Mario Balmelli, presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) indicó que el futuro de la exportación de la carne paraguaya está en la región asiática. Destacó la eventual apertura de Filipinas es significativa, mientras Japón inició el proceso de habilitación, al igual que Corea del Sur.

“Lo de Filipinas tiene una importancia significativa, esto es un proceso que se inicia con gestiones diplomáticas y gestiones sanitarias lideradas por el Senacsa. Entonces a partir de ahí se inician las auditorías y una vez que se pasen los exámenes podemos ingresar”, comentó a la 1.000 AM.

Dijo que el proceso será largo, pero la carne es un artículo que en el mundo la consumen las clases sociales medias a emergentes y en ese continente estará el 66 % de toda la clase media. “Entonces es muy importante abrir estos mercados y poner una base de trabajo en esta región para iniciar con más fuerza en esos mercados”, explicó.

Aseguró que en el 2012 el mercado importador de carne vacuna se situaba en un 40 % en los países asiáticos y en la Unión Europea el 20 % con Rusia incluida, mientras que al 2022 estuvo en el 61 % y el 9 %, respectivamente, notándose un incremento en Asia.

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El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó la semana pasada que la Oficina de Industria Animal (BAl, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Agricultura de la República de Filipinas, llevará a cabo una auditoría in situ en el país con el objetivo de evaluar la habilitación para la exportación de productos cárnicos de la especie bovina, porcina y avícola.

Las actividades de inspección están programadas del 2 al 18 de diciembre de 2024. Durante este periodo, los representantes de la BAl realizarán una evaluación integral de los controles oficiales implementados por el Senacsa.

El proceso incluirá visitas al laboratorio central, establecimientos ganaderos (bovinos, porcinos y avícolas), oficinas regionales, puntos de ingreso y egreso y ferias ganaderas. La auditoría constituye un paso clave dentro del proceso de negociación iniciado en el 2020. Su propósito es garantizar que las prácticas sanitarias y los controles oficiales del Paraguay cumplan con los estándares internacionales exigidos por Filipinas.

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El jefe de antimotines de la Policía Nacional, Enrique Martínez, confirmó que ya se identificó al agente del Grupo Lince que habría agredido a un hincha del club Olimpia. Lamentó lo ocurrido y señaló que la propia Comandancia aplicó una sanción de 48 horas de arresto disciplinario al acusado, que deberá cumplirlo en la unidad de servicio. El suboficial segundo Christian Cabral es el escopetero que le dio la golpiza al aficionado franjeado.

“En primer lugar realmente siento vergüenza ajena porque nosotros desde el comando institucional pregonamos que trabajemos con profesionalismo. Y esto embarró el buen trabajo y la buena imagen que estábamos teniendo a nivel nacional e internacional”, dijo a la 780 AM.

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El comisario principal Martínez destacó la buena imagen que arrojó la cobertura durante dos grandes eventos deportivos celebrados recientemente: el partido entre Paraguay y Argentina y la final de la Copa Sudamericana.

“De hecho que nosotros ya tomamos medidas, ya le individualizamos a este personal y está ya a disposición de Asuntos Internos. Y de mi parte como jefe de Agrupación ya le aplicamos la sanción disciplinaria de 48 horas de arresto a priori”, manifestó.

Aseveró que con la medida se busca emitir un mensaje ejemplificador a quienes cometan abusos de este tipo. “Esto va a servir de ejemplo también para todo el personal que no se ajuste a ciertas normativas. Porque nosotros tenemos que desechar ya este tema de la Policía de épocas anteriores en donde se pasaba dando golpes”, mencionó.

Dijo que la Policía tiene que evolucionar como institución y actuar acorde a las normativas y a lo que la sociedad quiere y necesita. “Entonces, nosotros ya tomamos cartas en el asunto y este personal va a ser sancionado drásticamente y que también sirva de ejemplo para los demás”, remarcó.

Los antecedentes del caso serán remitidos al departamento de Asuntos Internos que someterá a consideración de su equipo jurídico para disponer otras medidas administrativas para el personal policial denunciado.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Actores locales y regionales se reunieron en el país para abordar los desafíos del cam­bio climático y sus amenazas a la producción de alimen­tos. Fue durante el Primer Congreso Regional de Sos­tenibilidad Corporativa del Pacto Global América Latina y el Caribe (ALC) 2024. El encuentro se desarrolló en la sala de convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y contempló además temas como el suministro de agua dulce, seguridad alimen­taria, transición energética e inteligencia artificial (IA).

Sanda Ojiambo, secretaria general adjunta y CEO del Pacto Global de las Nacio­nes Unidas, hizo alusión al Informe Global de Riesgos 2024 del Foro Económico Mundial, que identificó los fenómenos climáticos extre­mos, la pérdida de biodiver­sidad y el colapso de los eco­sistemas como principales riesgos para las empresas en la próxima década.

Respecto a la seguridad ali­mentaria, el representante de FAO en Paraguay, Iván León, mencionó que cuando se habla del sistema agroalimentario, se trata de la tercera necesi­dad básica de los seres huma­nos: agua, oxígeno, alimentos. “Esto se expresa dentro de un sistema ambiental que genera recursos económicos impor­tantes para el desarrollo tam­bién de la humanidad, desde la perspectiva socioeconómica”, expresó.

Recomendó el control en los ingredientes, los proce­samientos, los ingredientes ultraprocesados dentro de la producción de alimentos y otros, conforme al manual para innovaciones en los sis­temas agroalimentarios y la sostenibilidad.