La agente fiscal Liliana Alcaraz, designada para la titularidad de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo que entre sus primeras acciones dentro de la cartera estatal se encuentra retornar la confidencialidad en el manejo de las informaciones. De acuerdo a las denuncias, el gobierno de Mario Abdo Benítez utilizó la institución como garrote político contra sus adversarios.
“Todo lo que tenga que ver con inteligencia debe ser manejada con una absoluta confidencialidad y voy a tomar las medidas al respecto. Para mí la confidencialidad de los funcionarios es un tema sumamente importante, y bueno vamos a someterlos a un periodo de evaluación en los primeros tiempos de mi gestión”, dijo al programa “Así son las cosas” emitido por la radio Universo 970 AM/Nación Media.
Un trabajo investigativo realizado por los periodistas Jorge Torres y Cinthia Mora para el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, luego de la “denuncia” del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra el exmandatario Horacio Cartes, coincidentemente, saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada en ese entonces por Carlos Arregui era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno.
Al respecto, la viceministra Carmen Pereira figura como la principal operadora que ordenaba la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos de la institución, ya que ni siquiera se habían generado reportes sospechosos ni solicitudes de instituciones como la Fiscalía o la Contraloría General de la República.
Pese a los escándalos por las filtraciones, la Seprelad nunca aplicó un protocolo, ignorando totalmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“La Seprelad es un órgano de inteligencia que recibe los reportes de operaciones sospechosas de manera diaria y elabora informes de inteligencia que posteriormente son remitidos al Ministerio Público, para que el órgano representante de la sociedad actúe en consecuencia si es que amerita el informe correspondiente”, indicó.
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¿Quiénes son los abogados de Abdo y su gavilla?
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, realizó una radiografía de los abogados de los imputados en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con sus antecedentes y “perlitas”.
En el programa “La Caja Negra” emitido por Unicanal, Ovelar cuestionó que mediante un show mediático los letrados de la contraparte pretenden desviar la atención referente a la denuncia presentada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores directos por el esquema de persecución política contra los adversarios y la filtración de datos confidenciales, con fines meramente proselitistas.
Indicó que los abogados de la gavilla están empecinados a desmeritar el caso sin siquiera responder si se filtró o no información sensible y si se creó o no un esquema de persecución política durante la administración adbdista. En el afán de influir en la opinión pública, según resaltó, se difundieron chats montados “para embarrar la cancha y desacreditar la investigación”, publicó hoy.com.py.
Ovelar hizo énfasis en el perfil de quiénes son los representantes de los imputados. “Hay que mirar quiénes son y cómo actúan los abogados defensores. Solamente plantean incidentes de nulidad y recusaciones, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso, llegando incluso a la Corte Suprema de Justicia y en ningún momento discuten sobre si existieron las filtraciones y la creación de oficinas paralelas”, subrayó.
Sin nombrarlo, pero refiriéndose a Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías, dijo que en el grupo de abogados figura “un exmiembro del Consejo de la Magistratura que llegó al Jurado de Enjuiciamiento y llamativamente asume él la presidencia luego de la destitución del anterior (Jorge Bogarín) tras ser declarado significativamente corrupto”.
“Tenemos también a un asesor jurídico (Carlos César Trapani). Me imagino que todas aquellas maniobras y jugadas que se realizaban dentro de las instituciones eran sometidas al Poder Ejecutivo”, indicó Ovelar. La defensa de Mario Abdo Benítez es ejercida por Carlos César Trapani, quien se desempeñó en el anterior gobierno como asesor jurídico de la Presidencia.
Nexos con grupos criminales
También se refirió a la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola. “Una exministra de Justicia que tenía nexos formales e informales con grupos criminales porque manejó las cárceles del país”, expresó. El profesional mencionó que en este grupo hay “un abogado que era el encargado permanente de la persecución a Tabesa”.
“¿Cuál es la imagen que proyecta este grupo de abogados? No quieren discutir el fondo de la cuestión; y que estamos todos unidos y nos salvamos todos juntos o no hundimos todos”, mencionó. Ovelar consideró que es innegable el activismo de los medios de prensa aliados al abdismo. “El activismo político y mediático anticolorado es algo innegable, algo que no se puede ocultar ni esconder. ¿Hay alguna prueba en contra de Horacio Cartes? ¿Algún elemento que pueda sustentar lo que ellos afirman? No existe un solo elemento”, sostuvo.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, así como los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo, Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Imputaciones
Según el acta de imputación, existen suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de lo siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Los abogados defensores Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui; Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna en representación de los imputados Carmen Pereira y Pereira Cohene; Emilio Fuster defensor de los imputados Arnaldo Giuzzio y Guillermo Preda; y Enrique Kronawetter quien ejerce la defensa de Daniel Farías, se pasaron presentando chicanas para impedir que el caso avance.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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Caso filtración Seprelad: Fiscalía cita a exministros de Abdo para indagatoria
Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, fueron citados por el Ministerio Público para someterse a una indagatoria en el marco de la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas. Los mismos se encuentran imputados por siete posibles hechos punibles.
La convocatoria está fijada para los días 4, 8 y 10 de julio a las 8:00 y deberán comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. Mientras que los demás imputados Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira son citaos para los días 12, 16, 18 y 22 de julio.
En la causa también se encuentran imputados Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Las imputaciones derivan de la denuncia presentada por el también expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el pasado 31 de julio del año 2023.
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte de su período de gobierno, Abdo Benítez (2021 al 2022), se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el jefe de Estado Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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Casas de cambio buscan mecanismo para legitimar operaciones de los cambistas
Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de las casas de cambio, por ello incluso analizan la posibilidad de pasar a operar en el mercado de divisas como un Banco de Cambio.
En comunicación con el diario La Nación Nación Media, el presidente de la ACCP, Gregorio Mayor, explicó que la Ley 2794/2005 de Casas de Cambio, en la que se contempla por un lado las casas de cambio que están estructuradas y formalizadas, supervizadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), ya que son sujetos obligados de la Ley 1.015 sobre Lavados de Activos.
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También indicó que la legislación del 2005, incluye además a los “corredores de cambio”, que es el cambista de la calle, que también dice la ley deberían ser supervisados por el BCP, situación que no se cumple en la realidad.
Dijo que la Ley exige que el cambista cuente con un registro para operar en la vía pública, el cual tiene validez de un año. Mencionó que hasta hace poco, antes que ocurriera el asalto a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este, en el registro del BCP solo figuraban 11 registros.
“En el año 2019, el BCP, en forma conjunta con la Policía Nacional y la Sedeco, realizaron un censo de corredores de cambio, en ese tiempo se identificaron a unos 900 cambistas que operaban a nivel país. Después de la pandemia, conforme a los datos que accedimos como asociación, pudimos analizar la cifra subió y está entre los mil y mil cien cambistas o corredores de cambio”, precisó.
Estigma de casas de cambio
Mencionó además que la Ley 2794 establece que los corredores de cambios tienen autorizados por Ley, a operar hasta 10.000 dólares por día. Lamentó que el registro del BCP prácticamente no existe, incluso despues del atraco a la bóbeda se dio de baja de la web del BCP el listado de registros, de corredores de cambio que solo figuraban 11 cambistas.
“El problema es que por un lado estamos nosotros, el sector formalizado y por otro lado, está este sector informal; y el riesgo está que cualquier persona, como se dio con la exministra Cecilia Pérez, del gobierno de Mario Abdo, salga a decir que las casas de cambio son el talón de aquiles del sistema financiero, porque supuestamente, nosotros hacemos operaciones que no realizan los bancos, ni financieras y hacemos con mucha opacidad, dicho de una forma menos elegante, nos acusó de operar de manera ilegal” cuestionó.
A esta situación, recordó que en el caso de los audios filtrados del extitular de la Senad y exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y su mano derecha Zully Rolón que también fue titular de la Senado. Indicó que entre esos audios filtrados, también se señaló a las casas de cambio como posibles lugares para el lavado de dinero.
Propuestas de soluciones
“Vemos que continúa el estigma sobre las casas de cambio que operamos de manera legal, por eso, como asociación impulsamos varias tareas. Por un lado, trabajamos en un anteproyecto para la modificación de la Ley, donde ya no queremos llamarnos casas de cambio, sino pasar a ser Banco de Cambio o empresa del sistema cambiario”, indicó.
Mencionó que la idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas. “Queremos separarnos de ellos, porque operan dentro del mercado informal, no registran sus operaciones, no identifican con quién están operando, no identifican los fondos que ellos utilizan. La ley habla que solo pueden operar hasta 10.000 dólares, pero la noticia de lo que fue el robo a la bóveda de los cambistas dan cuenta de otra cosa”, explicó.
Este anteproyecto por ahora se está trabajando en el borrador, que será puesto a consideración de todas las casas de cambio del país, así como presentar al BCP, a la Seprelad, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez y consensuado administrativamente se estaría elevando al Congreso Nacional para su estudio.
LAS CLAVES
- La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas y dejar de lado la imagen negativa.
- El gremio trabaja en varias propuestas para que los cambistas operen de manera legal bajo el control del BCP
- La ley actual obliga al cambista a contar con registro para operar en las calles, pero de los mil corredores de cambio, solo 11 cuentan con registro.
- La idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas
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