Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez la entidad que debía luchar contra el tráfico de drogas accedía a información sensible a la par que habría tenido un nexo con el crimen organizado. En esa época se crearon varias direcciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía.
“ARCO LIBRE” PARA EL ENVÍO DE DROGAS
El titular de la Senad insistió que todas estas situaciones terminan exponiendo con pruebas fehacientes que en el anterior gobierno desde la citada institución el narcotráfico y el crimen organizado contaban con un “gigantesco arco libre” para el envío de grandes cargas de cocaína a Europa. “Cómo no van a pasar 8.000 kilos de cocaína y terminan en los puertos de Europa, si la estructura estaba comprometida, es más que evidente. Tenían todo el arco libre, un arco gigantesco, hacían lo que querían”, indicó.
Con todos estos acontecimientos, Rachid manifestó que el Ministerio Público se quedó corto con la imputación formulada contra Giuzzio. “Acá tenemos un concurso gigantesco de posibles hechos punibles, como mínimo tenemos asociación criminal, categórico, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y la violación de la confidencialidad del secreto profesional. Este es el escenario ideal para la Fiscalía. Se quedaron cortos con esa imputación”, sentenció.
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“En la Senad todos sabían sobre esto”
“En aquel entonces, en el 2022, ya se hablaba que Recursos Humanos de la Senad había filtrado informaciones sensibles del caso A Ultranza Py. Esta información la propia Fiscalía ya manejaba. En la Senad misma todos sabían sobre estas filtraciones, no hay forma de defender esto. Lo peor de todo es que ellos (Senad) ya lo sabían”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Rachid, quien en ese periodo se desempeñaba como agente fiscal antidrogas y colaboró en los procedimientos para el desmantelamiento de la megaorganización de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, sostuvo que “el más claro ejemplo es dónde está Sebastián Marset, se fugó y esta es una filtración, bueno ni siquiera es una filtración, directamente fue avisado. Es el más claro ejemplo de que se tenía un arco libre”, remarcó.
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El PDP fue cómplice de las atrocidades cometidas por Mario Abdo Benítez
El juzgamiento crítico de un partido político no guarda relación con el volumen de afiliados o el arrastre popular de sus dirigentes, sino por sus procedimientos y conductas en el desarrollo de sus funciones específicas. De lo contrario, el Partido Democrático Progresista (PDP), propiedad del matrimonio conformado por la exsenadora Desirée Masi (2018-2023) y el actual senador Rafael Filizzola (2023-2028), sería inimputable ante cualquier hecho que agravia la integridad, la rectitud y la ética pública. Incurrir en sus antónimos como deformaciones del comportamiento humano no puede quedar socialmente impune por la intrascendencia de una organización, tanto numéricamente como para formar opinión ciudadana. Parecería que es un contrasentido, por tanto, ocuparnos de su escuálida existencia institucional.
Pero, por lo dicho en las primeras líneas, no es así. No puede escurrirse tan fácilmente del grado de participación que tuvo con el gobierno de Mario Abdo Benítez, signado por la corrupción más alevosa y la improvisación más grosera en cargos que demandan competencia, autonomía moral y responsabilidad por los resultados. Durante esos cinco años que duró la administración del hijo de quien fuera secretario privado de la dictadura más sangrienta que padeció nuestro país, la del general Alfredo Stroessner, los dos nombrados más arriba mantuvieron un conveniente y pusilánime silencio. Pero hoy reaparecieron como los más furibundos denostadores en contra de la administración de Santiago Peña. Todo cuanto digan carece de credibilidad. Han perdido los escasos créditos que tenían ante la ciudadanía. Fueron parte del engranaje de la corrupción montado durante el periodo de Abdo Benítez, en que hubo saqueos en varios ministerios y en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Se convirtió al Estado en el trapo de repasar de sus cocinas.
Con razón solemos decir que la doctora Desirée Masi fue la verdadera dama consorte del poder. Nuestra calificación se ajusta estrictamente a ese ámbito, para evitar interpretaciones erradas. Antes que gobernar con la asociación política que le llevó al poder, la Asociación Nacional Republicana (ANR), Marito prefirió un espurio concubinato con el Partido Democrático Progresista. Decimos espurio porque personas ligadas al PDP ocuparon lugares estratégicos en el gobierno de Abdo Benítez y, desde adentro, cual caballo de Troya, buscaban minar cualquier chance electoral que tuviera a futuro el Partido Colorado.
Y aun así seguían en sus puestos, lo que evidencia la traición contumaz del exmandatario. La antigua luchadora –en su época de universitaria– contra la dictadura decidió aliarse con uno de los herederos natos de esa época de crueldad y de terror. Se podría alegar que él (Marito) no tuvo responsabilidad a razón de su edad, pero no podemos hacerlo porque en cada acto oficial reivindicó la figura y las “obras” de su “único líder”, el déspota que aplastó la libertad y la dignidad de los paraguayos y paraguayas que tenían una actitud contestataria a su régimen. Torturas, exilios, asesinatos y desapariciones forzosas fue el saldo trágico de aquella nefasta época. Pero a la entonces senadora no le importó ese pasado de infortunio, sino su bienestar del presente.
Desirée Masi logró ubicar a Arnaldo Giuzzio en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y, luego, pasó a ocupar el cargo de ministro del Interior, hasta que fue destituido en febrero de 2022 a raíz de su demostrada relación con uno de los pesos pesados del crimen organizado internacional: el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Carlos Adolfo Arregui fue nombrado, en el 2018, asesor del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en las áreas de Transparencia e Integridad. Posteriormente saltó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y, finalmente, pasó a integrar el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), el 7 de setiembre de 2022. Ese mismo día, René Fernández ocupó dicho cargo, dejando vacante el de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Estos tres personajes formaron parte de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19, a raíz de las denuncias de corrupción de nuestro diario y de algunos parlamentarios de la oposición, pero llegaron a la conclusión de que no “hubo daño patrimonial”.
Y como corolario “feliz” de este deshonroso amancebamiento político, Rafael Filizzola fue contratado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en enero de 2020, como asesor jurídico externo para el Programa de la Transformación del Sistema Educativo, cuando que, como apuntó acertadamente un diario colega, el MEC tenía 1.500 abogados en la institución, por lo que uno o dos, al menos, podrían haber realizado dicho trabajo. Pero no. Había que premiar a los aliados leales, como el PDP y sus dueños exclusivos. Lo más simpático es que la exsenadora ahora cuestiona hasta la frecuencia de respiración del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), llegando a la conclusión de que la política de ahora es “vean por su cuenta” y “sálvense quienes puedan”.
Y, de paso, siguió demostrando amor y cariño hacia el gobierno más corrupto de la transición democrática, pues, en aquella época, según ella, se “emitían alertas, hacían conferencias de prensa, se reforzaron los servicios, insumos básicos…”. ¡Pero hay que ser caradura! Se tragaron 1.600 millones de dólares, hicieron negociados con los alimentos que eran proveídos por Yacyretá a los centros de aislamiento, no había insumos, ni camas para terapia, ni oxígeno. Hubo, en cambio, 20.000 muertos por la angurria y la miserabilidad de unos cuantos. Pero todos tienen derecho a reivindicarse. Tal vez su marido, desde la Cámara de Senadores, pueda ahora exigir una profunda investigación sobre cuánto se ha robado entonces a nombre de la pandemia provocada por el covid. O, incluso, puede hacerlo la misma exparlamentaria, utilizando sus redes sociales, donde sigue demostrando su activa fidelidad a Mario Abdo Benítez. Pero nadie escapa al largo brazo de la justicia.
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¿Quién es Giuzzio?: hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico
El levantamiento de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño (hecho que le costó el cargo en el Ministerio del Interior), la utilización de equipos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de manera irregular son apenas algunos de los hechos que hablan de Arnaldo Giuzzio. Repasamos uno por uno los detalles de cada caso.
De agente fiscal de casos inconclusos, pasó a ser senador del Partido Democrático Progresista (PDP), posteriormente fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto del 2018 por el entonces mandatario Mario Abdo Benítez y luego designado ministro del Interior el 22 de enero del 2021, cargo del que fue destituido el 22 de febrero del 2022 por sus vínculos narcos.
Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial de hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico, situaciones que permitieron el auge del flagelo en el país, según publicó el portal hoy.com.py.
En mayo del 2020 por Resolución n.º 142 el entonces ministro antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puertos privados y del control del tránsito fluvial.
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Las drogas salían de Paraguay en cantidades cada vez mayores: 3.400 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica: 2.065 kilos el 18 de enero del 2021 en España, también en paquetes de carbón vegetal, 16.174 kilos fueron incautados en Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021, 10.964 kilos se decomisaron en Bélgica el 2 de abril del 202, 697 kilos en Lisboa en una carga de maíz el 19 de octubre del 2021, 4.178 kilos cayeron en Holanda en una carga de soja el 31 de octubre del 2021, 540 kilos en España el 28 de abril del 2022, 5.170 kilos el 12 de junio del 2022, por citar algunos casos.
Equipos de inteligencia
Giuzzio tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad de manera irregular. Los entregó a un agente especial de la Senad, según lo confirmó el funcionario en su informe entregado a la entonces ministra Zully Rollón. Este hombre, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba información al narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad, de los cuales lograba zafar gracias a estas informaciones de primera mano.
La evidencia se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Camioneta prestada por narco
Ya como ministro del Interior, Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club, localizado en la ciudad de Hernandarias.
En un inicio Giuzzio sostuvo que alquiló la camioneta y argumentó que en Paraguay “no había información sobre Vinicius y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombu, desmintió al ministro del Interior sobre el arrendamiento del rodado y señaló que fue prestado sin costo alguno.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado.
Incluso en la acusación presentada por el Ministerio Público contra Giuzzio, se sostiene que el exalto funcionario de Estado mantenía “una llamativa cercanía” con Vinicius. Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior el 22 de febrero del 2022.
Sede regional costeada por fantasmas
La Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, inaugurada el 15 de diciembre del 2022 por Zully Rolón, tuvo un costo de G. 500 millones, pero no hubo licitación registrada en Contrataciones Públicas ni información sobre el origen de los fondos económicos.
Una sola imputación
A pesar de esta cadena de hechos, una sola carpeta fiscal está abierta. El pasado 16 de agosto, los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio solicitaron juicio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.
Informe internacional
Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Mario Abdo y con Giuzzio al frente, el Paraguay se ha convertido en apenas 2 años en el cuarto país con la mayor presencia del crimen organizado, según un informe internacional emitido a finales del pasado año. La lista de las naciones que poseen una fuerte presencia del flagelo es encabezada por Birmania, seguida por Colombia y México.
El informe internacional proviene de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, consistente en un conjunto de profesionales que trabajan en primera línea de la lucha en contra de la economía criminal y los actores que la alimentan. A través de una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal.
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Tío Rico y Pavão, ejes de la pesquisa en crimen de Pecci
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
“Todos estos nombres forman parte de la línea investigativa y otros varios, pero la concentración de información y la precisión de información de la que hace mención no tengo idea de dónde salió. La historia es nueva, pero los participantes de la historia son de antigua data”, dijo en una entrevista en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Doldán agregó que “no se tienen elementos objetivos para descartar nada. Ellos también están en la línea de investigación desde el 2022. Nosotros no solo nos concentramos en las cosas que son serias, nos concentramos en cualquier cosa, todo lo que surja aunque nos parezca ridículo es investigado porque no tenemos la capacidad de descartar ninguna hipótesis”.
EXMINISTRO DEL INTERIOR
El exministro del Interior Francisco de Vargas fue consultado sobre el caso del crimen del fiscal Pecci y la publicación colombiana que asegura la existencia de una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. “Marcelo fue uno de los mejores fiscales que tuvo la República del Paraguay. Estoy convencido que fue eliminado por su trabajo”, sostuvo Francisco de Vargas.
Esto teniendo en cuenta que Pecci fue el agente del Ministerio Público que logró la condena de Pavão en Paraguay por el caso de lavado de dinero y una megaintervención de incautación de drogas, recordó.
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Aguardan avanzar con peritaje del teléfono de Pecci tras conformación de equipo fiscal
Desde el Ministerio Público paraguayo se aguarda la realización del peritaje del teléfono del fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci, asesinado en la isla de Barú, Colombia, el 10 de mayo del 2022. El órgano extrapoder, liderado por Emiliano Rolón, considera el dispositivo como una evidencia altamente relevante para dar con el autor o autores intelectuales del crimen.
Al respecto, el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán sostuvo que el proceso podría ser concretado tras el aval de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, para conformar un equipo conjunto de investigación con sus pares paraguayos.
“El 7 de junio la Fiscalía de Paraguay recibió la respuesta de parte de la Fiscalía General de Colombia en donde dan el aval para la firma del equipo conjunto de investigación. En principio esto se negociará de manera virtual. A partir de ahora se firmará un instrumento de cooperación técnica en donde fijamos todas las pautas de actuación, entonces ya no existirá la necesidad de librar ninguna carta rogatoria, ninguna asistencia jurídica en el futuro”, explicó.
“A partir de la firma del instrumento de cooperación técnica tendremos nosotros acceso a las actuaciones realizadas en Colombia y los colombianos acceso a las actuaciones hechas en nuestro país. Lógicamente el acceso al teléfono que es lo que nos importa podría darse en el marco de este equipo conjunto de investigación”, acotó el agente fiscal.
La Fiscalía paraguaya había solicitado a Colombia acceder al teléfono de Pecci para la realización del peritaje; sin embargo, el procedimiento aún no fue concretado debido a la solicitud realizada por Claudia Aguilera, consistente en que el teléfono de su esposo sea verificado de forma exclusiva por Colombia y Estados Unidos. La solicitud de la viuda fue realizada el pasado 29 de abril bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, mediante una nota remitida vía Whatsapp a las autoridades colombianas.
Doldán manifestó que la conformación oficial del equipo conjunto de investigación podría ser concretado dentro del plazo de una semana. “Nosotros ya hemos elaborado el instrumento de cooperación técnica en diciembre del año 2023, pero a partir del visto bueno del fiscal general de Colombia y Paraguay, los equipos comenzarán a interactuar para empezar a negociar cuestiones relacionadas a la jurisdicción, cómo será el reparto de la jurisdicción y la capacidad de juzgar en su momento, cómo vamos a actuar en el intercambio de información. Desde el momento que se firma el equipo estará activo”, detalló a la 730 AM.
Alianza de capos narcos
Por otra parte, Doldán se refirió sobre la publicación de la conocida revista de Colombia Semana, la cual menciona en sus páginas que existió una alianza entre mafiosos de Brasil y de Paraguay, quienes habrían colaborado para juntar un millón de dólares con el fin de pagar por el asesinato del fiscal Pecci.
El medio hace mención a los capos mafiosos, el brasileño Jarvis Chimenes Pavão y los paraguayos Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Jaime Franco. “Todos estos nombres forman parte de la línea investigativa y otros varios, pero la concentración de información y la precisión de información de la que hace mención no tengo idea de dónde salió. La historia es nueva, pero los participantes de la historia son de antigua data”, dijo en una entrevista en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Doldán agregó que “no se tienen elementos objetivos para descartar nada. Ellos también están en la línea de investigación desde el 2022. Nosotros no solo nos concentramos en las cosas que son serias, nos concentramos en cualquier cosa, todo lo que surja aunque nos parezca ridículo es investigado porque no tenemos la capacidad de descartar ninguna hipótesis”.
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