Aún quedan por recuperar otros 16 lotes de esta propiedad que adjudican al Estado. “De la zona ribereña, sobre la cual nosotros estamos atacando judicialmente, es la octava y representa casi el 50 %, pero hay todavía 16 lotes que están ocupados por aproximadamente 30 personas y contra esas personas nosotros continuamos”, mencionó en entrevista a Paraguay TV.
Agregó que la recuperación de los terrenos restantes dependerá tanto de la entrega voluntaria como del tiempo que lleven los procesos de recuperación a favor del Estado paraguayo.
“Creemos que más temprano y si la duración de los procesos permite, que pueda pronto solucionarse y reconocerse eso a favor del Estado y ordenarse el desalojo y el pago que tienen que realizar a esas personas que todavía no entregan la posesión”, apuntó.
Por otra parte, el procurador se refirió a los costos que representarán para el Estado las demoliciones de las propiedades entregadas hasta el momento, para el cual ya se realizó un estudio técnico.
“Se hizo un estudio previo por parte de los técnicos del Ministerio de Defensa, acerca de cuánto costaría cada demolición de todos los inmuebles, y varían los precios, hay algunos que costarían 50 millones y otros que costarían 270 millones (de guaraníes), dependiendo de la edificación de cada lote”, refirió.
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El Estado realizó el acto de disculpas públicas a víctimas de tortura
El Estado paraguayo, a través del Ministerio del Interior, realizó este lunes el pedido de disculpas públicas a Eulalio Blanco y Ernesto Benítez, víctimas de torturas por parte de la Policía Nacional, en un acto realizado en la sede del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), en Luque, que estuvo encabezado por el ministro Enrique Riera.
“Me genera una profunda emoción en razón de que, como saben, yo soy el hijo de Enrique Riera Figueredo, que estuvo 27 veces preso y 2 veces exiliado por este mismo ministerio que hoy ocupo. No es un tema menor tratar que ese ministerio, que fue de terror en una época, sea realmente un Ministerio del Interior, un ministerio del reencuentro”, expuso Riera en la ceremonia.
El ministro lamentó que se haya esperado tanto tiempo para las pedidas de disculpas por parte del Estado paraguayo, no solo para Eulalio Blanco y Ernesto Benítez, sino también para todos los paraguayos que sufrieron algún tipo de tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
“En honor a la verdad, cuando me enteré de este evento que estaba liderando la vicepresidencia de la República con un trabajo importante, de muchas instituciones, me pregunté que pasó en 21 años, cómo es que dejamos transcurrir tanto tiempo probada la responsabilidad tendría haber una disculpa y nunca una espera de tantos años”, refirió. “Ojalá, en nuestra gestión se produce, tengamos la posibilidad de convocar a las partes, pedir las disculpas que correspondan y resolver eso sin que pasen dos décadas de injusticia”.
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Alegría y dolor
Ernesto Benítez fue maestro y fundador de una escuela, y en ese afán sufrió dos intentos de asesinatos y torturas, de acuerdo a sus expresiones. Expresó que el reconocimiento de los crímenes que fue víctima le generan sentimientos encontrados, alegría y dolor.
“La disculpa pública que el Estado me hace, me genera dos situaciones, una tremenda alegría, digamos, individualmente hablando, pero al mismo tiempo, un profundo dolor, porque yo no soy solo un individuo, yo no lucho y no reclamo derechos que solo a mí me corresponden. Yo soy un dirigente social, un educador popular”, expresó Benítez en una entrevista realizada días atrás por la Codehupy.
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Itaipú transfirió USD 241 millones al Estado en lo que va del año
De enero a mayo de 2024, la Itaipú Binacional transfirió USD 241 millones al Estado paraguayo en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Estos recursos, contemplados en el Anexo C del Tratado, son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la estatal eléctrica puedan llevar adelante obras esenciales en beneficio de la población.
De acuerdo con el reporte de la dirección financiera de la entidad, en los primeros cinco meses del año fueron inyectados USD 116 millones en concepto de royalties y USD 85 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por su parte, la Ande ingresó un total de USD 40 millones en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.
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En lo que respecta solo a los pagos de la binacional en el quinto mes, la transferencia por royalties totalizó USD 22 millones, mientras que USD 14 millones fueron desembolsados por cesión de energía. A su vez, la Ande recibió USD 8 millones, sumando así USD 44 millones las transferencias de la entidad en mayo. Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra porción al Tesoro Nacional, desde donde se transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.
Desde la Itaipú recuerdan que estos aportes ayudan al desarrollo de programas, inversiones y obras esenciales, tales como merienda escolar, refacción de escuelas, centros de salud, infraestructura vial, entre otros. En cuanto a la Ande, esto permite a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.
En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y también son distribuidos a municipios y gobernaciones; según establece la legislación.
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De enero a abril, Itaipú desembolsó USD 197 millones por royalties al Estado
Desde Itaipú informaron este martes que la entidad binacional transfirió al Estado paraguayo un total de USD 197 millones por royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Afirman que estos recursos económicos, establecidos dentro del Anexo C del Tratado, son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la estatal eléctrica puedan impulsar diversas obras de infraestructuras.
Según el reporte de la Dirección Financiera de la represa, de enero a abril del presente ejercicio fueron remesados USD 94 millones en concepto de royalties y USD 71 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas.
Por su parte, la Ande ingresó USD 32 millones en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión. En lo que se refiere solo a los desembolsos de la entidad en el cuarto mes del presente año, la transferencia por royalties totalizó USD 23 millones, mientras que USD 14 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la Ande recibió la suma de USD 27 millones; totalizando así USD 64 millones las transferencias de la hidroelectrica en abril.
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Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. Los aportes de la binacional por Anexo C ayudan a los gobiernos departamentales y municipios para el desarrollo de los programas, inversiones y obras esenciales; tales como merienda escolar, refacción de escuelas, centros de salud, infraestructura vial, entre otros.
En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y también son distribuidos a municipios y gobernaciones. Igualmente, los pagos de Itaipú a la Ande le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión en busca de ofrecer un mejor servicio eléctrico a los paraguayos.
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Metrobús: procurador apunta a deficiencias en laudo arbitral
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó los argumentos para la acción presentada por el Estado paraguayo con un recurso de nulidad contra el laudo arbitral que condenó al Paraguay por el caso Metrobús. Indicó que existen deficiencias graves en la decisión tomada por el tribunal que no pueden ser consentidas.
“Hemos planteado un recurso de nulidad porque notamos que existe, desde nuestra percepción, deficiencias muy graves en las decisiones del tribunal que no pueden ser consentidas por nuestra parte, porque la legislación aplicable para resolver el fondo tenía que ser la legislación paraguaya”, explicó el procurador en entrevista a la 780 AM.
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González dijo que son varios puntos los que consideran como irregulares, como ejemplo citó el monto establecido para el pago de la indemnización a la empresa Mota Engil, utilizando la figura de lucro cesante, lo que no se debería haber aplicado en este caso.
“En el monto indemnizatorio, por ejemplo, aproximadamente de 5 millones de dólares no se determinan esos causales cuál es el daño concreto que ha sufrido Mota Engil y el tribunal no justifica cómo es que llega a ese monto de esa indemnización. Además, que con palabras distorsionadas básicamente está reconociendo el lucro cesante, a pesar de que el contrato dice que no se le puede dar lucro cesante. Hay una contradicción palmaria ahí para nosotros”, mencionó.
González agregó que “también contiene decisiones que van en contra del orden público nacional, como la imposición de tasas de interés al Paraguay, tasas de interés compuestas y eso implica capitalización de intereses, que es algo que nuestro sistema legal no permite”, por lo que la procuraduría accionó sobre el laudo arbitral. “Esas y otras deficiencias que hemos notado y por ende hemos solicitado al tribunal de apelaciones que anule el laudo”, indicó.
El proceso
Igualmente, el procurador también habló del proceso y los plazos que implica esta acción. “De esto se le va a correr traslado a Mota Engil, a su representación en Asunción, y ellos son los que contestarían, el tribunal arbitral en sí no sería parte de este proceso. Es como un recurso de apelación, pero el recurso de nulidad tiene su particularidad, porque en el recurso de apelación uno puede argumentar o expedirse sobre el fondo, en una nulidad ya no se puede hacer eso, solo discutir cuestiones formales”, explicó.
González sostuvo además que el trámite en sí, es igual a una apelación que se haga sobre una sentencia en primera instancia. “En primer lugar, hemos solicitado la nulidad total y si no, subsidiariamente las nulidades parciales de algunos elementos, de los que ya mencioné, y si eso no ocurre, nos veremos exentos del pago de esos conceptos, hasta tanto se decida lo contrario eventualmente”, sentenció.
El caso se encuentra en el tribunal de apelación de Asunción, es la tercera sala que salió sorteada, donde se debe decidir sobre la nulidad total o parcial del laudo que se ha recurrido. “En este caso es el tribunal paraguayo porque se ha determinado como ley aplicable para resolver el laudo la legislación paraguaya”, puntualizó.