Julio López, dirigente de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), también está en contra del proyecto de ley que con el argumento de diversificar la inversión del Instituto de Previsión Social (IPS) busca vender los inmuebles del ente.
Afirmó que otorgar más poder al presidente del consejo, Vicente Bataglia, “es significativamente peligroso”, porque su gestión ya está bajo sospecha y, además, está pendiente el voto de censura de Diputados, luego de su interpelación por varias irregularidades y hechos de corrupción.
El sindicalista no tiene duda de que el trasfondo es electoral y apunta a echar mano a los bienes que en el futuro servirán para seguir sosteniendo las jubilaciones. “Este proyecto de ley hay que enmarcarlo en el momento en el que vivimos. Tiene directa relación con la coyuntura política que se vive y nosotros creemos que otorgar estas facultades a este consejo administrativo es significativamente peligroso, más aún teniendo en cuenta que con su presidente a la cabeza están siendo interpelados por el propio Congreso, justamente porque existen sospechas de mal manejo administrativo”, dijo a la 800 AM.
Fiscalía recibió informes de gestión de Bataglia en IPS
Compartir en redes
El fiscal anticorrupción Jorge Arce recepcionó varios documentos que había solicitado a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) en la prosecución de la carpeta abierta para investigar supuestos hechos punibles cometidos durante la gestión de Vicente Bataglia. Esto en el marco del informe de deficiencias financieras en diversas instituciones del Estado, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).
El representante del Ministerio Público señaló que hasta el momento han recibido varias documentaciones remitidas desde la previsional. No obstante, aún faltan diversas documentaciones más para aclarar las diversas dudas en torno a los millonarios perjuicios administrativos expuestos por la CGR; mañana vence el plazo para que las autoridades del IPS entreguen todos los informes solicitados.
Siguiendo la línea de cada uno de los procesos llevados adelante para dilucidar los cuestionamientos en torno al IPS, un equipo de agentes fiscales integrado por Arce, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, había sido recibido el pasado 12 de octubre en varias sedes administrativas de la institución, en la prosecución de las pesquisas iniciadas sobre las licitaciones llevadas a cabo en el organismo durante la gestión de Bataglia.
Los representantes de la Gerencia de Administración y Logística de la Dirección de Servicios Administrativos del IPS solicitaron un plazo prudencial para la remisión de las documentaciones relacionadas con el legajo completo de funcionarios, la guía de normas, así como los procesos para la ejecución del presupuesto general correspondiente al periodo 2022 y primer cuatrimestre de 2023.
Aparte de las irregularidades expuestas dentro del IPS, se suman también las masivas denuncias por supuestos hechos de corrupción en los diversos ministerios y secretarías durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Al respecto, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, como órgano de control interno, ya inició el proceso de fiscalización para identificar hechos punibles. En la primera fase el proceso se centra en las millonarias deudas contraídas con los proveedores y contratistas.
La Comisión Bicameral se reunió para analizar los informes proveídos por la Contraloría General de la República (CGR), que expuso la deficiencia financiera en diversas entidades, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS).
Al respecto, la Bicameral citó al expresidente de la previsional Vicente Bataglia, quien finalmente decidió no presentarse. “Me apresuro en señalar la imposibilidad de asistir a la invitación cursada. Me encuentro con el mismo debate, con investigación y consideración ante el Ministerio Público; por lo que el ámbito natural de descargo y defensa debe ser la carpeta fiscal”, expresó Bataglia a través de una nota a la Bicameral, refiriendo por qué no se presentará a la citación.
Hace unos meses, la CGR había presentado informes de más de 4.000 auditorías realizadas a instituciones públicas, entre 2022 y parte de 2023, arrojando muchas inconsistencias e irregularidades. Solo en lo que refiere al estado financiero del IPS, se detectó un supuesto desfalco equivalente a G. 1 billón, por lo cual la Contraloría presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.
El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia se puso a disposición del Ministerio Público tras el lapidario informe de la Contraloría General de la República sobre supuestos casos de corrupción bajo su administración.
La presentación lo hizo a través de una nota remitida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señalando que se pone a disposición para cualquier investigación de manera voluntaria.
La nota fue remitida al Ministerio Público ayer miércoles 20 de setiembre bajo el patrocinio de los abogados Andrés Casati y Arturo Daniel, quienes ejercerán su defensa ante cualquier proceso judicial.
En la nota firmada por Bataglia y sus abogados, expresa que habiendo tomado conocimiento de las acusaciones en su contra a través de los medios de prensa, la presentación por parte de la Contraloría General de la República remitiera los antecedentes de la auditoría realizada, se pone de manera voluntaria a disposición de la investigación que se pudiera llevar adelante.
El diputado Daniel Centurión, del movimiento Fuerza Republicana, dijo que el extitular del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Bataglia se encuentra obligado a dar explicaciones a los asegurados y jubilados de la previsional sobre su acelerado crecimiento patrimonial que trepa a un total de G. 8.746 millones, según su última declaración jurada presentada este año.
“Yo desconozco esa información, sus detalles. No quiero ser un juzgador de Vicente Bataglia, en todo caso que explique y tiene la obligación a pesar de haber dejado la institución a dar explicaciones a la ciudadanía sobre este incremento en su patrimonio que se señala”, puntualizó.
De acuerdo a una publicación periodística su millonaria fortuna incluye vehículos, motocicletas de alta gama e inmuebles en la localidades de San Bernardino y la capital del país. Además de varios depósitos en bancos y cooperativas.