El expresidente Mario Abdo Benítez y los demás imputados por filtración de datos solicitaron el cambio de fiscales en la investigación abierta contra Aldo Cantero y otros por prevaricato.
En el marco de la causa Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, solicitó la reasignación del caso, actualmente en manos del fiscal Néstor Coronel.
La pesquisa inició luego de la difusión de las supuestas conversaciones de WhatsApp entre los fiscales que investigaban a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. El argumento de la solicitud de la reasignación de la causa es, de acuerdo al escrito, garantizar la objetividad de la investigación, ya que según alegan, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación. Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí no hubo ningún avance.
CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores se turnan en los pasillos de los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa y evitar que la misma avance. Hasta el momento han presentado dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación.
Tras haber recusado a la jueza, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla presentaron otras recusaciones contra los integrantes de la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.
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Fiscalía solicita la desestimación de la causa contra Montserrat Alliana
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitaron al juzgado penal de Garantías, especializados en Delitos Económicos, la desestimación de la causa penal N.° 3/2024, contra Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros.
En el documento explican que realizaron un análisis de lo denunciado tanto por la abogada Teresa Flecha como por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que plantearon la posible comisión de los hechos punibles de Administración en Provecho Propio, Tráfico de influencias, Lesión de Confianza y Cobro Indebido de Honorarios.
Menciona además que los agentes fiscales llevaron adelante el proceso técnico analítico de constatación de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta es atípica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal.
“Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constancias de autos, esta representación pública advierte que la figura procesal de Desestimación de la denuncia se encuentra ajustada a derecho, según los argumentos previamente expuestos. Al respecto de la desestimación, se hace notar que tiene el efecto de cosa juzgada formal no así material”, expresa en la parte conclusiva del documento.
Menciona además que en caso de que varíen las circunstancias conocidas que fundamentan este requerimiento, la resolución que admite la desestimación podrá ser modificada y la investigación reabierta debido a que la presente desestimación no causa estado.
Por tanto, los agentes fiscales señalan en consecuencia, a lo expuesto y en virtud de lo preceptuado en los artículos 301, inciso 1) y 305 del Código Procesal Penal, estando el presente requerimiento acorde a las normas procesales vigentes, este equipo de investigación requiere la desestimación, bajo expresa mención de los alcances establecidos en el artículo 306, primer párrafo del mismo cuerpo legal, por ajustarse a derecho.
La causa penal tiene que ver con la denuncia que se presentó en diciembre del año pasado, contra la hija del vicepresidente de la República Pedro Alliana, que fue contratada como funcionaria en la Cámara de Diputados, en la categoría A37, correspondiente al rubro de Asesor. Dicho nombramiento se dio a través de la resolución n.º 540, firmada por el diputado Raúl Latorre, en su carácter de presidente de dicho órgano legislativo.
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Ministro de la Senad dice que cerrará sede mau que inauguró gobierno de Abdo
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sostuvo que su administración realizó varias consultas tanto dentro como fuera de la institución, para llegar al origen del financiamiento de la oficina regional en Salto del Guairá inaugurada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero no existe un solo documento que responda de dónde salió la plata. La obra costó unos G. 500 millones, según se había informado en el acto inaugural encabezado por la exministra Zully Rolón, y la ausencia de fuentes presupuestarias oficiales generan todo tipo de suspicacias en la misma Senad, por las fuerzas delictivas que operan en la mencionada ciudad del departamento de Canindeyú.
“Voy a cerrar esa sede, no hay ningún documento, hicimos varias consultas, investigaciones”, respondió el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, al ser consultado si en 10 meses de asumir la administración pudieron corroborar el presupuesto que financió la construcción de una sede regional en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
Rachid remarcó que no existen siquiera “restos de papel higiénico” que de alguna manera rindan cuentas del origen de los G. 500 millones que demandó la obra para la sede de la institución en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Es decir, nadie sabe de dónde salieron los millones para la construcción que inauguró la exministra Zully Rolón, incondicional elemento dentro del organismo de seguridad del exministro destituido por conexiones narco, Arnaldo Giuzzio.
La oficina regional fue inaugurada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, específicamente el 15 de julio de 2022. Durante el acto, la administración de Rolón señaló que la construcción tuvo un costo aproximado de G. 500 millones; pero no aclararon de dónde proviene el presupuesto o el origen del dinero.
No hubo llamado a licitación ni financiamiento oficial, etc., que avalen la inversión. Lo único certero de la obra es que el terreno donde se erigió fue donado por la Municipalidad de Salto del Guairá. El secretismo sobre el origen del dinero viene generando sos-pechas incluso en el mismo plantel de funcionarios de la Senad, hay todo tipo de especulaciones por las fuerzas criminales que ejercen influencia en la zona y por los vínculos de las propias exautoridades con sindicados narcotraficantes. SEDE MAU Rachid dijo que pidió informes a todas las dependencias de la institución, otras como la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), a la gobernación departamental, pero nadie sabe nada del origen de los fondos y los financistas de la sede en Salto del Guairá, que siguen siendo verdaderos fantasmas. Esta es la razón por la que Rachid adelantó que cerrará la sede “mau” de la mencionada ciudad y erigirá otro en Curuguaty. El jefe felicitado por Zully Rolón durante la inauguración había sido el agente de la Senad Martín Vera.
Según la exministra leal a Giuzzio, el funcionario “llevó sobre sus espaldas toda la supervisión, peleando con los recursos que teníamos, haciendo de la mejor manera el trabajo que hoy es una realidad y más aún que a la par contribuimos en dar trabajo a varios locales”. Vera no solo “peleó” con los recursos disponibles, también guarda muy bien el secreto de dónde salió la plata con la que tuvo que remar para el complejo que inauguraron. Desde la administración Rolón intentaron atribuir en su momento la inauguración de la oficina regional a la Ande y la Senabico. Sin embargo, desde ambas instituciones se habían desmarcado de cualquier donación o colaboración en infraestructura.
El máximo aporte de la Senabico fue el préstamo de algunos electrodomésticos, según consta en acta de entrega del 11 de julio de 2022, consistente en cinco televisores, un sofá, un juego de mesas con butacas, dos sillones, una parrilla “mbopi”, una heladera, un secarropas, un freezer y otros artículos de cocina por un valor total de G. 49 millones. Jalil manifestó que continúa evaluando las alternativas jurídicas para el caso, puesto que es un edificio que se incorpora al patrimonio del Estado, pero sin las documentaciones sobre el origen de los fondos. El actual titular de la Senad indicó que ya cuenta con un terreno de 3.800 m2 donado por la Municipalidad de Curuguaty y que ahora se encuentra en trámite para llamado a licitación de la nueva construcción con un presupuesto estimado de G. 1.500 millones. La donación fue aprobada por la Junta Municipal de Curuguaty en abril último, según Resolución Número 59/2024.
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Comitiva fiscal allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
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Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
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El mayor escándalo en la era democrática: Insfrán - Giuzzio, nexo narco que complica al gobierno de Abdo
El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.
Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.
Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.
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Las filtraciones
Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.
Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.
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Giuzzio, hombre de Abdo
Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.
En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).
En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.
Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.
Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.
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Pieza clave del esquema
Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.
Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.
Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.
Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.
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Único proceso ¿por coima?
Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.
Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.
El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.