El famoso abogado F. Lee Bailey, parte del “Dream Team” de abogados que logró la absolución del exactor y exdeportista O. J. Simpson por cargos de doble asesinato en 1995, murió el jueves a la edad de 87 años.
Este renombrado y longevo abogado estadounidense, cuya presencia dominante en los tribunales lo convirtió en uno de los abogados más prominentes de la nación, falleció por causas no especificadas en cuidados paliativos en el estado sureño de Georgia, informó su familia.
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“Era genial, era inteligente, agudo como siempre”, dijo Simpson en un video tributo publicado en las redes que describió a Bailey como “quizás el mejor abogado de nuestro tiempo, de su generación”.
Bailey neutralizó a un detective de la policía de Los Ángeles en el juicio contra el exjugador de fútbol americano, acusándolo de manipular las pruebas de la escena del crimen y de albergar motivaciones racistas. Ese contrainterrogatorio fue ampliamente visto como clave para la absolución de Simpson.
La representación de clientes notorios fue marcante en la actividad de Bailey, comenzando con la revocación que obtuvo en 1966 a la condena del osteópata Sam Sheppard por asesinar a su esposa, en un caso que inspiraría a la serie de TV y la película “El fugitivo”.
Entre otros, Bailey también representó a la heredera secuestrada Patty Hearst en su caso de robo a un banco de 1976, y a Albert DeSalvo en el caso del Estrangulador de Boston.
Fuente: AFP.
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Exigen expulsar al senador Buzarquis del PLRA: “Hay que despojarse de los corruptos”
“El senador Enrique Salyn Buzarquis es la demostración de todo lo nefasto que se puede hacer en la política”, sostuvo el abogado Abel Villalba González, cuyo movimiento La Derecha Liberal exige destituir al dirigente opositor del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras ser denunciado por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por tráfico de influencias.
“Desde nuestro movimiento repudiamos todo acto de corrupción y tráfico de influencias. Buzarquis no representa los valores liberales. El PLRA debe despojarse de corruptos y volver a abrazar las ideas de la libertad y la integridad, la corrupción no debe ser perdonada”, indicó en entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Señaló que el Tribunal de Conducta de la agrupación tradicional debe actuar de manera oficiosa y desafiliar al parlamentario. “Lamentamos mucho y nos movilizó que el presidente del partido Hugo Fleitas trató de minimizar la denuncia, no se miden las cosas con la misma vara. El tribunal debe tomar cartas en el asunto, debe funcionar, nosotros solicitamos la pena máxima. No puede ser que dentro de nuestro partido tengamos frutas podridas, el Partido Liberal Radical Auténtico está pasando por una profunda crisis moral”, sentenció.
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Denuncia debe ser analizada en la convención
Villalba González añadió que de no prosperar su desafiliación mediante el Tribunal de Conducta, la acusación debe ser analizada en la próxima convención extraordinaria prevista para el 6 de octubre con la finalidad de expulsar a Buzarquis.
“Los convencionales son las máximas autoridades del partido y ellos pueden en ese estadio tomar a consideración este caso. Por más que el tema no esté dentro del orden del día, igual la convención tiene la posibilidad y autoridad completamente legal de solicitar o tomar la decisión de expulsar al senador Buzarquis”, manifestó.
Señaló además que se encuentran dialogando con convencionales cercanos a su movimiento para proponer la expulsión del legislador. “Estamos hablando para que ese día se pueda demostrar una postura que tienda a mejorar la imagen del PLRA y despojarnos de los corruptos”, sentenció.
Datos claves
- Desde el movimiento la Derecha Liberal exigen la destitución del senador Buzarquis del PLRA.
- Enrique Salyn Buzarquis es la demostración de todo lo “nefasto que se puede hacer en la política”.
- Señalan que la denuncia por tráfico de influencias contra el legislador debe ser analizada por el Tribunal de Conducta.
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El brasileño Kassem Mohamad Hijazi recuperó su libertad luego de su extradición a EE. UU.
El abogado Eduardo Cazenave, representante legal en nuestro país del ciudadano brasileño Kassem Mohamad Hijazi, confirmó que su representado recuperó su libertad en los EE.UU. luego de ser extraditado de nuestro país por el delito de lavado de dinero.
Mohamad Hijazi ya se encuentra en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, desde el pasado domingo luego de recuperar su libertad en el proceso penal que enfrentó en los EE. UU.
Cazenave indicó que Kassem Hijazi asumió uno de los cargos por los cuales se le procesó en el país norteamericano, por lo que fue beneficiado con una pena más baja. La detención de Hijazi se llevó a cabo el 24 de agosto de 2021 durante un procedimiento llevado a cabo por el fiscal fallecido Marcelo Pecci, quien contó con el apoyo de la Administración de Control de Drogas en los EE. UU., más conocida por las siglas DEA.
Fue acusado por la OFAC de ser el cerebro del lavado de dinero del narcotráfico en la triple frontera y financiar a organizaciones terroristas, como Hezbollá, pero sin embargo, a dos años y dos meses de haber sido extraditado a los EE. UU. por dichas causas, la justicia de ese país le otorgó la libertad.
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De acuerdo al pedido de extradición que llegó a nuestro país, Hijazi operaba como líder de una organización que por medio de distintas técnicas transfería de manera efectiva sumas de dinero a mercados internacionales, eludiendo los controles financieros.
El dinero que recaudaba presuntamente Hijazi iba destinado a grupos internacionales de crimen organizado, entre ellos el Hezbolá, una organización musulmana chií. En nuestro país no cuenta con ningún proceso penal.
En el 2004, el exvicepresidente Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte lo investigaron por presunta evasión cuando se desempeñaban como fiscales en el Alto Paraná.
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Denuncian varias irregularidades en caso de coacción sexual
El abogado Miguel Godoy, defensor de Axel Fabián López Orué, procesado por el supuesto hecho punible de coacción sexual y violación, denunció varias irregularidades en el presente proceso penal que debe tenerse en cuenta en el juicio oral y público que se está desarrollando.
Godoy señaló que se cuenta con los elementos para poder corroborar dónde estaba mi defendido el día en que supuestamente ocurrió el hecho punible denunciado y a su vez se tiene pruebas científicas dónde estaba su defendido, quien cuenta con varios testimonios.
Agregó que hoy día “tenemos un terrorismo de Estado en cuanto al incumplimiento de los plazos procesales”, dijo. Del mismo modo, criticó que el acusado está con arresto domiciliario hace cinco años, superando el plazo que establece la ley para estar con medida cautelar sin condena.
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Igualmente, Godoy denunció otra irregularidad en el presente caso, que la fecha para presentar la acusación fue el 29 de mayo del 2018 y dicha fecha fue notificada a todas las partes, pero el juez de garantía se percató el 21 de junio del mismo año que la fiscalía no presentó acusación.
Por su parte, Graciela Orué, madre del acusado, indicó: “Mi hijo estaba en Villarrica cuando se denunció, y la supuesta víctima estaba en mi casa en el barrio San Pablo a la espera de poder viajar a Sudáfrica”.
“Tenemos varios elementos de prueba para poder probar que mi hijo no estaba en mi casa, como el pago de combustible, la triangulación de celda del teléfono de mi hijo, testificales y fotografías de peaje y facturas de peajes”, manifestó la madre.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está integrado por Ana Carolina Silveira, Leticia Fracci y Rilsi Ortiz. La fiscala del caso es María Angélica Acosta, quien deberá atender con objetividad el presente proceso penal.
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Exaliados de Prieto tumban falacia de perseguido político: “Es un ladrón”
“Miguel Prieto es un ladrón, desvió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enríquez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudadanía en el marco de su campaña prematura para la presidencia de la República.
Enríquez quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana sostuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principalmente de sus exaliados políticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comicios municipales del año 2019.
“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana constituyen un equipo que trabajó en el proceso de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Trabajamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se produjo la separación de la dirigente del Partido Colorado Sandra McLeod de la intendencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir informes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.
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Señaló que las irregularidades iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Agregó incluso que fueron los propios operadores de Prieto quienes felicitaron a la Contraloría Ciudadana documentaciones con el fin de someter a Prieto a investigaciones.
“La gente de su entorno indicaban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas también se encuentran fundadas mediante informaciones obtenidas por la norma de acceso a la información pública.
Las afirmaciones de Enríquez surgen tras concretarse este último miércoles una serie de allanamientos fiscales en el marco de la denuncia número 39 contra Prieto. El caso guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares, denuncia que fue impulsada por la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.