Desde el Ministerio de Defensa y Bienestar Animal confirmaron que los gatos que fueron arrojados en distintas bolsas en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, fueron rescatados, atendidos y ahora ya se encuentran en un refugio. Las autoridades están investigando quiénes fueron los responsables del criminal acto.

Se trata de un total de 30 gatos que fueron arrojados en varias bolsas tipo arpillera detrás de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, una de las bolsas incluso quedó colgando del alambre que protege el vallado de seguridad del penal. Los mismos fueron rescatados y atendidos por la organización “Protección Animal Amambay”.

Según el ministro de la Defensa y Bienestar Animal, Héctor Rubín, están investigando cómo ocurrieron los hechos en este caso y buscan a los responsables de este acto. “Buscamos dar con las personas que cometieron esta barbaridad contra estos pobres gatitos. Se trata de un intento de asesinato, es un acto muy cruel el meter a unos animalitos en una bolsa para que mueran lentamente”, explicó en entrevista con Unicanal.

Puede interesarle: Estudiante denunció estafa por G. 9 millones en local que luego “desapareció”

Afirmó que una de las hipótesis que manejan es que serían gatos que estaban dentro del penal y que aparentemente fueron arrojados por los internos. Atendiendo a está hipótesis el ministro de Justicia Ángel Barchini se comprometió a buscar las imágenes de seguridad para descartar o confirmar el acto cometido en la fecha.

“Estamos haciendo un trabajo en equipo y eso es lo fundamental para resolver este tipo de casos. Ojalá se puedan lograr las penas máximas para actos criminales de este tipo y tenemos que luchar en conjunto para conseguir penas más altas. Actualmente, son muy bajas y eso hace que la gente siga siendo cruel con los animales”, puntualizó.

Podés leer: Ñu Guasu: multan a conductores por adelantarse indebidamente por banquina y bicisenda

La Policía Nacional logró detener a unos hombres que estaban circulando en la vía pública en la ciudad de San Lorenzo y cada uno llevaba una bolsa en actitud sospechosa, tras realizar un control de rutina pudieron percatarse decque en el interior de estas había presunta marihuana. Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Según el reporte policial, estas personas fueron detenidas en pleno centro de la ciudad universitaria y quisieron hacer creer que lo que llevaban eran lechugas u otro tipo de verdeos para ensalada, pero los agentes les pidieron verificar las bolsas. Tras la revisión se dieron cuenta de que se trataba de algún tipo de sustancia ilegal.

Los aprehendidos fueron identificados como Osvaldo David Sander Barreto, 35 años; Carlos Alberto Vázquez González, 35 años; y Daniel Báez Silva, 24 años, este último con antecedente por violación a Ley 4036/10 Portación y Tenencia de armas- año 2022, arresto domiciliario y transgresión a Ley N.° 1340/88 y resistencia.

Te puede interesar: Realizan minga ambiental en el cementerio de Lambaré

“Del poder de estos tres hombres fueron incautados tres bolsas de polietileno cuyo interior contenían supuesta marihuana y tres aparatos celulares. Los aprehendidos junto con lo incautado se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, expresaron en el reporte policial de la comisaría primer de la ciudad de San Lorenzo.

El hecho fue comunicado por los agentes intervinientes al Ministerio Público que solicitó a agentes antinarcóticos que se realice la prueba para confirmar si se trata de marihuana y poder disponer la situación de los demorados. Por el momento siguen detenidos en la comisaría primera de la citada ciudad.

Leé también: Meteorología analiza la categoría del tornado registrado en Cordillera

Las autoridades mexicanas confirmaron este martes que los restos hallados la semana pasada en bolsas en una fosa clandestina corresponden a por lo menos ocho trabajadores de un call center del estado de Jalisco (oeste) reportados como desaparecidos. “Las pruebas periciales (...) confirman que corresponden a los jóvenes que laboraban en un centro de operaciones (telefónicas) en Zapopan y que contaban con denuncia de desaparición”, señaló el gobierno de Jalisco en un comunicado, basado en un reporte de las autoridades forenses.

Simultáneamente con este anuncio, la fiscalía de Jalisco reportó el hallazgo de otros 27 cadáveres en una tumba que había sido descubierta el pasado 25 de mayo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, suburbio de Guadalajara. Ocho de esos cuerpos ya fueron identificados, aunque el organismo no ofreció detalles. Los restos de los empleados del call center fueron ubicados el pasado miércoles dentro de medio centenar de bolsas que forenses y socorristas recuperaron de un despeñadero del municipio de Zapopan, otro suburbio de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco. No se informó en lo inmediato cómo murieron los trabajadores.

Según el gobierno federal, el centro telefónico estaría involucrado en fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas, de acuerdo con las primeras indagatorias. Las víctimas habían sido vistas por última vez entre el 20 y el 22 de mayo, según las denuncias de sus familiares. Jalisco es el estado en México con mayor número de personas desaparecidas, más de 15.000 desde 1962 hasta la fecha, de un total de 110.771 casos en todo el país. Según expertos en temas de seguridad, el fenómeno de las desapariciones está relacionado principalmente con las guerras entre cárteles.

Lea más: EE. UU.: graduación escolar empañada por ataque armado

Familiares de los ocho jóvenes habían denunciado la lentitud de las autoridades para localizar a sus seres queridos e interrogar a los responsables del call center. “Para ellos no hay empresa, para ellos no hay dueño, para ellos hay una casa donde hubo un call center, punto”, había señalado en días pasados Arturo Robles, padre de una de las víctimas del mismo nombre.

Los otros jóvenes fueron identificados como Carlos Benjamín, Jesús Alfredo, Mayra Karina, Jorge Miguel, los hermanos Itzel Abigail y Carlos David y Juan Antonio, según la fiscalía, que por ley se reserva los apellidos. Las autoridades estiman que muchos de los desaparecidos en todo México se encuentran enterrados en fosas secretas, cuyo rastro siguen parientes agrupados en decenas de “colectivos de búsqueda”.

Los hallazgos de restos son cotidianos. El lunes, una de esas organizaciones informó que había encontrado seis cadáveres en la población de Salamanca, estado Guanajuato (centro), uno de los más violentos del país. Asimismo, este martes la Fiscalía de Colima (oeste) reportó que había encontrado “92 restos humanos y óseos”, sin precisar a cuántas personas corresponden.

Lea también: Diputados de Bukele reducen de 84 a 60 bancas legislativas

Tan sólo en Jalisco, desde diciembre de 2018 hasta abril de 2023 han sido localizadas 136 fosas clandestinas con 1.573 cuerpos. Las desapariciones “se dieron a raíz de la decisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 2015 de expandir sus fronteras. Invaden Michoacán, Jalisco, se lanzan hacia Zacatecas y otras zonas del país”, desatando cruentas luchas, comentó a la AFP David Saucedo, especialista en seguridad.

El CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera “El Mencho”, por quien Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, sigue en expansión tratando de monopolizar el narcomenudeo y controlar más rutas hacia Estados Unidos”, una estrategia que incluye el reclutamiento forzado de jóvenes y el exterminio de bandas locales. Desde 2006, cuando México lanzó una ofensiva antidrogas con participación militar, se contabilizan más de 350.000 homicidios, la mayoría atribuidos por las autoridades a las guerras del narco.

Fuente: AFP.

• Buenos Aires. Argentina.
• Por Carolina Vanni.
• Enviada especial.

Comerciar productos en gran volumen no es una tarea fácil y menos fijar un precio que sea conveniente para ambas par­tes; es decir, para el compra­dor y el vendedor. Pero para los productores de granos, cerea­les, oleaginosas y sus derivados este tipo de transacciones ya resulta común, pues es parte de su negocio habitual.

Actualmente, para comerciar en nuestro país con este tipo de productos, se hace entre las partes, pero sin informa­ción pública de precios ni un lugar donde resolver dife­rencias, en caso de que los hubiere. Paraguay no es un formador de precios, es un tomador de los mismos.

Al respecto, para cerrar los precios en Paraguay, los pro­ductores, y las comerciali­zadoras, las industrias y las agroexportadoras parten de la información de los pre­cios de Chicago y se hacen los ajustes (positivos o nega­tivos) de acuerdo a los pre­cios más regionales/locales. A esos últimos se los llaman basis o premio y estos precios los recogen las empresas pri­vadas (brokers y/o consulto­ras), consultando a las com­pradoras y vendedoras para después hacer un promedio y publicar.

Sin embargo, a pesar de ser una fuente de información transparente, se puede acce­der a la misma a través de una suscripción ya que es un ser­vicio pagado. Con la informa­ción del precio en Chicago y las basis, las partes buscan cerrar su negocio, explicaron desde la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleagino­sas (Cappro).

“Los productores y las indus­trias, exportadores, comer­cializadoras tienen informa­ción de los precios de Chicago y otras bolsas, además de pre­cios más regionales/locales. A esos se los llaman basis o pre­mio y estos precios los reco­gen las empresas privadas, consultando a las comprado­ras y vendedoras para después hacer un promedio y publi­car”, explicó Miguel Chaves, economista de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas (Cappro).

“Pero eso solo lo difunden a las personas que están suscri­tas a su servicio. Con la infor­mación del precio en Chicago y los basis, las partes buscan cerrar su negocio”, añadió.

Los productores de la región, como el caso de la Argentina, tienen la garantía de realizar sus transacciones mediante las distintas bolsas que les ofrecen seguridad, confianza y trans­parencia a la hora de hacer negocios. Se tratan de acuer­dos privados, que, al estar ins­criptos en la bolsa, ofrecen la garantía de cumplimiento y en caso de algún desacuerdo, se puede acudir a la Cámara Arbi­tral en busca de una mediación o un arbitraje.

Los procesos mencionados tie­nen de ventaja que los media­dores y los árbitros son per­sonas que representan en forma equilibrada a la oferta y a la demanda y son parte de los agronegocios; por ende, conocen sobre el tema a diri­mir, a diferencia de los jueces de la Justicia ordinaria, además son procesos más rápidos, no se tarda mucho en dar a conocer un fallo que debe ser cumplido en el plazo establecido para no ser excluido del sistema. Para conocer más sobre este tipo de negociaciones y cómo fun­cionan las bolsas de Buenos Aires y Rosario, de la mano de la Cappro, y junto a un grupo de periodistas, visitamos la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Ambas entidades tienen mucho más de 100 años de vigencia y manejan un importante volumen de com­pra-venta de granos, cerea­les, oleaginosas y sus deriva­dos, generando un valor de referencia que sirve al mer­cado para las negociaciones posteriores de estos rubros y de todo lo que se negocia mediante la bolsa. Tanto en Buenos Aires como en Rosa­rio, se saca un estimativo y se publica el precio que osciló el día anterior de los distintos productos y derivados, cuyos negocios fueron inscriptos en esas bolsas.

A nivel local, desde el 2017 nuestro país cuenta con la Bolsa de Productos de Para­guay (BPP), un espacio que busca optimizar y dinamizar la comercialización de gra­nos, cereales, oleaginosas y derivados. Entre las múlti­ples ventajas, ofrece la faci­lidad para acceder a instru­mentos de gestión de riesgo, un mejor conocimiento de los precios de mercado, reduc­ción en los costos de la tran­sacción, entre otros.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario es también una aso­ciación civil sin fines de lucro fundada en 1884, con más de 1.200 socios en la actualidad y 300 colaboradores. Tiene 128 opera­dores autorizados, de los cuales 103 son corredores de granos, 3 cooperativas y 22 exportadores e industrias. Entre los objetivos está promover e impulsar el desarrollo de mercados de produc­tos, capitales y otros activos; proveer el ámbito más adecuado para los negocios en un marco de transparencia, seguridad y lega­lidad; procurar de las autoridades una adecuada legislación rela­tiva al comercio, producción, finanzas y economía en general, res­petando la propiedad privada y la libre iniciativa.

Se trata de un mercado no institucionalizado (over the counter), con oferentes (corredores y cooperativas) y demandantes (expor­tadores, fabricantes de aceite, molinos, etc.), que negocian en forma privada e individual las condiciones de los acuerdos. Según las estadísticas, en 2021 se registraron cerca de 57 Mt en 138.500 contratos (≈ 40% de la cosecha). Julio Roldán, presidente de la Cámara Arbitral de Cereales, explicó que registrar una transac­ción tiene un costo ínfimo, por lo que resulta beneficioso para las partes hacerlo, pues en caso de conflicto pueden acudir, sin costo, a un mediador o al tribunal arbitral.

La Bolsa de Cereales de Bue­nos Aires es la entidad empre­saria más antigua del vecino país, fundada el 15 de mayo de 1854. Sus actividades de ini­cios fueron en la Plaza de las Carretas, actual plaza Mise­rere. Se trata de una asocia­ción civil sin fines de lucro, cuyas funciones principa­les son las de representar los intereses de sus asociados y la prestación de servicios. Entre los objetivos, se encuentran el desarrollo de la actividad eco­nómica en el mercado local e internacional; generar y pro­mover un marco de buenas prácticas, políticas y procesos en la producción y comerciali­zación, entre otras. La activi­dad en la bolsa se realiza en un marco de amplia libertad de comercio y asociación.