pudieran encontrar la solución alternativa, dado que aplicando la “ley del menor esfuerzo” a muchos les encanta ir con problemas sin hacer trabajar al cerebro y hacer que nosotros quienes somos parte del equipo también veamos cuál podría ser la solución y no dejar todo en manos del jefe.

Es por ello que el trabajo parti­cipativo o en equipo adquiere cada vez mayor relevancia en las organi­zaciones, pues resulta más sencillo que puedan fluir diversas ideas u opiniones para luego consensuar­los antes de llegar a los objetivos y metas que se proponen.

La calidad del capital humano dentro de las empresas es prima­ria, pues cualitativa y cuantitativa­mente se hace más factible que se vayan generando ideas innovado­ras y creativas.