La exministra del gobierno de Abdo Benítez hizo referencia sobre una supuesta mutación de las mafias y las acciones del actual gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.
El legislador sostuvo que son ellos, colaboradores e incluso el expresidente Abdo, los que deben responder sobre el auge del narcotráfico y los vínculos con narcotraficantes, en ese gobierno.
“Desviar la atención es la marca registrada de Mario Abdo Benítez y su gavilla. Tienen que explicar el auge del narco y sus vínculos con su propio ministro de Senad y luego ministro del Interior. Típico, se les viene la noche. Que les cuenten sus mentiras a los fiscales y jueces”, cuestionó el senador Leite para La Nación/Nación Media.
Así también, afirmó que es el momento que los integrantes del gobierno anterior, empezando por Mario Abdo, den explicaciones sobre los vínculos que se mantuvieron en esa época con personas apuntadas como narcotraficantes, como es el caso del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, que precisamente está enfrentando un proceso judicial.
“Usa la victimización, tiene límites en los medios amigos y en la gente, llegó la hora de demostrar por qué liberaron las fronteras para que campee el narcotráfico en la era Marito y por qué el ministro del Interior del gobierno anterior (Arnaldo Giuzzio) se fue de vacaciones en el auto proveído por una persona sindicada como capo narco, espero que le hayan aclarado a la OEA (Organización de los Estados Americanos) esos temas”, apuntó el senador para LN.
Finalmente, criticó que ninguno de los que formaron parte del gobierno anterior no tienen autoridad moral para dar ese tipo de manifestaciones o apuntar a un gobierno sobre las acciones en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“Ninguno de los denunciantes, ni abogados, ni mandantes tiene un ápice de autoridad moral o de credibilidad ciudadana, deben enfrentarse a la Justicia. Sus mandantes deben enfrentarse a la Justicia”, sentenció.
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Giuzzio y Fernández huyen y con chicanas evitan enfrentar a la justicia
Los abogados de los exministros René Fernández y Arnaldo Giuzzio presentaron sendas chicanas para que sus clientes no tengan que prestar declaración indagatoria ante los fiscales que investigan el esquema de filtración de la Seprelad con fines políticos. Con el argumento que existen varios recursos pendientes de decisión en la Corte, las defensas solicitaron el aplazamiento de las diligencias y siguen eludiendo dar su versión de cómo se dieron las filtraciones.
El exministro Anticorrupción René Fernández y el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, ambos imputados por siete delitos en el presente proceso, presentaron la misma chicana, por esa razón los fiscales Fabielo Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria deben volver a fijar una nueva fecha para que los procesados concurran al Ministerio Público.
ANTECEDENTES
Este caso se inició luego de que el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, presentase una denuncia en la que señaló que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se incurrió en las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas. Todo esto se hizo a través de la Seprelad.
Tras la denuncia, la Fiscalía investigó los hechos y se comprobó que existían elementos relevantes para sospechar que efectivamente se cometieron los delitos expuestos por Ovelar. Ante esto se imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, así como los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato a presidente de la República Santiago Peña. Sin embargo, el proceso no puede avanzar por las constantes chicanas que presentan los imputados para frenar el accionar de la Justicia.
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Ovelar desnudó antecedentes de abogados de Abdo y su gavilla
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, realizó una radiografía de los abogados de los imputados en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con sus antecedentes y “perlitas”.
En el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, Ovelar cuestionó que mediante un show mediático los letrados de la contraparte pretenden desviar la atención referente a la denuncia presentada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores directos por el esquema de persecución política contra los adversarios y la filtración de datos confidenciales, con fines meramente proselitistas.
Indicó que los abogados de la gavilla están empecinados a desmeritar el caso sin siquiera responder si se filtró o no información sensible y si se creó o no un esquema de persecución política durante la administración adbdista. En el afán de influir en la opinión pública, según resaltó, se difundieron chats montados “para embarrar la cancha y desacreditar la investigación”, publicó hoy.com.py.
“Hay que mirar quiénes son y cómo actúan los abogados defensores. Solamente plantean incidentes de nulidad y recusaciones, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso, llegando incluso a la Corte Suprema de Justicia y en ningún momento discuten sobre si existieron las filtraciones y la creación de oficinas paralelas”, subrayó Ovelar.
LOS DEFENSORES
Sin nombrarlo, pero refiriéndose a Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías, dijo que en el grupo de abogados figura “un exmiembro del Consejo de la Magistratura que llegó al Jurado de Enjuiciamiento y llamativamente asume él la presidencia luego de la destitución del anterior (Jorge Bogarín) tras ser declarado significativamente corrupto”.
“Tenemos también a un asesor jurídico (Carlos César Trapani). Me imagino que todas aquellas maniobras y jugadas que se realizaban dentro de las instituciones eran sometidas al Poder Ejecutivo”, indicó Ovelar. La defensa de Mario Abdo Benítez es ejercida por Carlos César Trapani, quien se desempeñó en el anterior gobierno como asesor jurídico de la Presidencia.
También se refirió a la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola. “Una exministra de Justicia que tenía nexos formales e informales con grupos criminales porque manejó las cárceles del país”, expresó. El profesional mencionó que en este grupo hay “un abogado que era el encargado permanente de la persecución a Tabesa”. Ovelar consideró que es innegable el activismo de los medios de prensa aliados al abdismo.
CHICANAS
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, así como los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo, Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Los abogados defensores Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui; Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna en representación de los imputados Carmen Pereira y Pereira Cohene; Emilio Fuster defensor de los imputados Arnaldo Giuzzio y Guillermo Preda; y Enrique Kronawetter, quien ejerce la defensa de Daniel Farías, se pasaron presentando chicanas para impedir que el caso avance.
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Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
- LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
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Los numerosos “narcovínculos” del gobierno de Mario Abdo
- Unidad de Investigación
- investigación@nacionmedia.com
Mientras pasa el tiempo, más son los vínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del crimen organizado. Pagos de coima, relaciones cuasifamiliares, favores y regalos de narcotraficantes y hasta filtraciones de informes que formaban parte de algunas de las investigaciones más importantes son tan solo algunos de los elementos de esta historia.
Bolígrafos costosos, préstamos de vehículos como parte de coimas, acuerdos por millonarios contratos con el Estado, relaciones familiares y filtraciones de datos sobre investigaciones. Mientras pasa el tiempo, cada vez son más los narcovínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del hampa.
MARITO, EL “JUDAS”
El primer gran escándalo del gobierno Abdo en relación con el narcotráfico comenzó en setiembre de 2018, cuando la operación Berilo 2.0 derivó en la detención del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Poco después de la detención, salieron a la luz fotografías de Cabaña junto al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En diciembre de ese año, el entonces abogado de Cucho, Pedro Wilson Marinoni, reveló que el imputado había financiado la campaña proselitista del exmandatario.
En mayo de 2019, Cucho dijo sentirse “defraudado” y traicionado. Dijo que había varios Judas, aunque no quiso dar nombres. Sin embargo, fue el propio Marinoni quien dijo que su cliente se refería con el personaje “Judas” al propio presidente Abdo Benítez.
LOS SUPERPODERES A GIUZZIO
Las acciones que terminaron favoreciendo a personas salpicadas por vínculos con el hampa se iniciaron el mismo día que asumió Mario Abdo. El mismo 15 de agosto de 2018, el recién llegado a Palacio de López firmó un decreto por el cual dejaba sin efecto un decreto del expresidente Horacio Cartes, volviendo a otorgar al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) potestad discrecional para mover cargos dentro de la institución.
Con esto, Arnaldo Giuzzio terminaría poniendo en puestos clave a personas que resultaron ser funcionales a grupos del crimen organizado. Pero, amable lector, tenga usted paciencia que ya llegaremos a esa parte de la historia.
UN BOLÍGRAFO Y UN VICEMINISTRO
En enero de 2020, el entonces viceministro de Política Criminal, el exfiscal Hugo Volpe, tuvo que renunciar al cargo luego de que saltara que estaba siendo investigado por autoridades brasileñas por la supuesta recepción de una coima por parte del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
Uno de los fiscales que quedó a cargo de la investigación en Paraguay confirmó que, de las diligencias realizadas en la causa, se pudo constatar que el abogado Edson Francisco Sánchez Benítez fue en representación de María Alciris, que es esposa de Minotauro, hasta la Unidad de Narcotráfico, en dos ocasiones, y que entregó un bolígrafo valuado en unos USD 900, al entonces fiscal Volpe, en junio de 2019.
En noviembre de 2019, Volpe había sido llevado al cargo de viceministro de Política Criminal por la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien es actualmente abogada de Mario Abdo.
OTRO CASO DE SUPUESTA COIMA
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero junto con su amigo Alberto “Beto” Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza Py.
De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Beto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional.
GIUZZIO, PARTE I
El caso del exministro del Interior y la Senad del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, es una representación vívida de los cercanos vínculos de la administración con el crimen organizado. Procesado por supuestas coimas de un capo narco, su gestión fue salpicada por filtraciones a otro jefe mafioso y también resulta tener una cercana vinculación con un tercer líder del hampa.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que prestó una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marqués.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco entre julio de 2021 y febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
GIUZZIO, PARTE II: LAS FILTRACIONES
El memorándum 407/2023 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confirmó la presencia de equipos de espionaje que ingresaron al país de contrabando y que estaban bajo la custodia de la institución antinarcóticos. Estos equipos de alta tecnología fueron encontrados en la Dirección de Inteligencia de la Senad, dirigida por Mauro Ruiz Díaz, apodado Topo Mayor, quien supuestamente filtraba información a Miguel “Tío Rico” Insfrán, según la investigación del fiscal Deny Yoon Pak en el caso A Ultranza Py.
La adquisición de estos equipos, que incluyen el avanzado software espía FinFisher (también conocido como FinSpy), no fue documentada adecuadamente. FinFisher, desarrollado por Gamma Group, está diseñado para agencias de seguridad y gobiernos para realizar actividades de vigilancia y espionaje. Sus características principales incluyen la interceptación de comunicaciones, la captura de correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, así como el acceso y control remoto de dispositivos.
UN VÍNCULO CASI FAMILIAR
Como si todo esto no fuera suficiente, todavía queda otro vínculo de cercanía con Alberto Koube Ayala, considerado como uno de los jefes del esquema de narcotráfico y lavado de dinero junto al uruguayo prófugo Sebastián Marset.
Gianluca Giuzzio, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo e hijo del exministro abdista, está casado desde 2021 con Katherine Himmerlich.
Katherine es sobrina de Jorge Himmerlich y nieta de Noemí Koube, propietarios de la firma Europrint SA, investigada en 2014 por la evasión de más de G. 5.500 millones en impuestos.
Noemí es hermana del papá de Alberto y Fátima Koube Ayala y estos dos últimos son tíos de Katherine. Lo que convierte al exministro Giuzzio en familiar político de los procesados por el conocido como el mayor esquema de narcotráfico y lavado de dinero alguna vez detectado en Paraguay.
ZULLY Y SU CONVENIO CON UN NARCO
A finales de 2021, plena etapa de investigaciones de lo que sería el gran operativo antinarco A Ultranza Py a inicios de 2022, la ministra de la Senad estaba firmando un convenio de “varios programas de prevención de consumo de drogas” con la Cooperativa San Cristóbal, según difundió en ese momento la institución.
El acuerdo sería normal si el titular de la mencionada cooperativa en ese entonces no fuera uno de los objetivos de A Ultranza Py, Juan Carlos Ozorio, exdiputado procesado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Otra “coincidencia” más de los vínculos del gobierno de Abdo Benítez con el mundo narco y el argumento de siempre de nunca estar enterados de quiénes son sus aliados. Así pasó con Giuzzio y Vinicius, el exministro también dijo no saber que la persona con quien chateaba continuamente y en horas de la noche era uno de los sindicados narcos más buscados por el Brasil.
Mientras las cabezas de los organismos de seguridad alegaban desconocimiento, la logística del crimen organizado hacía aguas las instituciones del Estado y el negocio del narcotráfico gozaba prosperidad.