El director de la radio Transcontinental de Hernandarias, Ángel Gabriaguez, señaló que Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, acumula una veintena de denuncias por varios hechos punibles; sin embargo, hasta la fecha no fue imputado por el Ministerio Público por lo que cuestionó la labor del agente asignado a la causa.
“Tiene 25 denuncias por distintos hechos punibles, fue denunciado por los concejales, hay una coordinadora de ciudadanos que siempre hacen denuncias, hay abogados y periodistas que hacen de forma particular la denuncia, pero llamativamente nunca hemos tenido una respuesta del Ministerio Público que es la entidad investigadora”, expresó Gabriaguez, en contacto con la 650 AM.
Cuestionó al fiscal Silvio Corbeta por no realizar ninguna imputación en contra de Prieto. “Hace un mes el propio fiscal general del Estado le pasó la causa, específicamente el caso de Tía Chela. Él se jacta de que en un mes le imputó a un político, pero hay otro que tiene 25 denuncias y él guarda o esconde esa causa, no hay la misma valentía para imputar a Miguel Prieto”, lamentó.
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A pedido del Ejecutivo, la Contraloría interviene DINATRAN
Desde la Presidencia de la República solicitaron la fiscalización especial inmediata de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), para llevar adelante la verificación y habilitación del servicio del transporte público hasta junio del 2024. Para el efecto, la Contraloría General de la República ya se constituyó este viernes en las oficinas de esta dirección.
Al respecto, Gladys Fernández, directora de Control Gubernamental de la Contraloría, en comunicación con radio Uno 650Am, explicó que fue el Ejecutivo el que solicitó la fiscalización especial inmediata de la Dinatran. En el periodo que va desde el 2022 hasta junio del 2024. Atendiendo a una denuncia ingresada a la Contraloría, específicamente para verificar la habilitación y regulación del transporte público, dentro de las disposiciones que rigen desde Dinatran.
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“En la fecha, el controlador dispuso la nominación del equipo para realizar una fiscalización especial inmediata. El equipo tiene la función de ir a verificar que las habilitaciones y regulaciones del transporte público se hayan efectuado conforme a lo que dictan las normas legales”, mencionó.
Mencionó además que esta situación es una preocupación de la Presidencia de la República respecto a la calidad del transporte y a los hechos denunciados en los medios sobre el levantamiento de controles en las rutas, luego de una supuesta exoneración de multas a camioneros y colectiveros por 650 millones de guaraníes.
“Además, de verificar las denuncias que se han presentado en la Contraloría y medios de comunicación. De hecho, este es un pedido del Ejecutivo por las denuncias. Las denuncias que estamos recibiendo son publicaciones con relación a la habilitación. El equipo auditor debe verificar esta denuncia”, preció.
Indicó que los fiscalizadores van a verificar todo lo que se refiera a la habilitación y regulación del transporte público. “La fiscalización normalmente es una moralidad de control un poco más abreviada. Se espera que en dos meses esté el resultado de este trabajo, todo depende de cómo fluya la información desde la Dinatran hacia la Contraloría”, acotó.
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Policía recibió 302 reportes de niños y adolescentes desaparecidos en el país este año
Este martes, desde el departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional informaron que hasta la fecha recibieron 302 reportes de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Paraguay. Instaron a realizar las denuncias de inmediato y no esperar a que pasen las horas.
Según la comisario Lucia Ávalos, encargada del departamento, son niños y adolescentes cuyas edades van de 0 a 17 años. “En lo que va del año 2024, en búsqueda y localización de personas, se recepcionó las denuncias de 302 niños y adolescentes desaparecidos a nivel país”, explicó en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Señaló que en algunos casos la desaparición se da cuando hay una disputa entre padres y que uno de ellos lleva al hijo sin permiso, mientras ya realizó la denuncia. Otro de los casos es cuando los responsables del niño tienen adicciones y un familiar lo rescata del lugar sin avisar, también es denunciado como desaparecido.
“Todos los casos están siendo investigados. En lo que va del año hemos dado con la localización de 40 chicos desaparecidos. Otro problema con el que tropezamos es que una vez que encuentran al niño o adolescente no se toman la molestia de volver al lugar donde realizaron la denuncia para avisar que ya lo localizaron”, apuntó.
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Denuncia inmediata
Afirmó que una vez que uno detecta la ausencia del niño o adolescente, debe realizar la denuncia en forma inmediata. “Ante la desaparición de un menor, la denuncia se debe realizar lo antes posible en las comisarías o el Ministerio Público, porque las primeras horas son las más importantes”, aclaró.
En tanto que, en el caso de personas adultas que desaparecen, la comisario indicó que, de la misma forma, la denuncia se debe realizar de inmediato o una vez que se pueda constatar que no sepan del paradero de la persona o ya no se tenga contacto con esta por mucho tiempo.
“No se debe esperar 48 horas, porque las primeras horas son cruciales para la localización. En el caso de que la denuncia no sea recepcionada en las comisarías pueden llegar hasta el departamento de Búsqueda y Localización ubicada sobre Sacramentos. Tenemos un protocolo de que no se debe esperar”, puntualizó.
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“Ladrón de pandemia que por fin cae”, afirma Bachi
El senador Basilio Núñez celebró el pedido del Ministerio Público para elevar a juicio oral y público contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de Tía Chela. El legislador recordó que fue uno de los primeros en denunciar estos hechos en su momento.
“No me creo el primero, pero soy uno de los primeros, yo diría que fui el único diputado que se hizo eco de las denuncias que se hacían en el Este, porque hay que reconocer que él como un intendente joven entró con una cierta popularidad”, indicó Núñez en entrevista para La Nación/Nación Media.
Agregó que el caso Tía Chela en pandemia fue una de las primeras denuncias que se hicieron públicas hacia la gestión de Miguel Prieto al frente de la administración municipal.
“Estaba mirando en el archivo y mi primera denuncia creo que fue ya en 2020, después vino hasta la investigación de La Nación, pero yo fui uno de los primeros que denunció porque me llegaron estos documentos que eran contundentes, me refiero a lo de Tía Chela, que fue una de las primeras denuncias”, dijo el senador.
Mientras tanto, indicó que esta es solo una de las 39 denuncias con que cuenta Miguel Prieto como administrador municipal, “un político que es de la oposición, que es protegido por ciertos sectores mediáticos”, cuestionó. “Va a ser la punta de iceberg, lo decía yo cuando era diputado y esto me da la razón. Después de esto vendrán varias otras, tiene que venir porque esto está bastante bien corroborado, es un ladrón de pandemia que por fin cae, o va cayendo”, expresó Núñez.
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Fiscalía pide juicio oral para Prieto en el caso de Tía Chela
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, remitieron una nota al juez penal de Garantías Humberto Otazú para que el caso sea elevado a juicio oral y público. El Ministerio Público acusa al jefe comunal y a otros funcionarios por lesión de confianza por compras de víveres en pandemia.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez investigan a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal en el sonado caso de “Tía Chela”, el minimercado que apareció como súper proveedor de la municipalidad durante la pandemia y para el cual se habría direccionado la licitación, causando un perjuicio a la comuna de unos G. 1.700 millones.
Por este mismo caso, también están procesados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Fariña Almada, Sebastián Martínez, Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Avalos Britos, Emili Vanesa Florentin Páez, todos ellos acusados por la comisión de lesión de confianza y asociación criminal.
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Prieto fue imputado en julio del 2023 por una licitación que data de marzo del 2020, cuando la pandemia empezaba a azotar a nuestro país. En este marco, abrió un llamado para la adquisición de 25.000 kits de alimentos que costaron G. 2.900 millones. La Unidad de Investigación de Nación Media reveló que la firma adjudicada “Tía Chela” no contaba con la capacidad para proveer los alimentos.
Nación Media también pudo sacar a la luz otros elementos como que el comercio no era más que un pequeño minimercado familiar que no contaba con la experiencia requerida para ser adjudicado, es más, tampoco se pudo constatar el origen de los alimentos supuestamente entregados.
La ciudadanía organizada en Ciudad del Este también acusa a Prieto de cometer otros hechos punibles y alienta a la Fiscalía a investigar estos casos. A la fecha, existen 39 denuncias en contra del intendente esteño. “Tanto él como el resto de los imputados tienen inhibiciones sobre sus bienes particulares y es una incoherencia, porque sigue siendo administrador de la municipalidad, pese a todas las denuncias”, cuestionó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana del distrito.
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