El secretario general y director de Gabinete de la Presidencia del Partido Colorado, Eduardo González, dijo que las observaciones detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la rendición de cuentas de ingresos y egresos de los gastos de campaña de la nucleación relacionadas con las elecciones generales del pasado 30 de abril son totalmente subsanables.
“Las observaciones que tenemos son totalmente subsanables porque son de forma y no de fondo, con lo cual no tenemos ningún tipo de inconvenientes. Mientras que los demás partidos, movimientos políticos e incluso la Concertación si poseen falencias de fondo en su rendiciones, no llegaron a realizar una apertura de cuentas, requisito obligatorio”, indicó en comunicación con La Nación/Nación Media.
Detalló igualmente que no cumplieron con la disposición de apertura de una cuenta única: la Alianza por la Patria, Concertación para un Nuevo Paraguay Alto Paraná, Concertación para un Nuevo Paraguay Caaguazú, la Concertación para un Nuevo Paraguay San Pedro, el Partido Cruzada Nacional y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). La lista de los partidos y movimientos con la mencionada falencia continúa con la Alianza Boquerón Nos Une, Frente Guasu (FG). Concertación Nacional para un nuevo Paraguay Itapúa, Frente Guasu Ñemongeta Caaguazú y el Movimiento Conciencia Democrática.
Dejanos tu comentario
“La Contraloría no es un órgano jurisdiccional”, afirma Camacho
El abogado constitucionalista Emilio Camacho se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la administración del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez. El letrado sostiene que la Contraloría no es un órgano jurisdiccional, y un informe remitido por la misma puede ser perfectamente cuestionable.
“La Contraloría no es un órgano jurisdiccional, eso es importante tener en cuenta, es un órgano de control, y uno puede oponerse perfectamente a lo que diga la Contraloría”, expuso en entrevista con la 730 AM. Agregó que se trata de un órgano constitucional que también debe estar sometido a la constitución y la ley, y “no porque la Contraloría dice que está mal tiene que estar mal, porque muchas resoluciones de la Contraloría no son vinculantes”.
Mencionó que en un informe emitido no se puede establecer o dictaminar que existió algún tipo de delito, por ejemplo, en la administración de un intendente. Más bien se trata de un criterio establecido por el órgano de control.
“Yo soy intendente y compro tres tractores para limpiar un barrio y la Contraloría considera que es un mal desempeño porque compré sin licitar y eso es un criterio de la Contraloría, yo puedo ratificarme, que yo intendente compro tres tractores porque necesito para limpiar ese barrio y en ninguna parte puede considerarse delito comprar sin licitar, por ejemplo. Puede ser una falta administrativa, un objeto de debate, pero no constituye en delito”, apuntó.
UNA INTERVENCIÓN
Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que el propio Poder Ejecutivo impulse, como un gesto político, un pedido de intervención de la Intendencia de Asunción, sobre lo que expresó que la Constitución Nacional establece claramente los mecanismos y el proceso, en su artículo 165.
“En la Constitución no dice eso, la Constitución tiene claramente establecidos los motivos, uno, solicitud de la Junta Departamental o Municipal, sea gobernación o municipio, la Constitución habla de las dos cosas a la vez. Tiene que haber una solicitud de la Junta Municipal por mayoría absoluta de votos, el quorum legal”, sentenció.
Reiteró que es una atribución de la Cámara de Diputados dar o no el acuerdo para proceder a una intervención. “Es parecido a un juicio político, dar o no dar el acuerdo, porque es eso lo que hace la Cámara de Diputados, no otra cosa. Es una decisión, una atribución discrecional de Diputados, como el juicio político, puede dar o no puede dar, de acuerdo a su criterio”, puntualizó.
Dejanos tu comentario
Fleitas abre paraguas ante auditoría de la CGR a su gestión en Cordillera
Tras la declaración del Senado en la que insta a la Contraloría General de la República (CGR) a iniciar una fiscalización de los gastos realizados en la Gobernación de Cordillera durante la administración del exgobernador y actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas, el mismo salió al paso a través de sus redes sociales aludiendo que se trata de pase de facturas políticas. Al parecer, al presidente de los liberales no le gusta la revisión de gastos de la merienda escolar, la ejecución de los fondos que, según denuncias, fueron a parar en el bolsillo de sus correligionarios.
- Unidad de Investigación Nación Media
Al exgobernador de Cordillera y actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, parece no agradarle mucho que la Contraloría General de la República (CGR) fiscalice los gastos realizados en su administración, ya que según manifestó en sus redes sociales, considera que esta fiscalización no es más que una venganza política.
“Los que usan las instituciones como garrote para vengar sus enconos personales están apurados en ejecutar su plan. Confiados en nuestra gestión y en el pueblo que nos apoya estamos firmes para resistir los embates. Los exliberales, expulsados por indignos, no nos harán retroceder”, dice la publicación compartida por Fleitas a través de su cuenta de X (ex-Twitter) en la que se adjunta la nota que el Senado remitió a Contraloría instando el inicio de auditoría.
Recordemos por resolución CGR número 1089/23 se aprobó el Plan General de Auditorías para el ejercicio 2024 y mediante la nota número 1017 la Contraloría comunica a la Gobernación de Cordillera el inicio de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la gestión del presidente liberal en la que se analizarán los gastos relacionados con obras públicas durante los ejercicios fiscales del 2018 al 2023; almuerzo escolar y fondos concedidos por la Ley de Emergencia (Pandemia Covid-19) entre los años 2021 al 2023; la ejecución del rubro 800 que corresponde a transferencias realizadas organizaciones no gubernamentales entre el 2021 hasta el 2023. Esta misma tarea se hará en las gobernaciones de Central, Alto Paraná, Boquerón, Misiones, Guairá y Presidente Hayes.
En el caso de Cordillera, puntualmente la gestión de Fleitas en la gobernación, registra en su haber casos como el de junio de 2022, cuando 30 alumnos de entre 9 y 12 años habían presentado vómitos presumiblemente a causa alimentos de mala calidad que fueron distribuidos en su administración. La denuncia alude a los proporcionados en el colegio Héroes del Chaco, ubicado en Mbocayaty del Yhaguy en Cordillera, donde desayunaban y almorzaban.
En el rubro de merienda escolar la administración de Fleitas fue muy criticada por ineficiencia en procesos licitatorios que dilataban la entrega a los escolares.
El presidente liberal también es blanco de cuestionamientos en redes sociales por la supuesta repartija de fondos covid a miembros de comités liberales durante la pandemia, ya que según una serie de publicaciones realizadas por el comunicador Alfredo Guachiré en su cuenta de X (ex-Twitter), la administración de Fleitas recibió G. 6.382 millones del fondo covid para enfrentar la pandemia y realizó uso discrecional y repartija a consejos de salud manejados por sus correligionarios.
La actitud del actual presidente del PLRA y exgobernador de Cordillera deja entrever la resistencia a la transparencia sobre el uso que le dio a los fondos públicos cuando ejerció como jefe del mencionado departamento.
Dejanos tu comentario
Analizarán la próxima semana el lapidario informe de la CGR
Las irregularidades fueron detectadas a través de 4.000 auditorías, del ejercicio fiscal del año 2022 y parte de 2023.
El senador Rubén Velázquez indicó que en el transcurso de la próxima semana el pleno de la Cámara Alta analizará el informe final con relación a los desfalcos financieros y las denuncias sobre casos de corrupción registradas en diversas instituciones públicas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Las irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) a través de 4.000 auditorías, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del año 2023. “Como resultado, desde la Comisión Bicameral del Congreso habíamos dictaminado la aprobación del dictamen de la Contraloría con algunas recomendaciones. Esto ya fue tratado en la Cámara de Diputados, que aprobó el informe y luego pasó en la Cámara de Senadores. Lastimosamente esto tuvo entrada en la última sesión del pasado año, no se pudo tratar en plenaria”, dijo al programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El objetivo de la bicameral se centra en lograr el apoyo de ambas cámaras con el fin de respaldar los más de 62 reportes de hechos punibles que fueron presentados por la Contraloría ante el Ministerio Público.
“Yo tengo entendido que el presidente de la bicameral, Dionisio Amarilla, solicitará que sea tratado en la próxima semana para darle un corte definitivo. Los 75 hallazgos de indicios de hechos punibles ya fueron entregados al fiscal general del Estado, como al ministro de Economía y Finanzas, para que esto tenga un seguimiento y no estemos hablando de impunidad”, dijo.
Asimismo siguió sosteniendo que “el propósito de esto es mejorar la gestión y eficiencia en la función pública para erradicar la corrupción existente en los entes, esto cuesta, pero es el primer paso. Esto lo haremos en todos los ejercicios fiscales para que sea algo permanente. Tenemos que erradicar definitivamente la impunidad, de lo contrario nuestro país nunca va a avanzar hacia adelante”.
Dejanos tu comentario
CGR no puede pagar el salario a quien hace política activa
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió abrir sumario a José Luis Torales, funcionario de la institución que fue comisionado al Senado para fungir como asesor de la senadora Kattya González, al tiempo en que también presidía el Partido Encuentro Nacional (PEN). Desde el ente contralor aseguraron que pese a que Torales estaba comisionado, su actuar como funcionario de la entidad es reprochable.
“No podemos ser cómplices de las conductas, estamos nosotros reprochando, si yo le habilito a que se traslade a otro lugar, estoy siendo cómplice de que la Contraloría esté pagando el salario de una persona que se está dedicando a hacer política de forma activa. Ser candidato o presidente de un partido es la forma más prohibida de nuestro reglamento interno”, expresó el contralor Camilo Benítez.
El ente contralor modificó su reglamento interno en marzo de 2023, en el cual quedó taxativamente prohibido que los funcionarios activen en política, ya sea como miembros de comité, seccionales, convencionales o presidiendo organismos políticos, esto teniendo en cuenta que la Contraloría es una institución técnica cuya función es velar por la buena utilización de los recursos públicos.
Benítez indicó que la decisión de revocar el comisionamiento de Torales al Senado se debe a que le parece reprochable que a funcionarios de la Contraloría que prestan servicios en otras instituciones puedan activar en política al tiempo en que el ente contralor es el que paga su salario, hecho que sucedió con el asesor de Kattya.
“La Contraloría no puede pagar la campaña política de nadie. Torales fue comisionado y después fue candidato, fue presidente de un partido, pero se le paga su sueldo dentro de la Contraloría y esa conducta es reprochable. El contribuyente paga sus impuestos para que la Contraloría sea rigurosa en el custodio del gasto público y no puede estar financiando la campaña de nadie”, ratificó ante la 1020 AM.
DESMIENTEN A KATTYA
Kattya González intentó defender a Torales argumentando que este estaba “ocioso” en la Contraloría. Esta afirmación fue desmentida por el contralor Camilo Benítez, quien sostuvo que en la institución no existen planilleros, sino que todo lo contrario, cada día existe más trabajo debido a las nuevas leyes que se sancionan y que exigen un control de parte de la institución.
“La senadora dijo él fue comisionado porque estaba ocioso en la Contraloría, eso no es cierto, lo que no tenía era un cargo, pero la mayoría de los funcionarios no lo tienen. Los cargos de confianza son de directivos, que una porción ínfima, el resto son auditores, funcionarios que hacen el trabajo jurídico, procuración de expediente, pero todos tienen asignados un trabajo”, aseguró.
El contralor indicó que el caso de Torales marcará un precedente en la institución, dado que el sumario determinará si él estaba sujeto o no a la normativa de la Contraloría. Este comisionamiento irregular del asesor de Kattya representa el caso más grave que ha tenido a la fecha la institución con relación a funcionarios que activan en política partidaria.
“Unos funcionarios que firmaron una nota de una coordinadora colorada de la Contraloría y el escándalo fue generalizado, todos los medios se agarraron de la cabeza, esta conducta de José Luis es mucho peor que eso porque fue candidato a diputado y fue hasta hace poco presidente de un partido político”, sentenció.