El dictamen por la aprobación con modificaciones del proyecto de ley “que universaliza equitativamente la alimentación escolar, modifica y amplía la Ley n.º 5210/2014, De alimentación escolar y control sanitario, y sus posteriores modificaciones”, conocida también como “Hambre cero”, fue emitido por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La comisión presidida por la diputada Cristina Villalba se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, a fin de abordar los aspectos y alcances de esta iniciativa.
Tras esta reunión, la comisión asesora emitió su dictamen, con la salvedad de establecer que los fondos del Arancel Cero no serán afectados y se establecerán los recursos del Tesoro para su financiación.
“Lo que agregamos dentro del financiamiento de la gratuidad son los créditos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento del Arancel Cero, que será respaldado con fuente de financiamiento 10 (Recursos del Tesoro); con esto le damos la garantía a todos los estudiantes de la República de que vamos a velar porque siga vigente este Arancel Cero”, indicó la diputada Cristina Villalba.
La misma sostuvo que esta modificación, incluida en la comisión, tiene por objetivo garantizar el presupuesto para mantener el Arancel Cero que afecta a las universidades y a los centros de formación técnica. Así también, resaltó la importancia de este proyecto de ley para el alcance universal de la alimentación escolar.
“Hemos dictaminado a favor de la aprobación de este proyecto de ley porque creemos que es fundamental cuidar la alimentación de los niños de toda la República; este proyecto va a beneficiar a más de 1.200.000 niños; la historia nos va a dar la razón porque nuestros niños bien alimentados van a tener mejor formación”, sentenció.
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No hay documentos de dónde salieron los G. 500 millones para sede que inauguró Rolón
Rossana Escobar M.
rossana.escobar@nacionmedia.com
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, confirmó que no existen siquiera “restos de papel higiénico” que de alguna manera rindan cuentas del origen de los G. 500 millones que demandó la obra para la sede de la institución en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Es decir, nadie sabe de dónde salieron los millones para la construcción que inauguró la exministra Zully Rolón, incondicional elemento dentro del organismo de seguridad del exministro destituido por conexiones narco Arnaldo Giuzzio.
La oficina regional fue inaugurada el 15 de julio de 2022 y durante el acto, la administración de Rolón señaló que la construcción tuvo un costo aproximado de G. 500 millones, pero no aclararon de dónde proviene el presupuesto o el origen del dinero. No hubo llamado a licitación ni financiamiento oficial, etc., que avalen la inversión.
Lo único certero de la obra es que el terreno donde se erigió fue donado por la Municipalidad de Salto del Guairá.
Rachid dijo que pidió informes a todas las dependencias de la institución, otras como la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), a la gobernación departamental, pero nadie sabe nada del origen de los fondos y los financistas de la sede de Senad en Salto del Guairá siguen siendo verdaderos fantasmas. Esta es la razón por la que Rachid adelantó que cerrará la sede “mau” de la mencionada ciudad y erigirá otro en Curuguaty
El jefe felicitado por Zully Rolón durante la inauguración había sido el agente de la Senad Martín Vera. Según la exministra leal a Giuzzio, el funcionario “llevó sobre sus espaldas toda la supervisión, peleando con los recursos que teníamos, haciendo de la mejor manera el trabajo que hoy es una realidad y más aún que a la par contribuimos en dar trabajo a varios locales”.
Vera, no solo “peleó” con los recursos disponibles, también guarda muy bien el secreto de dónde salió la plata con la que tuvo que remar para el complejo que inauguraron.
Desde la administración Rolón habían intentado atribuir en su momento la inauguración de la oficina regional la Ande y a la Senabico. Sin embargo, desde ambas instituciones se habían desmarcado de cualquier donación o colaboración en infraestructura.
El máximo aporte de la Senabico fue el préstamo de algunos electrodomésticos, según consta en acta de entrega del 11 de julio de 2022, consistente en cinco televisores, un sofá, un juego de mesas con butacas, dos sillones, una parrilla “mbopi”, una heladera, un secarropa, un freezer y otros artículos de cocina por un valor total de G. 49 millones.
Rachid manifestó que continúa evaluando las alternativas jurídicas para el caso, puesto que es un edificio que se incorpora al patrimonio del Estado, pero sin las documentaciones sobre el origen de los fondos.
El actual titular de la Senad indicó que ya cuenta con un terreno de 3.800 m2 donado por la Municipalidad de Curuguaty y que ahora se encuentra en trámite para el llamado a licitación de la nueva construcción con un presupuesto estimado de G. 1.500 millones.
La donación fue aprobada por la Junta Municipal de Curuguaty en abril último, según Resolución Número 59/2024.
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Abed sobre caso González: “Pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes”
“La pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta, del Poder Legislativo”, dijo Rocío Abed, líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, en referencia al dictamen emitido por el Ministerio Público a favor de la controvertida dirigente del Partido Encuentro Nacional (PEN).
La Fiscalía recomienda al Senado restituir a González, quien perdió su investidura el pasado 14 de febrero. “Ratifico plenamente que la Cámara Alta lo hizo de manera legal y legítima. Es inviable siquiera pensar que otro poder del Estado se inmiscuya en cuestiones propias, internas y soberanas de cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo”, sostuvo Abed en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
“Esa errada pretensión pone en jaque el estado de derecho y la institucionalidad de la República, como asimismo la independencia con la que se deben manejar los tres poderes del Estado. Si bien sabemos que el Dictamen del Ministerio Público no es vinculante, es descabellada la pretensión, contenida en el mismo, respeto a que una decisión política de la Cámara Alta pueda anularse a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, agregó la legisladora.
Abed apuntó contra los sectores mediáticos y actores políticos que aplauden el dictamen fiscal que antes cuestionaban, teniendo en cuenta que años atrás, se posicionaban en contra de que el Congreso considere recomendaciones de otros poderes del Estado. “Más absurdo o descabellado es que algunos medios de comunicación o actores políticos hoy celebren una opinión que hace muy poco cuestionaban ¿Eso es terrorismo intelectual o tomadura de pelo?”, refirió a La Nación.
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La diputada recordó que, en ocasiones previas al caso de González, la máxima instancia judicial “ya había sido clara en sus fallos anteriores”. La legisladora citó el dictamen emitido. “La pérdida de investidura de un parlamentario (senador o diputado) es una sanción política, cuya potestad de determinación y aplicación, también debe desarrollarse en el ámbito político y compete con exclusividad, al colegiado donde se produjo el mal desempeño (cámara de diputados o cámara de senadores); dentro del periodo correspondiente al mandato”.
Agregó también que el citado fallo alegaba que “no es un juzgamiento jurisdiccional, por lo que no corresponde supeditarlo ni derivarlo al Poder Judicial. Es un juzgamiento entre pares; que se interpone, se sustancia y se resuelve entre pares. Obviamente respetando las garantías establecidas en el Art. 17 de la Constitución Nacional, previstas para todo proceso (administrativo, político y judicial) del cual derive pena o sanción. Lo cual no lo convierte necesariamente en un proceso judicial”.
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Datos claves
• El Ministerio Público emitió un dictamen recomendando a la CSJ restituir la banca a Kattya González.
• La diputada Rocío Abed afirma que se pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes.
• La diputada Rocío Abed sostiene que la pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta.
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Sectores mediáticos aplauden dictamen de la Fiscalía que antes cuestionaban, dice Tuma
El Ministerio Público emitió un dictamen mediante el cual expresa que el proceso de expulsión de Kattya González del Senado, pasó por alto el reglamento establecido para la pérdida de investidura. Esta posición de la Fiscalía es aplaudida por ciertos sectores que abogan porque la Cámara Alta reincorpore a la exlegisladora, mientras que años atrás, se posicionaban en contra de que el Congreso considere recomendaciones de otros poderes del Estado, señalaron.
“Cuando se defiende una posición que no es la correcta en nombre de la democracia, lo que hacemos es atentar contra las instituciones. La posición del Ministerio Público es la misma que adoptó cuando se planteó esta disyuntiva en torno a Nicanor Duarte Frutos y a Horacio Cartes. La Fiscalía viene manteniendo una misma postura, esta posición es hoy aplaudida y la misma cinco años atrás era escrachada por estos medios”, cuestionó el abogado Óscar Tuma.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el abogado manifestó que ciertos medios de comunicación levantan la bandera de la defensa de la democracia, pero lo que verdaderamente hacen es defender intereses personales o empresariales y muestra de esto es la posición contradictoria que toman hacia una recomendación que hace el Ministerio Público.
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Sectores mediáticos aplaudieron a la Cámara de Alta cuando esta, bajo la presidencia de Fernando Lugo primeramente, no se dejó jurar a Nicanor Duarte Frutos, hecho que se replicó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuando el Senado tampoco tomó juramento a Horacio Cartes, pese a las recomendaciones que realizaron otras instituciones en las dos oportunidades para que juren como senadores vitalicios.
Hoy, como el dictamen es favorable para la exsenadora González, han iniciado una campaña con la intención de que el Senado tome en cuenta las consideraciones que hizo la Fiscalía. “Tienen la gran disyuntiva sobre lo que ellos cinco años atrás defendían en cuanto a la independencia del Poder Legislativo de otros poderes del Estado, y ahora esa situación no les agrada. Situaciones como esta son las que terminan rompiendo el Estado de derecho”, cuestionó.
Tuma lamentó que los medios generen opiniones de acuerdo a las cuestiones que les son favorables y recordó que estos mismos grupos, emprenden críticas feroces en contra del Ministerio Público diciendo que no cumple con sus funciones, pero que ahora, aplauden porque se obtuvo un dictamen que resulta de su agrado.
En manos de la Corte
“La Corte Suprema de Justicia es la que debe estudiar la inconstitucionalidad, el dictamen del Ministerio Público no es vinculante. La Cámara de Senadores va a adoptar una posición política, así como lo hizo cuando le tocó entender sobre el juramento de Horacio Cartes y de Nicanor Duarte Frutos, seguramente acá también el Senado va a tomar una posición política”, aclaró Tuma.
A través de sus redes sociales, el abogado y exdiputado expuso esta situación que hoy forma parte de la agenda de los medios, preguntándose cómo actuarán ciertos medios ante este hecho. ¿Qué harán ahora ciertos medios, que antes celebraban la decisión de Senadores de no incorporar a Horacio Cartes como senador a pesar de las resoluciones favorables, ahora que la situación ha cambiado? Este es el problema que generan ciertos medios a la democracia”, advirtió.
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Piden informes sobre ONG que reciben dinero del Estado
El pedido de informe al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria de esta semana. En la solicitud se debe informar sobre el resumen ejecutivo de los principales planes y programas que implementan las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que trabajan con las comunidades indígenas. El documento aprobado señala que la finalidad es obtener los datos precisos sobre las organizaciones sin fines de lucros que reciben dinero del Estado y se encuentran trabajando con las comunidades indígenas.
El pedido de informe fue presentado por los diputados Pastor Vera Bejarano, Germán Solinger, Alejo Ríos, integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja, que fue aprobado por el pleno y en consecuencia el Ministerio tiene el plazo de 15 días para responder a la solicitud.
El informe debe contar con datos de rubros 831 (aportes a entidades con fines sociales); 842 (aportes a instituciones sin fines de lucro); y 874 (aportes a instituciones privadas sin fines de lucro), correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 y 2024. También la nómina de directivos de las organizaciones que son beneficiarias de transferencias de los fondos públicos y cuántos son los subvencionados por el Estado.
De la misma manera, cuáles son los planes y programas relacionados con los pueblos indígenas, como así también los montos transferidos y porcentajes de la ejecución presupuestaria. Además, se el MEF debe remitir sobre antecedentes de casos de intervención con ONG’s por falta de cumplimiento de las reglas y estos antecedentes deben incluir el reporte de cuáles fueron las organizaciones en faltas, con detalles y cuáles fueron las medidas adoptadas, también en los periodos 2023-2024