El senador colorado Enrique Riera opinó sobre la aprobación del Acta N° 2024, que modifica el reglamento para adelantar el proceso de selección del cargo de fiscal general del Estado. Dijo que esta situación denota la urgencia de un sector del Partido Colorado aliado con la oposición, para acelerar la elección de la reemplazante de la doctora Sandra Quiñónez antes del 18 de diciembre porque es sabido que después de eso las fuerzas políticas van a cambiar.
“Me preocupa que se está haciendo una campaña en simultáneo, porque por un lado se acelera ese proceso y por el otro se sigue una tarea de asedio y ataque a la Fiscalía General del Estado, con la cual todos tienen una posición crítica, pero creo que hay más aciertos que errores, e inclusive se miente”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.
Riera sostiene que es una señal clara de este gobierno usar las instituciones para perseguir a quienes no piensan igual. En este sentido, citó a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Dirección Nacional de Aduanas. “Hay un montón de instituciones, pero si lo hacen con órganos administrativos, no me imagino cómo lo podrían hacer con órganos jurisdiccionales, necesitamos una Fiscalía que obedezca la ley y no persiga a nadie”, remarcó.
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Fuerte sanción por robo de electricidad frenará la criptominería ilegal, dice Ovelar
El presidente del Senado, Silvio Ovelar, sostuvo que el proyecto de ley que aumenta la pena para los sustractores de energía eléctrica ayudará a regular la instalación indiscriminada de las granjas de criptominerías. La propuesta que modifica el artículo 173 del Código Penal fue aprobada ayer miércoles y pasa a Diputados.
“Los debates son amplios, abiertos, legislar sobre todo lo que ha acontecido con las criptominerías va a regular en cierta medida ese abuso que se ha tenido por parte de organizaciones irregulares que han venido utilizando incorrecta y despiadadamente nuestra energía eléctrica”, expresó el senador a los medios de comunicación en el Congreso.
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Con relación a los cuestionamientos hacia esta modificación, que estaría perjudicando a los “pequeños ladrones de energía”, como en los asentamientos, el titular del Senado sostuvo que el objetivo de esta iniciativa es prevenir y sancionara los infractores, ante las constantes intervenciones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), pero que no se concretan en el castigo a los responsables.
“Lo que nosotros queremos precautelar que la Ande, la institución rectora, pueda tener la posibilidad de utilizar la energía a quienes realmente corresponde ese servicio”, puntualizó Ovelar desde la sede legislativa.
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El objetivo de esta normativa es castigar con más determinación la sustracción de energía eléctrica cometida con fines comerciales, industriales o de alguna otra actividad lucrativa y establece el comiso de los equipos utilizados y su entrega en propiedad a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
La normativa establece elevar la pena por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica de 2 a 10 años de pena privativa de libertad, ya que en la legislación actual solo está prevista una sanción de hasta 3 años con oportunidad de una salida penal.
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Elevar penas por substracción de energía eléctrica: de 72 denuncias solo se logró una condena
El asesor legal de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Nelson Medina, habló acerca de la modificación del artículo 173 del Código Penal, que se refiere a la substracción de energía eléctrica, remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
Medina indicó que de 72 denuncias realizadas al Ministerio Público, solo se logró una condena con relación a la substracción de energía eléctrica. Esta modificación se plantea en el marco del aumento de instalación de granjas que generan criptomonedas ilegales en todo el país.
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“El artículo 173, vigente hoy en nuestro Código Penal, legisla en forma expresa sobre la substracción de la energía eléctrica y reconoce como sanción una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa, es el único artículo que dedica a este tipo de hechos ilícitos”, indicó el asesor legal de la Ande en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Resultado casi nulo
Explicó que este código está vigente hace más de 25 años, y el resultado que se ha obtenido institucionalmente con esa legislación es casi nulo. “En todo este tiempo solamente hemos obtenido por parte del Ministerio Público una condena en el marco de un juicio oral y público contra dos ciudadanos que fueron condenados a la pena privativa de libertad de dos años, pero con suspensión en ejecución de condena”, mencionó.
Otro de los inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, con que se encuentran con la legislación vigente son las salidas procesales al que acceden las personas sospechadas de este hecho. “Vemos que los ciudadanos muchas veces sospechados o imputados con suma facilidad están obteniendo una salida procesal a las causas, entonces era el momento de analizar dónde estaría la solución y conjuntamente trabajando con la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y otros estamentos creemos pertinente ver la posibilidad de aumentar las penas”, expresó.
Sostuvo que dentro del objetivo institucional se encuentra criminalizar la substracción de energía eléctrica cuando esta es cometida con fines comerciales o industriales, por el efecto muy negativo, muy pernicioso que eso ocasiona a la institución.
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DNIT registra casi 40.000 nuevos contribuyentes en este 2024
A pesar de los debatidos números del empleo en Paraguay durante este año, desde el aspecto de la formalización se habla de buenos pasos, pues con el sistema impositivo con que cuenta el país, además de los controles estrictos que se vienen desempeñando, la administración tributaria registra más contribuyentes.
Es lo que manifestó el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNIT), Óscar Orué, con relación a los trabajos que se vienen realizando para incluir cada vez más a la economía informal en el campo de la legalidad.
“Con la formalización estamos bastante bien, ya tenemos casi 40.000 personas inscriptas en estos cinco meses del año, o hasta este 20 de mayo al menos, y eso es un avance positivo también, porque hay que reconocer que es un trabajo complicado, no es fácil, pero seguimos firmes”, expresó a Paraguay TV.
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Facturación electrónica
Mencionó a la vez que esto va de la mano con el sistema de facturación electrónica, proceso en el que se está avanzando de manera progresiva, que cuenta con 2 vías para emitir comprobantes, por un lado el “E-kuatia”, que es el software para medianas y grandes empresas, y por otro lado, el “E-kuatia’i” para pequeños contribuyentes e independientes.
El director de la Dnit indicó que en el caso del e-kuatia, están sistematizados más de 3.000 casi 4.000 contribuyentes o empresas grandes que ya emiten regularmente por esta vía los documentos electrónicos tributarios al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional.
En el caso de los pequeños contribuyentes, Orué recordó que en una primera etapa se pretende alcanzar 1.000 personas, quienes serán notificados mediante el sistema de buzón tributario conforme número de RUC, lo cual empezó desde abril, continúa mayo y junio.
Por otro lado, con relación a la intervención en el Aeropuerto Silvio Pettirossi sobre piezas y componentes de armas de fuego importados, explicó que los mismos fueron adquiridos como cualquier producto que fueron enviados vía courier hasta el país junto con otros artículos como juguetes y hasta un carrito.
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IPS: ajuste de carta orgánica plantea aumentar el cálculo jubilatorio de 36 a 120 meses
La gerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanesa Cubas, se refirió al proyecto de modificación de la carta orgánica de la previsional, e indicó que se vieron “obligados” a plantear una modificación que afecta a los fondos jubilatorios, por la situación en que recibieron la institución de la administración anterior, sobre los fondos de enfermedad y maternidad, y pensiones y jubilaciones.
“Son modificaciones, son propuestas de ley, que nos vemos obligados a proponerle al Poder Ejecutivo y al Congreso por la situación en la que hemos encontrado la institución. Esta no es una ocurrencia, esto es algo que heredamos de las administraciones anteriores, encontramos en una situación crítica esos dos fondos”, expresó Cubas, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El Consejo de Administración del IPS aprobó un proyecto de ley, el pasado 25 de abril, que será presentado al Congreso Nacional para estudio correspondiente. La propuesta plantea varias modificaciones, entre ellas, la base reguladora de jubilación. “Implica pasar de calcular hoy la jubilación, considerando solamente los últimos 36 meses de aporte, a pasar a considerar 120 meses de aporte, estamos hablando de considerar 3 años a considerar 10 años”, explicó la gerente.
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Indicó que esta propuesta fue recomendada por los últimos informes actuariales de manera reiterativa. “Estadísticamente, tenemos demostrado que la masa, el promedio de aporte de los 900 mil activos que tenemos hoy es un poco más del salario mínimo, sin embargo, el promedio de haber jubilatorio que pagamos a los 79 mil jubilados hoy está por arriba de dos salarios mínimos”, aseveró Cubas.
Explicó que se encontró datos factibles en los que se puede observar que en muchos casos se da un aumento salarial en los últimos 3 años, con el propósito de aumentar la jubilación, una elevación “artificial”, como lo denominó Cubas. “Esta modificación lo que va a permitir es que una persona se jubile considerando los 10 años de aporte y reflejar de una mejor manera el esfuerzo que hizo al aportar. Eso no solamente va a evitar ese fraude que se hace en contra de las arcas del fondo de jubilaciones y pensiones de la institución”, puntualizó.
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