Luego de la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, que terminó con el archivamiento del proyecto de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, desde el Partido Liberal y miembros de la Concertación alegaron que los 18 diputados que dieron quórum para el efecto deben ser “castigados”.
“Son prisioneros de su propia torpeza, ellos ordenaron que se asista a la sesión, se vote a favor del juicio político”, remarcó Dionisio Amarilla, dirigente del movimiento Diálogo Azul.
También resaltó que el presunto castigo va en contra de los principios básicos del Partido Liberal, agregando que el mandato imperativo para legislar de acuerdo a los intereses de un sector es una violación a la Constitución Nacional.
“El Código Electoral es claro: se permite la participación en los procesos electorales. Así que, la desesperación de Efraín, que delimitó la Concertación Nacional, es la que le lleva a tomar cada vez más caminos equivocados, errados, sinuosos, pero mucho no se puede esperar de una persona tosca y torpe como él, un cagador nato”, expresó Amarilla.
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Justicia Electoral: pedido de prórroga de mandato es inconstitucional e inaplicable
El director de Unidad de Procesos Electorales, Carlos Maria Ljubetic, aseguró que la Justicia Electoral tiene una postura clara respecto al pedido de prórroga de mandato de los intendentes y concejales, afirmando que es inconstitucional e inaplicable.
El experto electoral fue abordado por varios periodistas en la Cámara de Senadores, donde fue consultado sobre el pedido presentado por un grupo de ediles de todo el país ante la Cámara de Diputados. En ese sentido, indicó que el Congreso no puede cambiar la legislación vigente, emitiendo una ley, ya que sólo es posible si es que se lleva adelante una reforma constitucional.
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En ese sentido, enfatizó que la Constitución Nacional prohíbe la extensión de los mandatos. “Es más, les digo, el Parlamento no está autorizado a hacer una ley en ese sentido. Solamente modificando la Constitución se podría extender los mandatos y ésta debe ser por reforma, porque ni si quiera por enmienda se puede hacer, porque por enmienda no está autorizado para extender mandatos”, sentenció.
Respecto a la situación que se dio en el año 2020, cuando se prolongaron los mandatos de los gobiernos municipales, explicó que se dio por pandemia. “Esa vez fue una situación especialísima. Lo que ocurrió en la pandemia del covid fue algo sui generis, no se puede comparar, porque todo se cambió en la pandemia. Pero ahora, solamente a través de una reforma se puede extender los mandatos”, indicó.
Asimismo, ratificó que la posición de la Justicia Electoral es muy clara, “la prórroga de los mandatos es inconstitucional e inaplicable”, remarcó.
Extinción de partidos políticos
Por otra parte, Ljubetic recordó que aquellos partidos políticos que durante dos elecciones sucesivas no alcanzaron el 1 % de los votos válidos emitidos, entonces entran en caducidad y ya no pueden existir. Indicó que en el momento de la entrevista no disponía a mano el listado de partidos políticos que han caducado.
“Estos partido, claro que serán notificados, van a tener la oportunidad de defenderse ante el juzgado y si se encuentra que los datos son precisos no hay más nada que agregar”, acotó.
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Por unanimidad Senado rechazó propuesta de devolución premiada
Durante la sesión extraordinaria celebrada este martes 7 de mayo, la Cámara de Senadores rechazó por unanimidad el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 67 de la Ley Nº 1160/1997 Código Penal”, respecto a la figura de la devolución premiada para funcionarios públicos. El proyecto que cuenta con media sanción será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.
La propuesta legislativa, presentada por el diputado Yamil Esgaib, establece la figura de la devolución premiada, que consiste en llegar a un acuerdo con el investigado o procesado que cumple funciones públicas, por la comisión de un hecho punible en el que, a cambio de la devolución total del daño patrimonial que se le atribuye, reciba un determinado beneficio que puede consistir en la reducción de la pena hasta el 50% del marco penal máximo.
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Al respecto, el senador colorado Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, informó que esta instancia legislativa por unanimidad aconsejó rechazar el proyecto, en razón que transgrede el artículo 106 de la Constitución Nacional, que establece que todos los funcionarios públicos en caso de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones no quedarán exentos de responsabilidad.
Igualmente, hizo hincapié a que “el Estado no puede hacer una política criminal diferente para determinados delitos y, por el contrario, una política legislativa de esta clase puede resultar en un incentivo para realizar hechos punibles contra el patrimonio”, agregó.
También explicó que, en un proceso penal es difícil demostrar contablemente el 100 % del daño patrimonial ocasionado y siempre los montos de los juicios no reflejan la totalidad del perjuicio, siendo así, el autor puede devolver un porcentaje menor al daño real y recibir como premio la reducción de su pena.
Además, mencionó que está establecido en el artículo 95 del Código Penal, el comiso como una pena accesoria en los hechos punibles contra el erario público y en el artículo 25 del Código Procesal Penal, los motivos de la extinción de la acción penal.
En la misma línea, coincidieron los senadores Celeste Amarilla, Líder Amarilla, Rubén Velázquez, Silvio Ovelar, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Ever Villalba, Natalicio Chase, Blanca Ovelar, Mario Varela, Esperanza Martínez y Colym Soroka, en rechazar el proyecto por considerarse inconstitucional.
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Celeste prioriza cuestiones partidarias a la necesidad de agua en el Chaco
La senadora Celeste Amarilla manifestó que retirará su firma del proyecto de agua para el Chaco, reconociendo que se debe netamente a cuestiones ideológicas y partidarias. Indicó que como el Gobierno estableció el proyecto como una política nacional, ella se opondrá al mismo.
“Creo que no se necesita de mi firma realmente. No quiero poner mi firma en un proyecto del que luego se van a embanderar otros sectores y van a presentar como una superobra del Gobierno para el Chaco”, argumentó la parlamentaria ante los medios de prensa.
Lejos de dar a conocer falencias del proyecto de ley o expresar debilidades del plan a realizar, Amarilla solo dejó entrever que preferiría asumir un rol opositor a cada propuesta o acompañamiento del Gobierno, aunque las iniciativas fueran verdaderamente productivas.
El proyecto de agua para el Chaco es una propuesta planteada por el senador Orlando Penner, con apoyo del Gobierno, tras una reunión técnica en la que se observó la necesidad de avanzar con un plan para resolver definitivamente la falta de agua en esa zona del país.
“El problema del Chaco es de hace mucho tiempo y me pareció solidario en su momento firmar a Penner, pero ahora ya no”, señaló la parlamentaria, en coincidencia con la reciente notificación del proyectista acerca de su salida como afiliado del Partido Patria Querida.
“Penner demostró no tener empatía con la oposición”, subrayó también la congresista, revelando que su repentina decisión al solicitar el retiro de su firma de la propuesta legislativa se debería exclusivamente a cuestiones políticas personales y no a un rechazo en torno al proyecto de ley.
De este modo, ante una aparente diferencia ideológica con Penner, a lo cual se sumaría también la posible incapacidad de Amarilla de trabajar en proyectos apoyados por el Gobierno, la senadora decide apartarse de un plan significativo, pese a reconocer las carencias históricas del Chaco.
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Documentos confirman a Líder Amarilla en empresa denunciada por usura
Documentos proveídos por la Abogacía del Tesoro revelan que el actual senador liberal Líder Amarilla figura con un 90 % de las acciones en Terranova Inmobiliaria SA, empresa que prestó G. 250 millones en efectivo a un concejal de Itá, que a pesar de haber honrado la deuda y los intereses fue despojado de su casa, vehículos y otros bienes que equivalen a más del doble del valor que le había otorgado la prestamista.
- Por Rossana Escobar M.
- rossanaescobar@nacionmedia.com
Cuando se pensaba que la denuncia por usura del concejal de Itá, Fidel León, contra el senador liberal Líder Santiago Amarilla se reduciría en su palabra contra el legislador, ya que si bien en la empresa que le prestó G. 250 millones que terminó devolviendo más del doble, figuran familiares, contratistas de su administración en Villa Elisa, operadores políticos, empleados, hasta ahora no había aparecido el nombre del parlamentario en los papeles. Sin embargo, documentos proveídos por el Ministerio Economía y Finanzas a través de la Abogacía del Tesoro confirman la participación de Líder Amarilla en Terranova Inmobiliaria SA, empresa de usura, con un 90 % de acciones, según se puede ver en la Declaración Jurada de Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales.
En la infografía se grafica la sociedad en la que figuran la primera esposa, la actual pareja, el excuñado, la actual cuñada, la hermana y demás familiares, operadores políticos, vendedores de la playa de autos del senador liberal. Representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades del propio Amarilla, aparecen en cargos privilegiados en Terranova Inmobiliaria SA.
Sergio Manuel Espínola, el chofer “de oro” contratado por Líder Amarilla como modesto jornalero en la Municipalidad de Villa Elisa, figura como presidente de Las Primas SA y Mármol SA, contratistas privilegiadas del senador y el gobernador liberal. Sergio Manuel es actualmente funcionario de la Municipalidad de J.A. Saldívar y en documentos aparece con el 10 % de las acciones de Terranova Inmobiliaria SA, ninguna de las empresas fue declarada a la Contraloría.
El concejal León denunció penalmente por usura y estafa al senador Líder Amarilla por el préstamo de G. 250 millones que le otorgó, operación que tuvo como acreedora hipotecaria a Terranova Inmobiliaria SA. El legislador había negado el vínculo con la empresa y calificó como “chismes” las publicaciones de nuestro medio, sin embargo, los papeles lo confirman como parte principal de la sociedad.