Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoo Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich por los delitos por frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero, por supuestamente ocultar información al Ministerio Público sobre operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, reportadas por tres entidades bancarias.
El Ministerio Público en su acta de imputación solicitó medidas alternativas a la prisión, que se definirán cuando se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El documento de la Fiscalía refiere que en el año 2012 el banco Sudameris presentó a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero fue rechazado luego de que la entidad bancaria haya obtenido información de que el solicitante habría estado vinculado a investigaciones por lavado de dinero en Brasil.
La imputación señala, además, que el reporte de operación sospechosa no fue categorizado como de riesgo alto por la Seprelad, en aquel entonces presidida por Boidanich. La información presuntamente fue archivada hasta que surgieran nuevos datos.
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Indagatoria a la gavilla de Abdo: “El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar con relación a la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
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Cartes había sostenido en su acusación de que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
Caso Montserrat Alliana
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Ovelar acotó: “lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre”.
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Caso filtración Seprelad: Fiscalía cita a exministros de Abdo para indagatoria
Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, fueron citados por el Ministerio Público para someterse a una indagatoria en el marco de la causa por persecución política orquestada con el uso de las instituciones públicas. Los mismos se encuentran imputados por siete posibles hechos punibles.
La convocatoria está fijada para los días 4, 8 y 10 de julio a las 8:00 y deberán comparecer ante los agentes fiscales Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria. Mientras que los demás imputados Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira son citaos para los días 12, 16, 18 y 22 de julio.
En la causa también se encuentran imputados Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Las imputaciones derivan de la denuncia presentada por el también expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, el pasado 31 de julio del año 2023.
La acusación formulada por el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes sostiene que durante la anterior administración se incursó las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Agrega a la vez que durante parte de su período de gobierno, Abdo Benítez (2021 al 2022), se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y el jefe de Estado Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral.
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Casas de cambio buscan mecanismo para legitimar operaciones de los cambistas
Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de las casas de cambio, por ello incluso analizan la posibilidad de pasar a operar en el mercado de divisas como un Banco de Cambio.
En comunicación con el diario La Nación Nación Media, el presidente de la ACCP, Gregorio Mayor, explicó que la Ley 2794/2005 de Casas de Cambio, en la que se contempla por un lado las casas de cambio que están estructuradas y formalizadas, supervizadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), ya que son sujetos obligados de la Ley 1.015 sobre Lavados de Activos.
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También indicó que la legislación del 2005, incluye además a los “corredores de cambio”, que es el cambista de la calle, que también dice la ley deberían ser supervisados por el BCP, situación que no se cumple en la realidad.
Dijo que la Ley exige que el cambista cuente con un registro para operar en la vía pública, el cual tiene validez de un año. Mencionó que hasta hace poco, antes que ocurriera el asalto a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este, en el registro del BCP solo figuraban 11 registros.
“En el año 2019, el BCP, en forma conjunta con la Policía Nacional y la Sedeco, realizaron un censo de corredores de cambio, en ese tiempo se identificaron a unos 900 cambistas que operaban a nivel país. Después de la pandemia, conforme a los datos que accedimos como asociación, pudimos analizar la cifra subió y está entre los mil y mil cien cambistas o corredores de cambio”, precisó.
Estigma de casas de cambio
Mencionó además que la Ley 2794 establece que los corredores de cambios tienen autorizados por Ley, a operar hasta 10.000 dólares por día. Lamentó que el registro del BCP prácticamente no existe, incluso despues del atraco a la bóbeda se dio de baja de la web del BCP el listado de registros, de corredores de cambio que solo figuraban 11 cambistas.
“El problema es que por un lado estamos nosotros, el sector formalizado y por otro lado, está este sector informal; y el riesgo está que cualquier persona, como se dio con la exministra Cecilia Pérez, del gobierno de Mario Abdo, salga a decir que las casas de cambio son el talón de aquiles del sistema financiero, porque supuestamente, nosotros hacemos operaciones que no realizan los bancos, ni financieras y hacemos con mucha opacidad, dicho de una forma menos elegante, nos acusó de operar de manera ilegal” cuestionó.
A esta situación, recordó que en el caso de los audios filtrados del extitular de la Senad y exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y su mano derecha Zully Rolón que también fue titular de la Senado. Indicó que entre esos audios filtrados, también se señaló a las casas de cambio como posibles lugares para el lavado de dinero.
Propuestas de soluciones
“Vemos que continúa el estigma sobre las casas de cambio que operamos de manera legal, por eso, como asociación impulsamos varias tareas. Por un lado, trabajamos en un anteproyecto para la modificación de la Ley, donde ya no queremos llamarnos casas de cambio, sino pasar a ser Banco de Cambio o empresa del sistema cambiario”, indicó.
Mencionó que la idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas. “Queremos separarnos de ellos, porque operan dentro del mercado informal, no registran sus operaciones, no identifican con quién están operando, no identifican los fondos que ellos utilizan. La ley habla que solo pueden operar hasta 10.000 dólares, pero la noticia de lo que fue el robo a la bóveda de los cambistas dan cuenta de otra cosa”, explicó.
Este anteproyecto por ahora se está trabajando en el borrador, que será puesto a consideración de todas las casas de cambio del país, así como presentar al BCP, a la Seprelad, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez y consensuado administrativamente se estaría elevando al Congreso Nacional para su estudio.
LAS CLAVES
- La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas y dejar de lado la imagen negativa.
- El gremio trabaja en varias propuestas para que los cambistas operen de manera legal bajo el control del BCP
- La ley actual obliga al cambista a contar con registro para operar en las calles, pero de los mil corredores de cambio, solo 11 cuentan con registro.
- La idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas
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“Seprelad fue utilizada como garrote político”, afirma senador Zacarías
El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. El legislador sostuvo que no existe ninguna duda de que los fines de esa secretaría eran meramente atacar políticamente a algunos sectores.
“Seprelad fue utilizada para un garrote político, no existe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y se tienen que ir presas las personas que estuvieron manejando la Seprelad”, manifestó en entrevista a la 1020 AM.
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Agregó que incluso él fue una de las víctimas de los ataques y del garrote de la Seprelad en su momento, con persecuciones en su contra, por lo que puede confirmar el esquema que se llevó adelante desde esa institución del Estado.
“Soy testigo del tema de la Seprelad y compañía, era manejada políticamente. Por esta casa (su vivienda) Seprelad hizo un informe en mi contra de que yo pagué, si mal no recuerdo, 8 mil millones de guaraníes cuando esta casa es herencia de mi papá y de mi mamá y yo pagué cero guaraníes. Esta era la casa de mi mamá y de mi papá”, señaló.
Apuntó a María Epifania González, exministra de Seprelad y mamá de Joselo Rodríguez (envuelto en el polémico hecho del acta bilateral), como la que inició la persecución y los ataques con tinte político, que luego continuaron con René Fernández. “Ella fue la que empezó toda esta persecución y continuó después René Fernández”, sentenció.
Así también, afirmó que todo el esquema fue por órdenes del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. “Claro que había órdenes, lógico, no hay ninguna duda”, puntualizó el parlamentario.
Llamadas a Sandra Quiñonez
En otro momento, el senador Zacarías señaló que las llamadas de “apriete” del entonces presidente Abdo no se limitaba a la Seprelad, sino que también en varias ocasiones llamó a presionar a la exfiscal General del Estado Sandra Quiñonez exigiéndole que el Ministerio Público lo imputara.
“Pregúnteles a las personas de alta jerarquía de la administración de la Fiscalía de ese entonces, y les van a certificar lo que yo les digo”, aseguró el legislador al hablar del tema.
Ratificó que el propio Mario Abdo era el que llamaba a la exfiscal Quiñonez “y le decía: ¿Qué esperas que no le imputas? Yo hablaba muy poco con él, claro que le encaré, le dije todo eso, él por supuesto no va a admitir nunca, pero yo no soy burro ni tonto”, sostuvo Zacarías Irún.
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