Desde los gremios que nuclean a los propietarios de medios de comunicación en el país se impulsó un proyecto de ley que busca modificar algunos artículos del Código Electoral. Óscar Tuma, representante legal de determinados medios, declaró que con la iniciativa se busca complementar el desbloqueo de las listas, así como el pautaje, beneficiando igualmente a los precandidatos y candidatos electorales.
“El desbloqueo de listas no servirá si no se modifica el Código Electoral”, adelantó el abogado, especificando la relevancia de las modificaciones planteadas.
El Dr. Tuma explicó para La Nación/Nación Media que, de existir voluntad política, el proyecto de ley se podrá aplicar para las elecciones generales. Teniendo en cuenta el desbloqueo de listas, actualmente las opciones electorales se centran en los candidatos antes que en las nucleaciones partidarias. Pero, a decir del representante legal, el Código Electoral cuenta con algunas restricciones en los plazos de propaganda, impidiendo que los electores puedan conocer las diferentes opciones políticas, por lo cual deben modificarse determinados artículos de la ley.
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Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
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Brizuela, electo por unanimidad presidente del Tribunal Electoral
En la reunión de la fecha se designó por unanimidad como presidente de este organismo al doctor Santiago Brizuela, quien ya había ocupado este mismo cargo y administró las elecciones internas presidenciales de 2022 y otras elecciones internas municipales y en esta ocasión contó nuevamente con el respaldo unánime de sus pares.
Al término de la primera reunión, Brizuela, en compañía de Mónica Seifart y Félix Ferrer Ortellado, ofrecieron una conferencia de prensa. Allí agradecieron el respaldo que tuvo de la convención partidaria y el apoyo del presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, y los líderes partidarios, para volver a ocupar este organismo electoral.
Brizuela destacó que trabajarán intensamente para ofrecer un mejor servicio a los correligionarios en los procesos electorales y que todo el proceso se pueda digitalizar.
Brizuela destacó que el mandato de los miembros del TEP va desde 2024 hasta 2029. Adelantó que mientras no haya convocatoria de nuevas elecciones van a aprovechar el tiempo para adecuar las normativas reglamentarias, trabajando siempre en forma coordinada y con mucho respeto.
Destacó que también fue confirmado nuevamente el Dr. Rubén Rolón como secretario ejecutivo del TEP, al igual que todos los funcionarios del organismo electoral. “Estoy muy orgulloso y agradecido y lo tomo con responsabilidad esta nueva designación”, concluyó Santiago Brizuela.
Por su parte, Mónica Seifart, quien ocupa por primera vez esta función, destacó que realmente esta es una designación muy honrosa. “Para mí representa un orgullo, una satisfacción y vamos a llevar adelante esta labor con el mayor profesionalismo, con igualdad, equipo y justicia”, destacó.
En tanto, el Dr. Félix Ferrer Ortellado, quien vuelve a ocupar un lugar como miembro titular del TEP, acotó que hace más de 7 años está en el Tribunal Electoral y agradeció la confianza que tuvo nuevamente.
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Oportunismo electoral
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político
Desde que saltaron los supuestos casos de nepotismo se vio un intento de cierto sector de la oposición y medios de comunicación de darle un uso electoral. Se aguardó que la campaña de los medios llegue al pico para aprovechar el momento y que se dé un relanzamiento de algunas figuras repetidas como la excandidata a vicepresidenta de Efraín Alegre, Soledad Núñez (cualquier mal pensado creería que una cosa vino de la mano de la otra). Todo lo que vino después fue una muy estética campaña de reposicionamiento de la exministra de la Vivienda. Bien de agencia publicitaria, como nos tiene acostumbrados.
La plataforma usada fue la de la iniciativa popular con un eje discursivo bastante simple: “La ciudadanía pide”. Sin embargo y como suele suceder, cuando se prioriza demasiado el marketing o el decorado, se termina menospreciando la sustancia. Que en este caso es el texto del proyecto de ley propuesto. Vayamos a algunos de los artículos del mismo que plantean interrogantes.
Se plantea la retroactividad de la ley. El artículo 7 dice que se deben revisar “las contrataciones, designaciones, nominaciones, comisionamientos o cualquier acto jurídico realizado en los últimos 24 meses”. O sea, aplicar una ley nueva a hechos que sucedieron en el pasado. El artículo 14 de la Constitución señala: “Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado”. El artículo 9, del Pacto de San José, dice: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Según el artículo 5 del Código Penal, las sanciones son regidas por la ley vigente al tiempo de la realización del hecho. El artículo 11 del Código Procesal Penal acota que las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando sean más favorables para el imputado o condenado.
En el artículo 4 del proyecto se crea un nuevo delito. No solo establece una sanción para el que “realiza actos de nepotismo”, sino también para el “beneficiado y la autoridad con la que esté vinculado”. Crea un delito sin describir la conducta particular. No está puntualizada la acción que al ser realizada se convertiría eventualmente en delito. Se plantea que lo que hiciera uno, sea una acción que meta a todos en una misma bolsa sin juzgar caso por caso, sino en general. Una especie de condena colectiva por conducta individual.
En el artículo 2 el proyecto define al nepotismo como actos de vinculación de personas “que obliguen al Estado paraguayo a pagar cualquier tipo de remuneración”. Esta definición es al menos problemática en términos de administración financiera. ¿Habrá que probar la obligación? ¿Cuándo un vínculo no acarrea la obligación de remunerar? Agregan un elemento adicional. Hoy por hoy, nepotismo es vincular a una persona que está prohibida. Y acá salta la pregunta obvia: ¿Quiénes son las personas prohibidas? Como esos exámenes de la primaria cuando le piden a los niños que completen la frase. Graves problemas de redacción. Todo vínculo obliga una remuneración, es pura lógica. Si se sigue lo propuesto en el proyecto de ley, el Estado, o sea el contratante, podría renunciar a la remuneración.
Por último, en el artículo 6 convierten en delito de “declaración falsa” la omisión de brindar cierta información. Si se quiere utilizar dicha figura penal para castigar otras conductas, que hoy no están previstas, habría que modificar el Código Penal. No se puede decir que algo constituye un delito, cuando según la ley penal ese algo no constituye tal delito. Es una ley y es legal hasta que se resuelva lo contrario, si se hace una ley que dice lo contrario, deja de ser legal o se convierte en legal algo ilegal.
Las leyes no son una cuestión estética. Implican un poco más de seriedad. No deberían ser parte de un oportunismo electoral o un lavado de cara. Si la señora Núñez quiere ser candidata a intendenta de Asunción, que lo diga con todas las letras, está en todo su derecho. Eso no se consigue reclamando a otros proyectistas de propuestas similares o incluso mejores (como dicen que sucedió), autopercibiéndose como la única ungida de la oposición o con acceso a financistas.
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Apuntan a posicionarse como opción política a nivel electoral
Las nuevas autoridades electas del Partido Patria Querida (PPQ) asumieron de manera oficial la conducción partidaria. Al respecto, el ahora presidente Stephan Rasmussen reiteró su compromiso en torno a la renovación de la nucleación, aparte del trabajo constante en torno al fortalecimiento de sus filas y el posicionamiento de la organización como una opción política clave a nivel electoral.
En medio del acto, en el que participaron las diferentes autoridades partidarias, Rasmussen remarcó su entusiasmo para encabezar la conducción de Patria Querida. Además, indicó que aparte de impulsar labores colectivas desde las bases del partido resulta sumamente necesario trabajar de manera más activa con los jóvenes para ofrecer propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde su elección como nuevo presidente de PPQ, Rasmussen puntualizó que en el periodo de dos años y medio que abarca su gestión, buscará construir de manera coordinada, con el objetivo de fortificar el rol de Patria Querida como una herramienta de protección democrática y de resguardo a las instituciones del Estado.
En términos electorales, recordó que el tercer espacio tuvo varios vaivenes. En 2018, PPQ logró contar con seis representantes y para el periodo de 2023-2028 se redujo esa cantidad, ante lo cual Rasmussen consideró que solo queda seguir trabajando y aprender como oposición electoral de las experiencias pasadas.
El pasado 17 de marzo se desarrollaron las elecciones internas del PPQ, ocasión en la que Rasmussen fue electo como presidente, puesto anteriormente desempeñado por el exdiputado Sebastián Villarejo; mientras que el intendente de Encarnación, Luis Yd, fue designado como vicepresidente primero y el exdiputado Nery Huerta como vicepresidente segundo.