El Estado recibió una notificación mediante la cual se exige el pago de USD 16 millones por parte de la firma Mota-Engil, empresa que tenía a su cargo la construcción del metrobús. La demanda se originó a partir de la decisión del gobierno de Mario Abdo Benítez de suspender el contrato y ahora la Procuraduría General de la República debe articular una estrategia para defender los intereses nacionales.
“La estrategia es que los abogados van a tener que ver quiénes son los responsables de esto”, aseveró el presidente de la República, Santiago Peña, respecto a la consulta de qué se hará para asumir la millonaria deuda que exigen. Además de los USD 13 millones, se pide al Estado que también se haga responsable de los intereses acumulados, que en total suman USD 2.400.000.
El mandatario dejó en claro que la denuncia se generó posterior a la salida del gobierno de Horacio Cartes, cuya administración entregó a Mario Abdo Benítez un proyecto en ejecución; no obstante, este decidió suspender unilateralmente las obras y rescindir el contrato, lo que generó la acción de Mota-Engil.
“Cuando vino el cambio de gobierno decidieron cancelar esa ejecución en el medio del proyecto con una consecuencia tremenda, pero ahora está en el campo de los abogados y ellos harán lo que esté a su alcance para poder solucionar”, expresó el presidente a la 730 AM.
La discusión no está en torno al diseño o al proyecto del metrobús, aseguró Peña, quien recalcó que la cancelación del contrato, además del no reconocimiento de las obras realizadas, son el fondo de la cuestión. El mandatario indicó que el plan ya venía de gobiernos anteriores; sin embargo, nunca se avanzó y que durante el gobierno de Cartes se dio inicio y se entregó una parte de los trabajos con el objetivo de que tuviera continuidad; no obstante, esto no ocurrió.
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Mesa Directiva del Senado analizará agenda para tratar con el presidente Santiago Peña
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez señaló que luego de la primera quincena de julio estarán invitando al presidente de la República, Santiago Peña a una reunión con la Mesa Directiva, a fin de que puedan dialogar sobre varios proyectos de gran interés.
El legislador conversó con varios medios de prensa al término de la sesión ordinaria de la fecha, en la que comentó que entre los puntos de interés del cuerpo legislativo tiene que ver con el transporte público. No obstante, señaló que el próximo lunes en Mesa Directiva analizarán la agenda tentativa.
“Me comuniqué nuevamente anoche, con el presidente de la República, y está interesado, así como nosotros desde el Senado también. Entonces, este lunes estaremos elaborando la agenda legislativa que estaremos proponiendo al presidente”, explicó.
Respecto a la legislación que hace relación al transporte público, explicó que existen varias iniciativas, tanto en Senado como en Diputados, y también existe una propuesta del Ejecutivo, que necesitan ser analizadas. “El Ejecutivo había dicho que va invertir en transporte, entonces queremos saber cómo se va ejecutar esto, porque tenemos que solucionar la problemática de transporte en el área metropolitana”, precisó.
Igualmente, señaló que ya dio instrucciones al secretario general, que tenga en cuenta incluir el proyecto de ley de nepotismo, de este miércoles en 8 días. “Se tiene dictámenes en comisión, vamos a ver cuáles son, me voy a interiorizar. Recordarán que yo fui el que se propuso que se estudien todos los proyectos de ley, incluido el de iniciativa popular”, acotó.
Respeto al reglamento interno
En otro momento, el titular de la Cámara Alta destacó la tranquila primera sesión que le tocó presidir este miércoles 3 de julio, señalando que se han dado oportunidad a todos los colegas para el debate. Indicó que buscará que se respete el reglamento interno, respetando la unidad de debate, y el tiempo a los colegas.
“Como habrán visto, hoy tuvimos un debate que diría hasta productivo. Fue una primera sesión sin contratiempo, les di a los colegas la oportunidad de prolongar el estadío de los oradores, que de acuerdo a nuestro reglamento dice solo dos horas, nuevamente nos pasamos con el reglamento, pero todo sea en favor del debate. No obstante, voy a tratar de que se respete el reglamento interno”, resaltó.
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Puerto Indio: un canal de exportación y una zona productiva importante, destaca Peña
El presidente de la República, Santiago Peña, participó este miércoles de la verificación de obras de pavimentación asfáltica del tramo Mbaracayú-Puerto Indio, empalme ruta PY07, en el norte del departamento de Alto Paraná, al que catalogó como una importante zona productiva y de exportación.
“Creemos que esta obra dará un impulso a toda esta zona del Alto Paraná, que se había quedado un poco rezagada en términos de desarrollo económico, de progreso porque carecían de infraestructura. Este es un canal, una zona productiva y de exportación muy importante cerca de Itakyry, que precisaba esta infraestructura adecuada”, expresó.
Indicó que si bien se trata ya de un proyecto de la administración anterior, los trabajos se iniciaron en octubre de 2023 y ya tienen un avance muy importante, con algunos ajustes para mejorar la calidad de la obra, como accesos en los que todavía están trabajando.
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Dinamizará la economía de la zona
La obra es considerada de mucha importancia, pues beneficiará a 150.000 personas generando empleo y dinamizando la economía a través de toda la agricultura y rubros derivados de la zona, remarcó el jefe de Estado.
La jornada gubernamental en el este del país arrancó con los detalles técnicos acerca del avance y los componentes de la obra que abarca más de 60 kilómetros de la ruta PY21. La obra es mediante Contrato de Construcción y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CCOMA).
El lote 1 inicia en el km 0 hasta el km 27 y está a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. con la fiscalización del Consorcio Grimaux – Electroconsult. El lote 2 se extiende desde el km 27 hasta el km 60,3 y la fiscalización es del Consorcio TYPSA – AII.
Los trabajos de pavimentación tienen un plazo de 30 meses para concluir, pero los responsables de la obra estiman que culminarían mucho antes, gracias a las condiciones climáticas favorables que se vienen registrando desde octubre del 2023. Posteriormente pasa a la etapa de mantenimiento durante 60 meses.
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Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
- LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
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Peña trató de transmitir un mensaje objetivo y con autocríticas, resalta Varela
El senador Mario Varela destacó el informe de gestión brindado por el presidente de la República, Santiago Peña. Mencionó que incluyó temas cruciales como la seguridad, primera infancia, reducción de pobreza y otros elementos que forman parte de las preocupaciones colectivas y no olvidó mencionar las acciones pendientes de su gobierno.
“Me pareció interesante, que el presidente trató de transmitir un mensaje objetivo haciendo autocrítica y me parece genial porque cuando habló de seguridad por ejemplo ‘dijo no estoy aún satisfecho con lo que estamos haciendo’ por más de que es un esfuerzo importante en la inversión en materia de seguridad, del Grupo Lince y más personal policial que va ir aumentando, creo que es interesante que haya dicho eso”, expresó.
Para Varela, también fue relevante durante este primer año de gestión la recuperación del Estado de la soberanía en las penitenciarías del país, especialmente en Tacumbú, gracias al operativo Veneratio, además de la exitosa negociación en la Itaipú Binacional y la inversión que se ha dado en primera infancia, donde nuestro país ha acumulado un déficit en cuanto a recursos destinados a este sector.
“Las políticas públicas bien ejecutadas deben traspasar la frontera de los periodos de gobierno, es un logro importante la reducción de pobreza cuando se cierra el 2023. Los paquetes de programas sociales que empezaron a tener mayor inversión en esos estratos sociales de los ingresos más bajos han mejorado mucho en ese aspecto, eso no significa que ya están todos bien y que son todos ricos, sino que tienen lo mínimo necesario para vivir como alimento, vestimenta, educación entre otros”, señaló.
El Gobierno está en su legítimo derecho de hacer la evaluación de cómo encontró el Estado, refirió el parlamentario a la 1080 AM sobre los detalles que brindó el presidente Peña respecto a la herencia dejada por la administración de Mario Abdo, puesto que es importante que la ciudadanía conozca el punto de partida de su gestión.
“Un problema que no es solo de este gobierno es la necesidad de hacer una inversión fuerte en materia de salud, de hecho el mandatario habló de la terminación de hospitales que ya están en la etapa culminante y habló de la construcción de otros nuevos en varios departamentos. Tenemos que descongestionar los hospitales centrales de Asunción porque hoy el sistema está colapsado”, remarcó.
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