• Juan Marcelo Pereira
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A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.

En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausen­tismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.

La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.

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Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.

La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.

La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.

Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.

La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.

Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.

A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.

La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.

También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.

Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.

Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.

Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).

La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.

Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.

Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en pro­yectos de iniciativa privada para infraestructura y ser­vicios públicos.

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En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.

Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.

Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:

• IPS
• la Caja Fiscal
• la Caja Municipal
• la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
• la Caja de Itaipú
• la Caja Ferroviaria
• la Caja Parlamentaria
• la Caja Bancaria

El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.

Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.

El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.

Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.

La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.

El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.

Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.

El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El presidente esta­dounidense, Donald Trump, se pronunció a favor de buscar un acuerdo de paz integral en Ucrania en vez del alto al fuego que impulsaba un cambio anun­ciado horas después de que la cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, no arrojara avances claros.

Antes de la reunión en Alaska, conseguir un cese inmediato de las hostilida­des había sido una demanda central de Trump y los líde­res europeos, incluido el presidente ucraniano, Volo­dímir Zelenski, quien se reu­nirá el lunes con el manda­tario estadounidense en Washington.

Este cambio parece favore­cer a Putin, quien desde hace tiempo quiere negociar direc­tamente un acuerdo integral y definitivo. Kiev y sus alia­dos europeos, por el contra­rio, lo ven como una forma de Moscú de ganar tiempo para ampliar sus conquistas terri­toriales.

Sin embargo, esta vía es “la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su red Truth Social. “Un sim­ple acuerdo de alto el fuego (...) a menudo no se sostiene”, sos­tuvo, a pesar de haber ame­nazado a Moscú con “conse­cuencias muy graves” si no cesaba las hostilidades.

El presidente estadouni­dense, Donald Trump, apoya la propuesta rusa de tomar el control total de dos regiones ucranianas y congelar la línea del frente en otras que Moscú solo controla parcialmente, indicó a la AFP una fuente conocedora del caso.

La fuente, que pidió el anoni­mato, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, “de facto pide que Ucrania aban­done Donbás”, un área con­sistente en las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.

“Trump se inclina a apoyar eso”, dijo la fuente.

Trump habló ayer sábado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y diri­gentes europeos sobre sus conversaciones con Putin el viernes.

“El presidente ucraniano rechazó dejar Donbás”, señaló la fuente.

Zelenski ha rechazado cual­quier concesión territorial, argumentando que está obligado por la Constitución ucraniana, pero no descartó abordar el tema en una reu­nión trilateral con Trump y Putin.

En Diputados iniciarán el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

El diputado Raúl Agui­lera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Munici­palidad de Ciudad del Este, sostuvo que, conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez, se observan muchos “puntos oscuros” dentro de la admi­nistración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscu­ros y negros en la adminis­tración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corres­ponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comi­sión y finalmente será la decisión de los 80 diputa­dos que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparán­dome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir es que si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

“El informe del interventor Ramírez corroboró que se malversaron los recursos de la comuna”, expresó el edil Richard Alfonso.

El concejal esteño Richard Alfonso manifestó que mediante la intervención se habría comprobado la mal­versación de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la gestión del inten­dente Miguel Prieto, siendo el segundo municipio más grande del país en lo que respecta al manejo presupuestario.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el edil se refirió a la manifestación de una turba de funcionarios afi­nes a Miguel Prieto, el jueves pasado, en el predio munici­pal. Mientras que, esa noche, se denunció que fue violentado el despacho del interventor Ramón Ramírez.

“Al final de cuentas, no entiendo por qué hicieron toda esa turba que hicieron el jueves, siendo que el interventor vino para eso, para hacer su trabajo de audi­tar y controlar todo y encontró irregularidades en el manejo de la municipalidad. Lo cual no se trata de un hecho menor, porque estamos hablando de la segunda municipalidad más grande hablando presupuesta­riamente”, comentó.

Remarcó que, conforme al informe del interventor Ramírez, se corroboró que se malversaron los recursos de la comuna, dando un mal uso del dinero de los contribuyen­tes y eso quedó plasmado en el informe final. Destacó que el propio interventor confirmó que la forma que se maneja­ron esos recursos no fue la correcta.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República”.

Aguilera dijo que será la mayo­ría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se están corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría Gene­ral de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respal­datorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fue­ron transferidos al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso.

Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácti­camente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

El secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, sostuvo que la agrupación tradicional se encuentra bastante sólida para enfrentar a la oposición en las elecciones municipales del 2026. Detalló que el objetivo es superar las 163 intendencias conquistadas en el 2021.

“Nosotros esperamos superar la marca histórica que hemos obtenido en el 2021, donde llegamos a 163 municipios de 252. Yo Creo que por el trabajo que se está realizando desde la Asociación Nacional Republicana y lo fragmentada que está la oposición tendremos resultados importantes”, refirió a la 1330 AM.

En el año 2021, los movimientos internos más grandes del Partido Colorado impulsaron el proyecto de concordia basado en la unidad y el diálogo, sin imposiciones de candidaturas tanto para las intendencias y concejalías. La aplicación de esta estrategia política ocasionó que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), haya logrado solo 62 intendencias y los otros partidos y movimientos menores de la oposición solo 37 intendencias.

“No vamos a perder de vista el factor importante que es mantener en el poder del Partido Colorado la municipalidad de Asunción, recuperar Ciudad del Este y Encarnación que son metas importantes en el análisis que se hace desde el Partido Colorado”, comentó.

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Asimismo, González acotó: “Nosotros creemos que tenemos la confianza de la ciudadanía frente a actores de la oposición que tiene una pésima gestión como es el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto nos da la confianza por ejemplo de que vamos a recuperar ese municipio, además ya tenemos un candidato de consenso y que es el segundo a nivel país, que es el exgobernador Roberto González”.

Siguió sosteniendo que “estamos viendo que también hay una gran desconfianza en la gestión del intendente Luis Yd, tiene muchos inconvenientes, incluso hay personas que fallecieron por su ineficacia, ineptitud”.

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