El senador Dionisio Amarilla manifestó que es imperativo que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, Santiago Peña, junto con sus ministros expongan todas las irregularidades detectadas en la gestión de Mario Abdo Benítez, de modo a que la ciudadanía conozca en detalles el porqué de la millonaria deuda heredada y también para que se tomen acciones en contra de quienes endeudaron las instituciones del Estado.
“Exijo que el Presidente, en una conferencia de prensa junto con sus ministros, cuente qué encontró, cómo se generaron los USD 350 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que cuenten por qué hay faltas de medicamentos en el Ministerio de Salud y en el Instituto de Previsión Social (IPS). Pedimos que nos informen qué encontraron porque hay familias que se pueden quedar sin sustento, porque no se pagan las deudas del Estado”, manifestó.
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Reclaman destitución del director de la Escuela Básica Ignacio A. Pane
Un grupo de padres realizó una protesta este lunes para exigir la destitución del director de la Escuela Básica Ignacio A. Pane, Víctor Rojas a quien acusan de manejo irregular de recursos y del estado de abandono de la institución. La dirección suspendió la fiesta de San Juan al negarse a la presentación de una rendición de cuentas, según denunciaron los manifestantes.
“Estamos pidiendo la destitución del director. Hoy ya nos cerraron la puerta del colegio diciendo que ningún padre puede ingresar, que hay una nueva resolución que acaban de pegar por el portón”, señaló una mamá a C9N. Dijo que también recurrieron a la Supervisión, pero tampoco recibieron una respuesta satisfactoria, por lo que afirmó que seguirán las manifestaciones de los padres.
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Otra manifestante se quejó que el director les cerró las puertas “incontables veces”, para evitar ser controlado en la utilización de los fondos de la institución. “Le exigimos rendición de cuentas y nos suspendió la fiesta de San Juan”, indicó. La mujer denunció que se hundió el pozo ciego, pero que el profesor Rojas nunca está para hablar con los padres.
A su vez la profesora Zulma Jara Rojas manifestó que la prohibición de ingreso rige a partir de hoy debido a los incidentes registrados. “Durante el horario de clases no pueden ingresar personas extrañas a la institución”, expresó.
La docente anunció que se instalaría una mesa de trabajo entre las partes con la intervención de los supervisores. “A mí me están amedrentando, me acusaron que les golpeé. No tengo inconveniente en que me investiguen”, dijo la educadora, quien se encontraba custodiando celosamente el portón de acceso a la institución.
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Médicos del IPS reclaman dignificación salarial y no descartan recurrir a la huelga
El presidente de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social, Elías Rolón, explicó que el gremio está llevando adelante un fuerte lobby con las autoridades de la previsional desde octubre del año pasado exigiendo “la dignificación salarial” y la reducción de la carga horaria del personal de blanco.
El doctor Rolón explicó en comunicación con la radio 1020Am, que personal de blanco alega que son reclamos exigidos desde hace años, con un compromiso ya asumido por las administraciones anteriores, pero que aún no se ha cumplido. Por tanto, ahora están ratificando este pedido, y anunciaron que de no encontrar una salida positiva, desde el gremio no descartaron recurrir a una medida de fuerza; la cual podría ser confirmada en la próxima asamblea prevista el 6 de julio.
El presidente de la asociación señaló que las reivindicaciones giran alrededor de la Ley 7137, que establece la dignificación salarial y la carga horaria de los profesionales médicos que prestan servicios dentro del sistema nacional de salud. Explicó que esta ley se aplica tanto al Ministerio de Salud, al IPS y al Hospital del Clínicas.
Mencionó que esta legislación vigente establece la reducción de la carga horaria de manera gradual de 24 a 12 horas; y debe ser aplicada de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. “En el Ministerio de Salud se comenzó a aplicar de manera gradual hace 8 años, en los servicios sin que se resienta en el presupuesto, ni en la atención de los pacientes”, precisó.
Indicó que en el IPS se comenzó hacer un trabajo de ingeniería para la redistribución de los especialistas en los diferentes servicios, sin que afecte el presupuesto, ni la atención de los asegurados.
“El problema es que estábamos esperando octubre, noviembre; nos dijeron que esperemos porque venía época de vacaciones, epidemia de dengue y chikungunya, entonces esperamos. En abril de este año retomamos las conversaciones, el mismo presidente del IPS nos prometió que desde mayo comenzaría a implementar la ley en forma gradual, comenzando con el Hospital Central, la clínica periférica Boquerón y el Hospital de Ingavi. Esperamos, estamos finalizando junio y no hay respuestas hasta ahora”, comentó.
Cansados de promesas
El doctor Rolón señaló que el gremio de médicos del IPS está cansado de las precariedades salariales y sobre todo de la inequidad salarial. Explicó que entre las múltiples quejas del sector, el profesional sostuvo que los especialistas solo perciben G. 3.800.000 tras sus descuentos, cuando fuera del IPS pueden percibir montos hasta 5 veces superiores, con una menor carga laboral.
“Hace 15 años fue la última vez que se aumentó el salario mínimo. El área médica está siendo humillada. Los médicos especialistas renuncian por eso. Quién va a querer ganar G. 3.800.000 siendo que en el sector privado ganan 5 veces más por 5 horas de trabajo”, acotó.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
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Comitiva fiscal allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
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Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
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