Ayer, en sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó en general, y luego en particular, el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones, pasando así la propuesta a la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado con determinadas modificaciones en algunos artículos esenciales, garantizando los cambios propuestos y exigidos por la ciudadanía en general y los líderes sindicales de los sectores que estarán incluidos en el control de la superintendencia.
Una de las modificaciones se aplicó al artículo 31, el cual, en su versión original, hablaba de una protección legal para los funcionarios de la superintendencia y los interventores durante el desarrollo de una posible intervención. Con la modificación, se estipula la revisión judicial correspondiente durante los procedimientos desarrollados, no dando posibilidad a ninguna inmunidad.
“Se tomaron casi todas las modificaciones planteadas por los trabajadores. Por ejemplo, se ha establecido que la dirección y administración general se regirá por las disposiciones establecidas en las respectivas cartas orgánicas de las cajas; es decir, se deja en claro que los fondos estarán administrados por las ocho cajas, respectivamente”, declaró el senador Derlis Maidana sobre los cambios planteados.
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Poder Ejecutivo anuncia proyecto clave contra criptominería ilegal
Desde la vocería de la Presidencia, ejercida por Paula Carro, comunicaron que la primera iniciativa plantea la modificación del artículo 173 del Código Penal, que hace mención a la sustracción de energía eléctrica. Mediante este planteamiento, se propone la incautación y el comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con esta iniciativa de modificación se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y sus activos ante la sustracción en grandes cantidades de energía eléctrica por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
“La presentación al Congreso se realizará en las próximas horas, buscamos proteger a la Ande como empresa pública de una verdadera amenaza”, manifestó la alta funcionaria de Estado mediante una conferencia de prensa acompañada por el titular del ente eléctrico, Félix Sosa.
A la vez, en el proyecto se fija una pena privativa de libertad de hasta 10 años de cárcel con multa complementaria para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores.
La modificación del citado artículo también permitirá a la Ande requerir la administración o uso provisional de los bienes incautados y será, asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
El proyecto ejecutivo surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Ande, el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
El robo de la energía eléctrica se encuentra tipificado solo como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
ENERGÍAS RENOVABLES
Mientras que la segunda propuesta planteada al Poder Legislativo se centrará en la modificación de varios artículos de la normativa que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Carro explicó que la citada ley fue reglamentada el pasado mes de febrero por el Ejecutivo. “Como toda política pública está siendo monitoreada en sus resultados, en sus mecanismos de articulación y se vio mediante una colaboración entre las instituciones involucradas en el tema energético que era necesario introducirle una modificación que asegure mayor interés de parte de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y apuntando a una mayor diversificación de las fuentes de generación”, comentó.
De esta manera, la vocera mencionó que la iniciativa de modificación introducirá una innovación respecto al plazo, es decir, los contratos de los generadores, cogeneradores, transportistas y exportadores de energías renovables no convencionales con la Ande podrá ser de hasta un periodo de 30 años, actualmente el plazo es hasta 15 años.
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Analizarán aportes de gremios al proyecto de ley de servicio civil
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que analizarán alrededor de 35 sugerencias realizadas para el proyecto de ley de la función pública y carrera del servicio civil. La institución resaltó la apertura y el diálogo que se mantuvo con los gremios y ciudadanía en general, dado que el objetivo es obtener una legislación que completa y que satisfaga todos en los aspectos.
“No recuerdo que una iniciativa haya tenido este nivel de diálogo y apertura, recibimos alrededor de 35 diferentes aportes de gremios, federaciones, a la par hicimos un par de audiencias públicas que fueron convocadas por el Congreso, una serie de reuniones con centrales de trabajadores, sindicatos y coordinadoras. La idea es que esto se pueda construir y que salga una buena ley”, expresó Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del MEF.
Este proyecto presenta innovaciones y el Ejecutivo está abocado en la revisión de las propuestas, recalcó la viceministra quien indicó que esperan que estas sugerencias puedan consolidarse y mejorar al documento presentado en febrero de este año. Asimismo, aclaró que esta normativa hace foco al servicio civil y a la administración del Estado, no así a carreras definidas en la Constitución Nacional como la Policía Nacional, los militares, diplomáticos o docentes.
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“Es un proyecto largo que tiene 130 artículos, por eso ameritaba esta apertura y diálogo. Incorpora conceptos de la evaluación de desempeño, que sean objetivos en términos cualitativos y cuantitativos, que todos tengan la posibilidad de concursar para acceder a un cargo directivo, así como el ingreso a la función pública a través de concursos”, detalló a la 650 AM.
Picaso mencionó que la iniciativa que ahora está en análisis, corresponde a las modificaciones realizadas al proyecto presentado en octubre del 2022 por el gobierno anterior. Tanto el Poder Ejecutivo actual como el MEF, que absorbió a la antigua Secretaría de la Función Pública, introdujeron algunos aspectos para corregir la normativa que había motivado acciones de inconstitucionalidad en el pasado.
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Plantean crear fondo para inversión en tecnología del sector frutihortícola
El diputado Adrián “Billy” Vaesken señaló que está en análisis de una iniciativa legislativa que apunta a crear un fondo que financie la ley de Agricultura Familiar Campesina y así posibilitar la inversión necesaria en tecnología que permita asegurar la producción frutihortícola durante todo el año, respaldando al sector contra las amenazas que sufren actualmente.
“Queremos que la agricultura familiar tenga financiamiento porque la ley n.° 6.286 es fantástica, queremos que se cree un fondo de financiamiento para innovación e inversión en infraestructura y tecnología para hacer una agricultura sostenible, para que todo el año pueda producir el pequeño productor que hoy está amenazado por varios factores y que genera un desabastecimiento frutihortícola que nos afecta a todos”, explicó.
En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador liberal detalló que el Viceministerio de Agricultura Familiar cuenta con un presupuesto de G. 2.500 millones, lo cual no le permite apoyar de manera eficiente al sector productivo, por lo que este proyecto de ley que será presentado el 21 de mayo, busca establecer una nueva forma de que el Estado obtenga los recursos necesarios.
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“Estoy proponiendo una herramienta legislativa que grave el impuesto al grano en su estado natural, el ánimo no es perjudicar a la agroexportación, pero queremos sensibilizar a ese sector porque hay otro que está sufriendo por la falta de tecnología y no tenemos de dónde sacar la plata”, sostuvo. El legislador indicó que prevé reunirse con la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), con el fin de exponerle su iniciativa.
Desde la perspectiva del diputado por Central, esta ley también generará un incentivo para que los exportadores de granos puedan industrializar sus productos, generando así un valor agregado y produciendo empleo, algo vital para el desarrollo económico del país.
“Con esto no vamos a tener problemas de desabastecimiento, no vamos a depender de otros países, la canasta familiar no va a sufrir variaciones, va a haber fuentes de trabajo porque lo que desarrolla el país es la agricultura familiar, muchas familias se dedican a eso y hoy no están pudiendo trabajar por falta de tecnología”, afirmó.
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Senadora acusa a su colega de piratear su proyecto de ley
La sala de prensa del Senado, fue escenario de una acalorada pelea entre los congresistas de la oposición Yolanda Paredes y Líder Amarilla, quienes se disputaron la autoría de un proyecto de ley que plantea la universalización de la pensión otorgada a los adultos mayores.
La dirigente de la agrupación Cruzada Nacional acusó a su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de piratear su propuesta. “Sos un trato kure Líder, eso no se hace con el compañero. Yo no me voy a adueñar de un proyecto tuyo. Por qué tenemos que hacer esta discusión frente a toda la gente”, recriminó enfurecida Paredes.
Tras ser increpado, Amarilla dio su versión manifestando que en la Cámara Alta existen actualmente otras 2 propuestas similares a la impulsada por Paredes, razón por la cual la Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, que preside impulsó una mesa de trabajo con el fin de unificarlas y asegurar un rápido tratamiento en el pleno.
Asimismo, detalló que finalmente el proceso de agrupar las tres iniciativas fue concretada y que incluso la decisión fue avalada con la firma de Paredes en el documento. No obstante, la parlamentaria reconoció la situación, pero comentó que rubricó la propuesta sin tener conocimiento de la última decisión adoptada.
“No se puede hablar con una persona que no sabe lo que firma, que retire su firma si no está de acuerdo. El concepto de los tres proyectos está unificado, la diferencia es que la senadora quiere que el tratamiento se haga sobre su proyecto o sobre un dictamen de la comisión. No les parece correcto que se trate de una vez los tres proyectos”, refirió Amarilla.
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Sin embargo, Paredes volvió a sostener que Amarilla y sus colegas terminaron “adueñándose “de su propuesta. “¿Por qué tenes que hacer un nuevo proyecto? Yo te hablé y te expliqué que firmé sin saber lo que ustedes estaban haciendo. Haces fotocopias para distribuir a la gente como si fuera que ustedes hicieron un proyecto nuevo”, sostuvo.
Acotó que “presentas a la prensa que yo consentí esta iniciativa y eso no se hace. Estas propuestas tienen que ser tratadas por dictámenes de la comisión. Yo presenté un proyecto, desde setiembre que estoy trabajando, no pueden adueñarse de un proyecto”, dijo.
Lo que establece la propuesta unificada
El proyecto pretende la universalización del acceso a la asistencia estatal, estableciendo que todas las personas que tengan 65 años de edad puedan cobrar a excepción de los nativos quienes podrán obtener el beneficio a los 55 años de edad. Según el resultado del último censo, 516 mil ciudadanos tienen esa edad y de ese número solo 312 mil personas cobran la pensión de adultos mayores.
A la par indica que 670.000 guaraníes es lo que actualmente se cobra en concepto de pensión para adultos mayores y que la propuesta legislativa pretende aumentar al 50 % del salario mínimo vigente, aproximadamente a 1.300.000 guaraníes. Indica que el cobro podrá concretarse en un periodo de 30 días a partir de una declaración jurada.