“Hoy considero un día histórico para el Ministerio de Justicia y para el derecho procesal penal en Paraguay”, sostuvo el titular de la institución, Ángel Ramón Barchini, sobre la habilitación del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, que se concretó este viernes 17 de mayo.
El ministro Barchini comentó en el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que la penitenciaría contará con 1.237 plazas y pabellones de máxima seguridad con estrictos regímenes de encierro para los reclusos de mayor peligrosidad.
“Cumpliremos un mandato obligatorio que obliga que las personas condenadas estén separadas de las procesadas. Esto se dará luego de una desidia, un abandono, una falta de gestión durante muchos años. El sistema penitenciario permeó la delincuencia, la corruptela, el crimen organizado”, indicó.
El secretario de Estado detalló que del total de las plazas habilitadas, 82 lugares serán destinados para los reos de alta criminalidad “que no tienen ninguna posibilidad de recuperación o inserción, estarán absolutamente aislados. El presidente de la República apresuró los tiempos, ya que necesitamos descomprimir los centros penitenciarios”, sostuvo.
La puesta en funcionamiento de la penitenciaría forma parte del plan que apunta a disminuir el hacinamiento en las cárceles y a descomprimir la población penitenciaria. “Todas las cárceles están controladas por el Estado paraguayo, lo que no significa que no tengamos líderes criminales enseñoreándose sobre lo que lastimosamente sigue ocurriendo, las ventas de drogas, alcohol, salones vip”, remarcó.
Por otra parte, puntualizó que se prevé la firma de un acuerdo con la Gobernación de Alto Paraná, encabezado por César “Landy” Torres, con el fin de que los reclusos realicen labores comunitarias como parte de los programas de reinserción social.
“Esto nos permitirá que los reclusos con el perfil autorizado que hayan cumplido más del 50 % de la condena con autorización judicial puedan salir a trabajar en temas de empedrados, pinturas, limpieza de arroyos”, precisó.
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Gestión procesal en el Este permite otorgar la libertad a 18 reclusos
En el marco del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el Ministerio de Justicia otorgó certificados de libertad a 18 personas que se encontraban recluidas en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, a partir del seguimiento procesal implementado el miércoles pasado para separar reclusos condenados y procesados, para el traslado al recientemente habilitado Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
De acuerdo con el informe del ministerio, ocho de las personas fueron liberadas por compurgamiento de pena mínima, y otras diez personas recibieron el certificado de libertad por medio de la coordinación de Justicia Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cargo de Lilian Luraschi. “Este es el trabajo que se quiere instaurar desde el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional”, expresó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
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“Con estas iniciativas, el Ministerio de Justicia busca que las PPL tengan el derecho garantizado de acceder a la justicia y servicios básicos que ofrece el Estado para todos los ciudadanos, y, en consecuencia, impulsar una política criminal más justa en coordinación con todas las instituciones”, señalan desde el Ministerio de Justicia en comunicaciones en redes sociales.
El procedimiento estuvo acompañado por el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, el director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol, y funcionarios del Ministerio de Justicia. Como así también de jueces de garantías, sentencias y ejecución de las diferentes circunscripciones, defensores públicos, de garantías y ejecución y, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que realizó la entrega de carnets indígenas.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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Estado paraguayo recupera el 100 % del control de las cárceles
El pasado 4 de abril el Gobierno nacional, a través de sus fuerzas de seguridad, nuevamente ejecutó el operativo Joapy, que tuvo como resultado la expulsión de 25 reclusos de nacionalidad brasileña, que se encontraban en las distintas penitenciarías del país, otro duro golpe para el crimen organizado. El comisario Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional, dio detalles de este operativo que tuvo un resultado positivo, sin mayores inconvenientes, de acuerdo a su relato en entrevista para el programa “Fuego cruzado” de GEN/Nación Media.
Cardozo, uno de los responsables de este operativo, explicó que esta nueva acción de las fuerzas de seguridad es un “enlace” del operativo Veneratio, que se ejecutó en la penitenciaría de Tacumbú en diciembre del año pasado, con el objetivo de seguir avanzando en la lucha contra el crimen organizado y los efectos colaterales que esto implica en la sociedad.
“La operación Veneratio para nosotros fue todo un desafío, si bien nosotros como unidad antisecuestro ya veníamos hace tiempo trabajando con las Fuerzas Militares en la lucha contra el terrorismo en el Norte FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) y CODI (Comando de Operaciones de Defensa Interna), traer en Asunción ese modelo para poder trabajar juntos, cada uno dentro de la misionalidad que la Constitución Nacional nos da. Fue para nosotros una prueba de fuego”, indicó Cardozo.
Explicó que para la ejecución del operativo Veneratio se generó un centro de fusión de inteligencia, donde cada unidad especializada dentro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Justicia, “que eran como unas burbujas de inteligencia”, se reunieron y empezaron a trabajar en una misma dirección en cuanto a todo lo que eran las cuestiones carcelarias.
OPERATIVO JOAPY
De ahí nace el operativo Jaopy, que termina con la expulsión de unas 25 personas de nacionalidad brasileña miembros de las facciones más peligrosas como el PCC, Comando Vermelho y otras; sin embargo, antes de llegar a este resultado, se realizó un trabajo minucioso entre las autoridades paraguayas y de Brasil.
“Es ahí donde Brasil juega un papel sumamente destacado, socializamos los nombres con los cuales estas personas estaban condenadas en Paraguay, pero también tenían sus nombres reales en Brasil, venían acá con otra identidad. Se hizo un trabajo de inteligencia”, señaló.
Añadió que se recolectaron huellas dactilares de todos los reos brasileños de todas las penitenciarías del país. “Identificamos y empezamos a perfilar el nivel de importancia de esa persona, había gente que estaba en un proceso con una expectativa de pena de 7 a 9 años acá en Paraguay, pero en Brasil su condena era de 30 o 40″, detalló.
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Militares intervienen cárcel de Guayaquil tras asesinato de fiscal
Cientos de militares y policías ingresaron ayer jueves a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, epicentro de la guerra contra el narco en Ecuador, tras el asesinato la víspera de un fiscal antimafia, por el cual fueron detenidos dos sospechosos.
“Hemos aprehendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en #GYE (Guayaquil, ndlr), tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal”, dijo el comandante de la Policía, general César Zapata, a través de la red social X.
El fiscal Suárez, que investigaba un reciente ataque armado contra un canal de televisión en el marco de una sangrienta escalada de violencia de parte de organizaciones criminales, fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil (suroeste).
En fotografías de la captura difundidas por el comandante se observan fusiles, pistolas, municiones, uniformes de instituciones públicas y otras prendas de vestir. En la mañana del jueves, cientos de policías y militares ingresaron a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil. Uniformados “realizan una nueva intervención en el Centro de Privación de Libertad #Guayas, controlando el perímetro externo e interno del centro penitenciario”, señalaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de la red social X.
Se trata del mismo centro carcelario de donde fugó hace casi dos semanas Adolfo Macías, alias “Fito”, el jefe de una de las más grandes y temidas bandas narco y cuya huida recrudeció la violencia en el país. Reporteros de la AFP registraron tanquetas y escuadrones fuertemente armados en los alrededores de la cárcel. En los corredores externos de la prisión se observaban militares formados y autos blindados. Los militares ingresaron con armas largas y rostros cubiertos, según un video compartido por las Fuerzas Armadas.
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Investigaciones de riesgo
La espectacular toma en plena transmisión de un programa del canal TC el pasado 9 de enero conmocionó al país y llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un “conflicto armado interno” y ordenar una lucha sin tregua contra una veintena de bandas.
“Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (...) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”, expresó el miércoles la fiscal general Diana Salazar, en un video difundido por X. Semanas antes de la arremetida violenta, Salazar había revelado los nexos entre las bandas y las más altas esferas del poder.
La investigación Metástasis señaló a jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria, entre otros, de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, apartamentos y lujos. “Que el país esté preparado (...) la respuesta a este operativo será una escalada de violencia”, anticipó entonces Salazar.
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Infiltración de mafias
Entre el 9 y el 17 de enero, fuerzas policiales y militares han ejecutado más de 20.800 operativos y han detenido a 1.975 personas de las cuales 158 están señaladas de “terrorismo”, según las Fuerzas Armadas. Las intervenciones en calles y cárceles también están en la mira de organizaciones de derechos humanos que exigen garantías a los derechos fundamentales de los presos.
El fiscal Suárez dirigió investigaciones que destaparon la infiltración de mafias en el sistema judicial y escándalos de corrupción en la compra de insumos médicos durante la pandemia de covid-19. Luego del asesinato de Suárez, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó el “fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia”.
La fiscal general también ha denunciado amenazas de muerte en su contra por parte de uno de los líderes de la banda Los Lobos, quien fugó de prisión en medio de los desmanes ocurridos en las prisiones la semana pasada.
Fuente: AFP.