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Mientras pasa el tiempo, más son los vínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del crimen organizado. Pagos de coima, relaciones cuasifamiliares, favores y regalos de narcotraficantes y hasta filtraciones de informes que formaban parte de algunas de las investigaciones más importantes son tan solo algunos de los elementos de esta historia.

Bolígrafos costosos, préstamos de vehí­culos como parte de coimas, acuerdos por millonarios contratos con el Estado, relaciones familiares y filtraciones de datos sobre investi­gaciones. Mientras pasa el tiempo, cada vez son más los narcovínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del hampa.

El primer gran escándalo del gobierno Abdo en rela­ción con el narcotráfico comenzó en setiembre de 2018, cuando la opera­ción Berilo 2.0 derivó en la detención del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.

Poco después de la deten­ción, salieron a la luz foto­grafías de Cabaña junto al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En diciembre de ese año, el entonces abo­gado de Cucho, Pedro Wil­son Marinoni, reveló que el imputado había financiado la campaña proselitista del exmandatario.

En mayo de 2019, Cucho dijo sentirse “defraudado” y traicionado. Dijo que había varios Judas, aun­que no quiso dar nombres. Sin embargo, fue el pro­pio Marinoni quien dijo que su cliente se refería con el personaje “Judas” al propio presidente Abdo Benítez.

Las acciones que termina­ron favoreciendo a perso­nas salpicadas por vínculos con el hampa se iniciaron el mismo día que asumió Mario Abdo. El mismo 15 de agosto de 2018, el recién llegado a Palacio de López firmó un decreto por el cual dejaba sin efecto un decreto del expresidente Horacio Cartes, volviendo a otor­gar al ministro de la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) potestad discrecio­nal para mover cargos den­tro de la institución.

Con esto, Arnaldo Giuzzio terminaría poniendo en puestos clave a personas que resultaron ser funcio­nales a grupos del crimen organizado. Pero, amable lector, tenga usted pacien­cia que ya llegaremos a esa parte de la historia.

En enero de 2020, el enton­ces viceministro de Polí­tica Criminal, el exfis­cal Hugo Volpe, tuvo que renunciar al cargo luego de que saltara que estaba siendo investigado por autoridades brasileñas por la supuesta recepción de una coima por parte del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.

Uno de los fiscales que quedó a cargo de la inves­tigación en Paraguay confirmó que, de las dili­gencias realizadas en la causa, se pudo consta­tar que el abogado Edson Francisco Sánchez Bení­tez fue en representa­ción de María Alciris, que es esposa de Minotauro, hasta la Unidad de Narco­tráfico, en dos ocasiones, y que entregó un bolígrafo valuado en unos USD 900, al entonces fiscal Volpe, en junio de 2019.

En noviembre de 2019, Volpe había sido llevado al cargo de viceministro de Política Criminal por la entonces ministra de Jus­ticia, Cecilia Pérez, quien es actualmente abogada de Mario Abdo.

Joaquín Roa Burgos, exmi­nistro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.

Roa fue imputado en pri­mera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero junto con su amigo Alberto “Beto” Koube, uno de los dete­nidos en el operativo A Ultranza Py.

De acuerdo con la imputa­ción, “hay sospechas sufi­cientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adju­dicado millonarias licita­ciones a su amigo personal Beto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millo­nes, para la obtención con­junta de beneficios econó­micos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional.

El caso del exministro del Interior y la Senad del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, es una representación vívida de los cercanos vín­culos de la administración con el crimen organizado. Procesado por supuestas coimas de un capo narco, su gestión fue salpicada por filtraciones a otro jefe mafioso y también resulta tener una cercana vincu­lación con un tercer líder del hampa.

El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carác­ter de autor, por su presunto vínculo con el bra­sileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Mar­qués, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que prestó una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marqués.

De acuerdo con las inves­tigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco entre julio de 2021 y febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de minis­tro del Interior. Se presume que la intención del brasi­leño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehí­culos blindados al Minis­terio del Interior y, conse­cuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alqui­ler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propie­dad de Espíndola.

El memorándum 407/2023 de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) confirmó la presencia de equipos de espionaje que ingresaron al país de con­trabando y que estaban bajo la custodia de la institución antinarcóticos. Estos equi­pos de alta tecnología fue­ron encontrados en la Direc­ción de Inteligencia de la Senad, dirigida por Mauro Ruiz Díaz, apodado Topo Mayor, quien supuesta­mente filtraba información a Miguel “Tío Rico” Insfrán, según la investigación del fiscal Deny Yoon Pak en el caso A Ultranza Py.

La adquisición de estos equipos, que incluyen el avanzado software espía FinFisher (también cono­cido como FinSpy), no fue documentada ade­cuadamente. FinFisher, desarrollado por Gamma Group, está diseñado para agencias de seguridad y gobiernos para realizar actividades de vigilancia y espionaje. Sus caracterís­ticas principales incluyen la interceptación de comu­nicaciones, la captura de correos electrónicos, men­sajes de texto y conversa­ciones en aplicaciones de mensajería instantánea, así como el acceso y control remoto de dispositivos.

Como si todo esto no fuera suficiente, todavía queda otro vínculo de cercanía con Alberto Koube Ayala, considerado como uno de los jefes del esquema de narcotráfico y lavado de dinero junto al uruguayo prófugo Sebastián Marset.

Gianluca Giuzzio, funcio­nario de la Municipalidad de San Lorenzo e hijo del exministro abdista, está casado desde 2021 con Katherine Himmerlich.

Katherine es sobrina de Jorge Himmerlich y nieta de Noemí Koube, propieta­rios de la firma Europrint SA, investigada en 2014 por la evasión de más de G. 5.500 millones en impuestos.

Noemí es hermana del papá de Alberto y Fátima Koube Ayala y estos dos últimos son tíos de Katherine. Lo que convierte al exminis­tro Giuzzio en familiar político de los procesados por el conocido como el mayor esquema de narco­tráfico y lavado de dinero alguna vez detectado en Paraguay.

A finales de 2021, plena etapa de investigaciones de lo que sería el gran opera­tivo antinarco A Ultranza Py a inicios de 2022, la ministra de la Senad estaba firmando un convenio de “varios programas de pre­vención de consumo de drogas” con la Coopera­tiva San Cristóbal, según difundió en ese momento la institución.

El acuerdo sería normal si el titular de la mencio­nada cooperativa en ese entonces no fuera uno de los objetivos de A Ultranza Py, Juan Carlos Ozorio, exdiputado procesado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Otra “coinciden­cia” más de los vínculos del gobierno de Abdo Bení­tez con el mundo narco y el argumento de siempre de nunca estar enterados de quiénes son sus alia­dos. Así pasó con Giuzzio y Vinicius, el exministro también dijo no saber que la persona con quien cha­teaba continuamente y en horas de la noche era uno de los sindicados narcos más buscados por el Brasil.

Mientras las cabezas de los organismos de segu­ridad alegaban descono­cimiento, la logística del crimen organizado hacía aguas las instituciones del Estado y el negocio del narcotráfico gozaba pros­peridad.

El legislador sostuvo que no existe ninguna duda de que los fines de esa secretaría eran meramente atacar políticamente a algunos sectores.

“Seprelad fue utilizada para un garrote político, no existe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y se tienen que ir presas las personas que estuvieron manejando la Seprelad”, manifestó en entrevista a la 1020 AM.

Agregó que incluso él fue una de las víctimas de los ataques y del garrote de la Seprelad en su momento, con persecuciones en su contra, por lo que puede confirmar el esquema que se llevó adelante desde esa institución del Estado.

“Soy testigo del tema de la Seprelad y compañía, era manejada políticamente. Por esta casa (su vivienda) Seprelad hizo un informe en mi contra de que yo pagué, si mal no recuerdo, 8 mil millones de guaraníes cuando esta casa es herencia de mi papá y de mi mamá y yo pagué cero guaraníes. Esta era la casa de mi mamá y de mi papá”, señaló.

Apuntó a María Epifania González, exministra de Seprelad, como la que inició la persecución y los ataques con tinte político, que luego continuaron con René Fernández. “Ella fue la que empezó toda esta persecución y continuó después René Fernández”, sentenció.

Así también, afirmó que todo el esquema fue por órdenes del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. “Claro que había órdenes lógico, no hay ninguna duda”, puntualizó el parlamentario.

En otro momento, el senador Zacarías señaló que las llamadas de “apriete” del entonces presidente Abdo no se limitaba a la Seprelad, sino que también en varias ocasiones llamó a presionar a la exfiscal general del Estado Sandra Quiñonez exigiéndole que el Ministerio Público lo imputara.

“Pregúnteles a las personas de alta jerarquía de la administración de la Fiscalía de ese entonces, y les van a certificar lo que yo les digo”, aseguró el legislador al hablar del tema.

Ratificó que el propio Mario Abdo era el que llamaba a la exfiscal Quiñónez “y le decía: ¿Qué esperás que no le imputas? Yo hablaba muy poco con él, claro que lo encaré, le dije todo eso, él por supuesto no va a admitir nunca, pero yo no soy burro ni tonto”, sostuvo Zacarías.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, fue al Congreso tras una convocatoria de la Mesa Directiva del Senado, en la que miembros de la oposición habrían decidido ignorar consultas sobre el esquema de filtraciones durante la presidencia de Mario Abdo Benítez.

Desde la Fiscalía expusieron un presunto esquema durante la era Abdo, donde la Senad incurría en filtraciones de informes confidenciales para beneficiar a líderes narcos. No obstante, los intereses de la oposición se vincularon a esclarecer otra situación: el comisionamiento del agente Mauro Ruiz Díaz.

El exfuncionario de la Senad habría sido derivado a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de Diputados y no cuenta con ninguna imputación por el caso de filtraciones, a diferencia de otras personas sindicadas, las cuales forman parte de una causa, que no ha recibido el seguimiento exigido.

Lea más: Zully Rolón y Arnaldo Giuzzio deben ser investigados por filtraciones, afirmó senadora

Esta información la expuso Rachid ante los senadores, según el senador liberal Eduardo Nakayama al salir del encuentro. El ministro agregó que, por el principio de presunción de inocencia, y como Ruiz Díaz no estaba imputado, no le correspondía dar ningún aviso.

“En el caso del funcionario Mauro Ruiz Díaz que estuvo comisionado en Diputados, creemos nosotros que debió haber dado una alerta”, había expresado Nakayama ante los medios de prensa en el Senado, mientras que la causa del esquema desarrollado en la era Abdo sigue sin ser indagada.

En esa línea, la extitular de la Senad, Zully Rolón, había comparecido días atrás ante la Fiscalía para detallar cómo se filtraban desde la institución datos confidenciales al esquema narco encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.

Así, el órgano extrapoder empezó a tomar acciones sobre un grave caso que se daba en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución. Se determinó que las filtraciones de informaciones a la organiza­ción criminal de Tío Rico se concretaban desde la Direc­ción de Inteligencia Técnica de la Senad.

Lea también: Aliada de Arnaldo Giuzzio comparece ante la Fiscalía por filtraciones al narcotráfico

En el transcurso de este viernes, el Gobierno, mediante la Administración Nacional de Electricidad (Ande), dio apertura al proceso de licitación para la oferta de energía producida en la represa hidroeléctrica Acaray.

De esta manera, los términos y condiciones para esta operación ya fueron publicados en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas y en la página web de la Ande. “Hoy para el Paraguay y principalmente para el sistema eléctrico paraguayo, es un día histórico, porque iniciamos la posibilidad de colocar nuestra energía paraguaya al gran mercado eléctrico brasileño”, indicó el ingeniero Félix Sosa, presidente del ente eléctrico.

La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolón, comparece en estos momentos ante la Fiscalía con el fin de que explique cómo se filtraban desde la institución datos confidenciales al esquema narco encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.

De esta manera el órgano extrapoder toma acciones en este grave caso que se daba en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución. La citación fue realizada por el equipo fiscal, conformado por los agentes Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce. Según el Ministerio Público, las filtraciones de informaciones a la organiza­ción criminal de Tío Rico se concretaban desde la Direc­ción de Inteligencia Técnica de la Senad, encabezada en ese entonces por un hombre de confianza de Giuzzio.

Un jurado de 12 neoyorquinos fue unánime en decidir que el expresidente estadounidense Donald Trump es culpable de los cargos que se le imputaban por falsificación de registros contables para ocultar el pago a una exactriz porno para comprar su silencio. Pero el impacto en sus perspectivas electorales aún está por definirse.

El multimillonario republicano, que fue hallado culpable de los 34 cargos en su contra este jueves en Nueva York, está inmerso en la carrera para conseguir un segundo mandato presidencial. El veredicto, de hecho, no le impide presentarse. Este caso, que ha polarizado aún más a Estados Unidos, ha generado meses de cobertura televisiva y enconadas denuncias de partidarios de ambos bandos, pero el público en general, analistas y encuestadores esperan que la reacción sea una apatía colectiva.

El negocio de las criptomonedas pareciera estar en auge, a juzgar por la cantidad operativos en distintos puntos del país, donde se descubren las granjas ilegales. Esta vez le tocó a San Pedro. Una comitiva fiscal policial se constituyó en los distritos de Lima y de Gral. Resquín, departamento de San Pedro, en el marco de la persecución a la sustracción de energía en grandes proporciones.

Durante el procedimiento fueron incautadas 166 unidades de máquinas procesadoras de criptomonedas con sus respectivos accesorios, transformadores y cables. Todas las evidencias encontradas en el lugar fueron remitidas a la sede del Ministerio Público de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray para su guarda y custodia.

Dentro de una sociedad, el resguardo y la protección de los niños/niñas y adolescentes tendrían que ser fundamentales; deberíamos atesorarlos y evitar cualquier tipo de vulneración de sus derechos, ya que ellos representan el futuro de un país cargado de esperanzas.

En Paraguay, cada 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de Lucha Contra el Abuso Sexual y todo tipo de violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes; en ese marco, recordamos el caso de Yuyú, la niña de Emboscada, que si bien nunca se supo qué pasó con ella, es una pequeña víctima de un hecho punible que aún no fue descubierto.