Ayer se realizó la cuarta reunión de la Comisión Bicameral que analiza el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del PGN 2022, donde presentaron sus descargos el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, y los expresidentes de Petropar, Denis Lichi y Pedro Román.
Tras culminar esta reunión el presidente de la Comisión Bicameral, Dionisio Amarilla, sin dar otros detalles, refirió que algunos de los convocados admitieron la veracidad de algunas de las irregularidades apuntadas por la Contraloría General en su informe presentado ante el Congreso Nacional.
“No estamos aún en etapa de veredicto; entonces, no podemos ni dar opiniones, ni valorando o descartando las opiniones. Sí puedo decir que los visitantes, en muchos de los casos terminaron reconociendo que el informe de la Contraloría se ajusta a lo que ahí se ha manifestado, y otros también han hecho sus respectivos descargos”, refirió a los medios en el Senado.
En el caso del MOPC, Amarilla señaló que el exministro Rodolfo Segovia indicó en su descargo que varias de las irregularidades constatadas por la Contraloría corresponden a otra administración y en este caso no se descarta convocar al también exministro Arnoldo Wiens para que dé igualmente su descargo.
“El exministro Rodolfo Segovia dijo que algunas observaciones no son de su administración y que corresponden a la gestión del exministro Wiens; entonces, vamos en su momento, si nos da el tiempo, a reconvocarlo para ver qué pasó”, refirió el parlamentario.
Por otra parte, indicó que se analizarán detenidamente todos los datos recabados en las audiencias realizadas por la comisión, antes de remitir el informe final a las cámaras de Diputados y Senadores. “Nosotros seguramente eso lo vamos a evaluar dos o tres sesiones antes del plazo final que tenemos, para elevar nuestro informe tanto a Diputados como al Senado”, sentenció Amarilla.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
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Ministro de la Senad dice que cerrará sede mau que inauguró gobierno de Abdo
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sostuvo que su administración realizó varias consultas tanto dentro como fuera de la institución, para llegar al origen del financiamiento de la oficina regional en Salto del Guairá inaugurada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero no existe un solo documento que responda de dónde salió la plata. La obra costó unos G. 500 millones, según se había informado en el acto inaugural encabezado por la exministra Zully Rolón, y la ausencia de fuentes presupuestarias oficiales generan todo tipo de suspicacias en la misma Senad, por las fuerzas delictivas que operan en la mencionada ciudad del departamento de Canindeyú.
“Voy a cerrar esa sede, no hay ningún documento, hicimos varias consultas, investigaciones”, respondió el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, al ser consultado si en 10 meses de asumir la administración pudieron corroborar el presupuesto que financió la construcción de una sede regional en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
Rachid remarcó que no existen siquiera “restos de papel higiénico” que de alguna manera rindan cuentas del origen de los G. 500 millones que demandó la obra para la sede de la institución en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Es decir, nadie sabe de dónde salieron los millones para la construcción que inauguró la exministra Zully Rolón, incondicional elemento dentro del organismo de seguridad del exministro destituido por conexiones narco, Arnaldo Giuzzio.
La oficina regional fue inaugurada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, específicamente el 15 de julio de 2022. Durante el acto, la administración de Rolón señaló que la construcción tuvo un costo aproximado de G. 500 millones; pero no aclararon de dónde proviene el presupuesto o el origen del dinero.
No hubo llamado a licitación ni financiamiento oficial, etc., que avalen la inversión. Lo único certero de la obra es que el terreno donde se erigió fue donado por la Municipalidad de Salto del Guairá. El secretismo sobre el origen del dinero viene generando sos-pechas incluso en el mismo plantel de funcionarios de la Senad, hay todo tipo de especulaciones por las fuerzas criminales que ejercen influencia en la zona y por los vínculos de las propias exautoridades con sindicados narcotraficantes. SEDE MAU Rachid dijo que pidió informes a todas las dependencias de la institución, otras como la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), a la gobernación departamental, pero nadie sabe nada del origen de los fondos y los financistas de la sede en Salto del Guairá, que siguen siendo verdaderos fantasmas. Esta es la razón por la que Rachid adelantó que cerrará la sede “mau” de la mencionada ciudad y erigirá otro en Curuguaty. El jefe felicitado por Zully Rolón durante la inauguración había sido el agente de la Senad Martín Vera.
Según la exministra leal a Giuzzio, el funcionario “llevó sobre sus espaldas toda la supervisión, peleando con los recursos que teníamos, haciendo de la mejor manera el trabajo que hoy es una realidad y más aún que a la par contribuimos en dar trabajo a varios locales”. Vera no solo “peleó” con los recursos disponibles, también guarda muy bien el secreto de dónde salió la plata con la que tuvo que remar para el complejo que inauguraron. Desde la administración Rolón intentaron atribuir en su momento la inauguración de la oficina regional a la Ande y la Senabico. Sin embargo, desde ambas instituciones se habían desmarcado de cualquier donación o colaboración en infraestructura.
El máximo aporte de la Senabico fue el préstamo de algunos electrodomésticos, según consta en acta de entrega del 11 de julio de 2022, consistente en cinco televisores, un sofá, un juego de mesas con butacas, dos sillones, una parrilla “mbopi”, una heladera, un secarropas, un freezer y otros artículos de cocina por un valor total de G. 49 millones. Jalil manifestó que continúa evaluando las alternativas jurídicas para el caso, puesto que es un edificio que se incorpora al patrimonio del Estado, pero sin las documentaciones sobre el origen de los fondos. El actual titular de la Senad indicó que ya cuenta con un terreno de 3.800 m2 donado por la Municipalidad de Curuguaty y que ahora se encuentra en trámite para llamado a licitación de la nueva construcción con un presupuesto estimado de G. 1.500 millones. La donación fue aprobada por la Junta Municipal de Curuguaty en abril último, según Resolución Número 59/2024.
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Comitiva fiscal allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
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Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
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Urge que el IPS continúe ahorrando, dice Brítez
El Instituto de Previsión Social (IPS) se vio obligado a tomar una serie de medidas impopulares con el fin de preservar el fondo de jubilaciones y a la par generar ahorro en los gastos de la previsional, así lo afirmó el presidente de la institución, Jorge Brítez, quien indicó que se debe asegurar los recursos para las generaciones futuras.
“En los fondos jubilatorios siempre se crearon superávit, por eso tenemos USD 2.350 millones en el fondo de reserva, eso está dentro del mercado financiero, eso está en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y en diferentes instrumentos financieros, ahora debemos seguir generando rentabilidad para seguir ahorrando”, expresó el titular del IPS.
Brítez mencionó que cuando ingresaron a la institución se encontraron con un verdadero “carnaval” en el manejo de la previsional en cuanto al manejo de contrataciones de servicios y también de funcionarios, dado que en los últimos cinco años, se incorporaron unos 10.000 nuevos contratados. Además de esto, se tomaron decisiones arbitrarias como la de elevar el haber mínimo jubilatorio al 75% sin que esto cuente con una fuente de financiamiento.
“Según los cálculos actuariales, si no hacíamos absolutamente nada, recién en el 2038 íbamos a estar en la situación que estamos hoy, pero desde el 2020 ya se está haciendo esto de tocar las rentas del fondo de jubilaciones, eso nos preocupó extremadamente y tuvimos que tomar medidas impopulares, pero que tuvimos que hacerlo para preservar el fondo”, manifestó.
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Deudas
El IPS cuenta con deudas que ascienden a unos USD 850 millones, alrededor de USD 450 millones corresponden a compromisos impagos con proveedores. Ante esta situación, el Consejo de Administración inició un trabajo que es acompañado por el presidente de la República Santiago Peña, con el fin de que la previsional pueda cumplir con sus acreedores.
“Estamos buscando alternativas financieras que nos permitan salir de esta situación, el objetivo es recaudar más y gastar mejor y son dos medidas administrativas que estamos tomando para poder ir mejorando la situación y así cumplir con los compromisos que tiene el IPS”, señaló a la 1020 AM.
La administración de Brítez realizó 17 denuncias ante el Ministerio Público por hechos irregulares que tuvieron lugar en gestiones anteriores, lo cual produjo el descalce financiero actual. El IPS recurrió al uso del 28% de las rentas de sus reservas para cumplir con el pago de las jubilaciones, y si esto no se detiene, en unos tres años podría comenzar a utilizarse las reservas y es eso lo que se busca evitar, explicó.