Este martes, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados se llevará a cabo la audiencia pública denominada “Trámites del futuro”, propuesta por el diputado Sebastián García, quien preside la Comisión Especial del Futuro y la Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología, ambas organizadoras de esta audiencia.
El objetivo principal de este espacio es conversar sobre los trámites registrales, plazos y la demora en los documentos requeridos para transferir, hipotecar o construir una sociedad, y, a su vez, las implicancias en la economía nacional, además de analizarse los elevados costos de las tasas judiciales y el escenario a futuro.
También se encuentra prevista la presentación de propuestas concretas como la utilización de herramientas tecnológicas que permitan la agilización y optimización de los trámites, la eliminación de los procesos burocráticos que ralentizan el proceso, entre otros planteamientos.
Con este tipo de iniciativa, lo que se busca es generar no solo propuestas, sino analizar diferentes abordajes sobre la automatización y, por sobre todo, la agilización de trámites a realizarse en diferentes sectores.
Dejanos tu comentario
SMO: Defensoría del Pueblo apunta a cambiar reglas para aplicar la objeción de conciencia
En el transcurso de este martes, en la Cámara de Diputados se coloca en el tapete nuevamente una propuesta que modifica la reglamentación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. El debate fue realizado mediante una audiencia pública impulsada por la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de la institución legislativa.
“La Ley 4013 es la que regula el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, cuando esta es una garantía constitucional que no puede ser regulada, sino que tiene que ser garantizada por el Estado y este tiene que determinar las condiciones para el ejercicio, el camino para que las personas afectadas por la obligatoriedad del servicio militar puedan ejercer ese derecho”, comentó la abogada Giselle Rivas, directora de la Dirección de Conciencia de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, afirmó que durante los últimos dos años, la Defensoría del Pueblo realizó un estudio exhaustivo de la normativa promulgada en el año 2010, ocasión en que visualizaron “diversos obstáculos” para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia.
“La actual ley coloca muchos condicionamientos, mucha burocracia encarece los servicios públicos, entonces en ese sentido aparte de reconocer las garantías para el ejercicio del derecho, buscamos descomprimir los procesos burocráticos”, comentó.
Detalló que actualmente el proceso de declaración de objeción de conciencia para una persona afectada por la obligatoriedad del servicio militar puede durar entre 1 o 2 años. “Esto debido a que cada paso que el objetor pretenda dar en el avance de su solicitud tendrá que ser autorizada por la figura Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Reunir a todos sus miembros con la frecuencia necesaria para dar agilidad a los trámites es súper complicado”, puntualizó.
Lea también: El trabajo de Payo Cubas es dividir a la oposición: “Interpone sus negociados”
El citado órgano está conformado por el defensor del Pueblo, un senador y un diputado integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, un representante del Ministerio de Defensa y un representante de los objetores.
“La norma vigente también supedita que el consejo determine si es viable o no la validez de la declaración de conciencia. En el proyecto pretendemos garantizar el ejercicio del derecho y que la declaración de objeción de conciencia sea válida por sí misma. Entonces la simple declaración es válida, se elimina la necesidad que el consejo haga una investigación de la opción de esa persona, que declare cuál es el motivo por el cual presenta su declaración de conciencia”, indicó.
La abogada siguió sosteniendo que “es una garantía constitucional que ninguna persona está obligada a declarar o ser cuestionada por sus convicciones, creencias o ideologías”. Por otra parte, detalló que a finales del año 2023 la Defensoría del Pueblo contó con 994 objetores. Mientras que desde el inicio de este 2024 hasta el pasado mes de mayo se registraron 200 objetores de conciencia.
Te puede interesar: Payo Cubas expulsó de Cruzada Nacional a su penúltimo senador
Dejanos tu comentario
Con reforma a la Ley de Mipymes se apunta a bajar el costo de la formalización
A fin de impulsar el desarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, este lunes se desarrolló una audiencia pública para debatir sobre las modificaciones a la Ley N° 4457/12, que rige a este sector. El principal objetivo es “bajar el costo de la formalización”, apuntó Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes.
En conversación con La Nación/Nación Media, Tavella hizo énfasis en que se busca principalmente crear condiciones diferenciadas para el sector Mipymes, apuntando especialmente a la formalización. “Tenemos 370.000 Mipymes y poco más de 300.000 son micro. De estas, 200.000 facturan menos de 5 millones de guaraníes debido a que son de subsistencia. Si no creamos condiciones diferentes, es muy difícil que estas empresas puedan pagar los impuestos y certificaciones”, agregó.
De ahí que, a través de la audiencia pública, la Federación Paraguaya de Mipymes solicitó a la Comisión de Industria del Senado la creación de condiciones diferenciadas que abarcan desde facilitar el acceso a programas y proyectos de apoyo a través de fondos y financiamiento exclusivos y simplificar los trámites utilizando la tecnología hasta inducir el trámite y procesos diferenciados en el sistema bancario y financiero que facilite el acceso al créditos.
Lea también: Puente de la Bioceánica con 60,8 % de avance
“Así, las empresas van a poder acceder a la formalización y mejores condiciones, a formación, a capacitación; incluso, a una cuenta en una entidad bancaria y a través de esto acceder a créditos, de los que hoy no disponen”, añadió Tavella a LN/NM.
El proyecto de modificación se encuentra en estudio en las comisiones asesoras de la Cámara de Senadores. Posteriormente, se dictaminará para ser analizado por el pleno de legisladores, que aún no tiene fecha.
Tras la realización de la audiencia pública, la Federación Paraguaya de Mipymes estará atenta a los ajustes que se hagan a la ley en la Comisión de Industria y no descartan nuevas reuniones de seguimiento. “Luego, dependiendo de dónde están estudiando (comisión) vamos a programar reuniones. Es fundamental que entiendan cómo funciona una microempresa”, señaló.
Dejanos tu comentario
Senado: avanzan en estudio para actualización de la Ley Antidroga
El presidente de la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, senador Sergio Rojas, informó sobre la audiencia pública que llevaron adelante en la fecha en torno al proyecto de ley de modificación de la Ley 1340/88, Antidroga.
El parlamentario explicó que atendiendo que esta legislación ya data de la década del 80 del siglo pasado, desde la comisión asesora plantean varias modificaciones a la legislación vigente, entre ellas la posibilidad de despenalizar la marihuana. Mencionó que esperan tener el proyecto de ley ya terminado y dictaminado en un mes.
“Este tema lo estamos abordando en forma integral, en esta audiencia han participado representantes del Ministerio de Salud Pública, que atienden la parte de la rehabilitación de las personas adictas, con gente del Ministerio Público, así como la gente del Consejo Nacional de Defensa, Dinavisa, que se encarga de habilitar los fármacos de drogas permitidas. Y la gente de la Senad, que se encarga de la lucha propiamente contra el narcotráfico”, precisó Rojas.
Añadió que también están formando parte de la mesa de trabajo, miembros de la Policía Nacional y Defensa Pública, que son los que ejercen la defensa de las personas más vulnerables que cayeron en el flagelo de las drogas, así como representantes de la sociedad civil.
“Por supuesto que dentro de este debate también estamos analizando la posibilidad de despenalizar la marihuana, debatir un poco sobre la cantidad de gramos que hoy la ley habilita que son 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, y otras sustancias; que sabemos que igualmente estas cantidades se van modificando a nivel mundial, sobre el consumo de drogas; que sabemos que no solo se limita a estas, sino que también las drogas sintéticas”, comentó.
Respecto a la legislación vigente, que data del año 1988, por tanto, está bastante desfasada en la actualidad, por lo que la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y delitos Conexos, están planteando la modificación integral de la legislación.
“Por eso, llevamos adelante este debate a fin de que el proyecto de ley a ser aprobado tenga una buena redacción por ello, estamos dando mucha participación a diferentes sectores, ya sean jueces especializados, agentes de combate de las drogas, fiscales, y por supuesto profesionales de la salud y la sociedad civil en general. Esperamos contar con un producto final en un mes”, concluyó.
Siga informado con: Según Dionisio Amarilla, está allanado el camino para su retorno al PLRA
Dejanos tu comentario
Senado convoca a audiencia pública para debatir la prohibición de la criptominería
La Cámara de Senadores convocó para el próximo 23 de abril a una audiencia pública, con la finalidad de debatir sobre el proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo.
El proyecto de ley surgió en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas, por el uso irregular de la energía eléctrica.
Lea también: Santiago García es designado como viceministro de Atención Integral a la Salud
La audiencia pública en la Cámara Alta se encuentra fijada para las 9:00. Actualmente, la Ande está impulsando una serie de denuncias ante la Fiscalía por los delitos de sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos y sabotaje.
El robo de energía eléctrica se encuentra tipificado como un delito en el Código Penal y, además de acarrear grandes pérdidas económicas, también produce inconvenientes en la provisión del servicio, ya sea con cortes constantes o problemas de baja tensión.
La propuesta debió ser estudiada este miércoles durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, pues figuraba en el primer punto del orden del día, pero finalmente fue postergada para su socialización. El documento es impulsado por los legisladores Colym Soroka, Ever Villalba, Lizarella Valiente, Norma Aquino, Antonio Barrios, Gustavo Leite, Zenaida Delgado, Javier Zacarías Irún, Juan Afara, Carlos Núñez, Lilian Samaniego, Blanca Ovelar, Mario Varela y Erico Galeano Segovia.