Ayer lunes, la Cámara de Senadores remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el período 2023 para su aprobación o veto, sancionado por el Congreso Nacional. El Senado aprobó un presupuesto que supera los G. 105,1 billones, equivalente a unos US$ 14.800 millones, dando prioridad a las leyes establecidas y a acuerdos realizados con diferentes instituciones.
En lo relacionado a la salud, se aumentaron unos G. 58 mil millones para el reajuste salarial, reduciendo lo asignado para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, había manifestado durante el encuentro en el Banco Central del Paraguay (BCP) que el Ejecutivo descarta el veto total del proyecto, pero manejan la posibilidad de aplicar un rechazo parcial respecto al aumento de los gastos rígidos que plantea el PGN modificado. Así también, consideró que cada año se torna más compleja la administración de la propuesta atendiendo que se van agregando mayores rigideces.
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Urge establecer una legislación para plataformas de movilidad y de entregas
El diputado Pedro Gómez, uno de los proyectistas de la propuesta “que regula el trabajo de las empresas de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”, sostuvo que urge la necesidad de regular estos servicios a través de plataformas digitales. Este proyecto de ley se encontraba en el punto 13 del orden del día de la sesión del pasado miércoles, sin embargo, no fue tratado por falta de quórum.
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“Es un tema muy complejo, porque esto surgió hace poco y hay muchos países que todavía no tienen legislado también, si nosotros logramos esto, en la región vamos a ser uno de los tres o cuatro países que tenga esta legislación. Urge la necesidad de regular, sobre todo en el tema de la seguridad que la gente necesita”, expresó el diputado en entrevista para La Nación/Nación Media.
El legislador refirió que, actualmente, las empresas de plataformas se rigen por sus propias regulaciones internas, y el objetivo es establecer una normativa única para la operatividad de estas.
“Las seis o siete empresas que tenemos en el país, cada uno se rige de acuerdo a lo que ellos les parezca y no a lo que la ley se expida o el ente regulador expida porque no existe una ley reguladora de estas plataformas, sin embargo, si existe una ley todos van a hacer lo mismo, apuntó.
Proyecto divido
Explicó que se trata de un proyecto de ley que ya lleva un largo debate en el Congreso Nacional, ya que inicialmente, el proyecto también incluía el seguro social para los trabajadores de estas plataformas, y también la seguridad con la identificación real tanto de los conductores como de los usuarios.
“Hay un debate un poco largo ya, con el tema laboral, en principio en el proyecto se había presentado con una pequeña relación laboral existente entre las plataformas y los trabajadores, pero luego entendimos que estos son prestadores de servicios, no una relación laboral directa. Lo que buscamos es que IPS le de una posibilidad de abonar un seguro social, en el largo debate no pudimos llegar tampoco a un acuerdo con IPS”, indicó para LN.
Sin embargo, en el transcurso del debate, se dividió en dos enfoques. “Se había presentado ya el proyecto con varias modificaciones, y lo que hicimos ahora fue dividir en dos el dictamen de la Comisión de Legislación, lo que toca directamente lo que es la seguridad de la plataforma, registro de conductores y usuarios de las plataformas, donde se le incluye también al Mitic”, refirió.
En cuánto a seguridad, esta ley busca que todos los conductores y los usuarios que van a utilizar, carguen varios documentos, el conductor; su registro, su habilitación, su cédula verde, y sus antecedentes judiciales y policiales a la empresa que va prestar servicio. En cuánto al usuario cargue su cédula de identidad, a fin de buscar que no se puedan doblegar los perfiles.
“Hoy la ley se dividió en dos, a falta de un consenso con lo laboral, ya hace rato se presentó las modificaciones de seguridad solamente, no se trató en varias ocasiones, seguramente vamos a tratar de meter otra vez el miércoles”, sentenció.
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Senador impulsa identificación de usuarios en aplicaciones de transporte
El senador José Oviedo impulsa el proyecto de ley que regula la identidad de los conductores y usuarios de las plataformas de transporte, en el cual también se incluye que las plataformas internacionales instalen una oficina en el país. El legislador refirió que esta iniciativa se centra principalmente en la seguridad tanto de los conductores como de los usuarios.
“Lo que queremos garantizar es que la persona que crea un perfil en una de esas plataformas realmente sea esa persona, porque hoy en día se crea muchos perfiles falsos y se suben a los vehículos a delinquir, y después encontrar a los responsables es muy difícil porque subieron con perfiles falsos y las plataformas no suelen responder a los pedidos de informe, tanto del Ministerio Público o de la Policía”, explicó para La Nación/Nación Media.
Con esta regulación y con la instalación de las oficinas en el país, se busca que las mismas cumplan con sus obligaciones legales, y principalmente establecer el cruzamiento de los perfiles en el caso en el que se cometa un delito dentro de los vehículos o en el uso de este servicio.
“Pedimos también que ellos tengan una oficina aquí en Paraguay, para cumplir con sus obligaciones legales. Entonces, cuando un usuario va crear un perfil en la plataforma tiene que haber una institución pública que preste ese servicio, que garantice, que certifique la identidad de esa persona”, refirió.
Explicó que el proceso de la creación de los perfiles no sufrirá ninguna alteración, lo que hará es que se tendrá a una institución pública detrás con una comunicación de la empresa y la institución pública a fin de lograr identificar a la persona en el caso que ocurra un evento dentro de esos vehículos. Esta identificación se dará tanto para los conductores como de los usuarios.
Pedido de los propios conductores
Este proyecto fue impulsado por pedido de los propios gremios de transportistas de estas plataformas, solicitando una regulación que dé más seguridad, teniendo en cuenta el aumento de crímenes y delitos en las que son víctimas los conductores.
“Averiguamos legislaciones comparadas con otros países, se hace de esa forma, hay muchos países que están legislando de esta forma. Esto es bastante aplicable, pero aun así no tenemos la aprobación de los demás colegas, lo más probable es que se llegue a rechazar, seguimos insistiendo, pero la tendencia es al rechazo”, señaló.
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Sancionan ley que habilita represas pequeñas
La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de ayer miércoles, aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y sancionó el proyecto de ley por el cual se amplía y modifican varios artículos de la Ley n.º 3009/2006 “De la producción y transporte independiente de energía eléctrica (PTIEE)”. El documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
De acuerdo con la exposición de motivos, el presente proyecto de ley sancionado pretende viabilizar los proyectos de construcción y funcionamiento de generación hidroeléctrica menor, también conocido como Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH).
Durante el debate, el diputado Ávalos Mariño abogó por la aprobación de la iniciativa y explicó que la misma tiene como objetivo paliar las deficiencias existentes en la actual Ley 3009, la cual, según explicó, presenta ciertos artículos que generan confusión y falta de seguridad jurídica para las partes involucradas. “Desde su promulgación en el año 2006 hasta la fecha la ley no adquirió efectividad, ya que no existen inversiones que apuesten a la generación y transmisión de energía hidroeléctrica, por lo que estas modificaciones pretenden otorgar viabilidad a los proyectos de inversión en ese sector energético”, explicó el legislador.
Acotó que la versión Senadores diferencia, claramente, las inversiones que serán autorizadas a operar mediante licencia a las que serán otorgadas por licitación pública internacional. A su vez extienden las exigencias para el transportador de electricidad, con el objetivo de que se haga cargo de los gastos administrativos y legales por expropiación; así como de las obras de mitigación y protección del medioambiente.
Al mismo tiempo, los cambios obligan a que ciertos recursos percibidos sean destinados a la gestión, protección y conservación de los recursos hídricos.
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Diputados aplaza por 22 días tratamiento de ley del agente penitenciario
El pleno de la Cámara de Diputados aplazó este miércoles el proyecto de ley del agente penitenciario por el plazo de 22 días, que se encontraba en el punto 6 de orden del día de la sesión ordinaria. El pedido fue planteado por el diputado Hugo Meza, quien argumentó que se trata de dos versiones, por lo tanto, solicitó más tiempo para el análisis en comisiones de la propuesta.
“Estamos en el tercer trámite y hay dos versiones, una versión del Senado que introdujo algunas modificaciones y otra es la versión de Diputados. Enviarle una tranquilidad a los miles de agentes penitenciarios que están muy pendientes de esta ley”, fue la argumentación del legislador.
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Así también, indicó que la idea es unificar ambas versiones, a fin de dar una herramienta que pueda utilizar por el Ministerio de Justicia y que la misma pueda ser aplicable.
Hemos recibido al ministro de Justicia, en la Comisión de Presupuesto y existe la posibilidad de poder juntar los proyectos, entonces la idea es la postergación de por lo menos 22 días de este proyecto. Para que el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, tenga una herramienta de ley que le pueda servir”, apuntó el diputado Meza.
En mayo de este año, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto que había sido remitido por la Cámara Baja, con las modificaciones incluidas, el documento volvió a Diputados. Entre las modificaciones incluidas se encuentra el artículo 3 se aprobó testar lo concerniente se puede mencionar a que, “los agentes penitenciarios no podrán tomar parte en actividades político partidarias, de proselitismo ni de sindicalización”.